La idea del gobierno es mejorar la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se rompen o entran en desuso. Que celulares, microondas, computadoras, no se tire con el resto de los desechos. Esta semana, después de varios años de conversaciones, se publicó el decreto con la reglamentación que obliga a los importadores y productores a hacerse cargo de parte de los artículos que vuelcan al mercado.

Ahora comenzó a correr el tiempo para que las empresas presenten —de a varias o de manera individual, como lo prefieran— un plan de gestión de residuos. Tienen seis meses para llevar un plan al Ministerio de Ambiente o adherirse a otro plan que ya esté aprobado. En un año, si no hicieron ninguna de las dos cosas, no podrán importar ni exportar. También tienen un año para inscribirse en un registro —próximo a crearse— de importadores y fabricantes.

Para el correcto funcionamiento del nuevo sistema, se establecieron las metas anuales: en dos años deberán recolectar el 40% de los residuos de aparatos electrónicos, y en cuatro años deberán recolectar el 60%. Además, en cinco años deberán valorizar el 85%, lo que significa el “reúso de aparatos” o sus partes, “el reciclado de materiales, así como otras formas de valorización, tales como la energética, tanto en territorio nacional como en el extranjero”.

También se establece que los planes de recuperación de residuos deberán “estar operativos para poblaciones de más de 5.000 habitantes, en un plazo máximo de dos años”, y “alcanzar a todo el territorio nacional, en un plazo máximo de tres años”.

El decreto especifica que los planes deberán comprender la “recolección, traslado y almacenamiento” de los aparatos y de sus residuos, “así como su tratamiento, valorización, disposición o cualquier otra alternativa de destino final”.

Esta decisión se toma porque en Uruguay —argumenta el decreto— los “residuos electro-electrónicos no tienen un canal de gestión diferenciado y generalizado, disponiéndose en su mayoría junto a los residuos comunes o domiciliarios o a través de mecanismo informales”. Y esta situación —continúa el documento— “genera afectaciones al ambiente y resulta totalmente ineficiente, tanto desde la perspectiva del sistema de gestión de residuos en general, como por la pérdida de posibilidades de reúso y aprovechamiento de materiales”.

De no cumplir con las nuevas disposiciones, el Ministerio de Ambiente podrá aplicar multas que van desde 10 UR —$ 17.429, US$ 417 a la fecha— hasta 100.000 UR —$ 174.293.000 ó US$ 4.176.583.

Otra de las disposiciones que se establecen es que los comerciantes y puntos de venta al consumo —como también los demás intermediarios en la cadena de distribución y comercialización— deberán “colaborar en la implementación de los planes de gestión”. A su vez, “deberán recibir sin costo ni obligación de compra” los aparatos eléctricos y electrónicos en “desuso y sus residuos del tipo que comercializa, independientemente de la marca y modelos”.

También se define que se tendrá que “promover, especialmente por parte de los planes de gestión” de residuos, la “inclusión social y laboral de los clasificadores de residuos”. Además de que se “promoverá la capacitación y formación para el procesamiento” de estos aparatos.