En febrero de este año, el Ministerio de Turismo envió al Parlamento un proyecto de ley para regular la actividad de los alojamientos temporarios, esta nueva modalidad extrahotelera de viviendas que son ofrecidas –principalmente a través de plataformas y aplicaciones- para un alquiler temporal. Es el caso de Airbnb y Booking, por ejemplo.

Esa propuesta del ministerio no es del todo bien recibida por los anfitriones, las personas que, siendo propietarios o usufructuarios, explotan o arriendan viviendas para un alquiler con fines turísticos. Un grupo de anfitriones de Aribnb participó de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios de la Cámara de Senadores, en donde plantearon sus inquietudes y presentaron un contraproyecto.

El texto, al que tuvo acceso El País, surge de la “necesidad de establecer reglas claras y efectivas”, según describen los anfitriones en un comunicado divulgado.

El proyecto establece la creación del Registro Nacional de Inmuebles para Alquiler Temporario para fines turísticos, en el que deberán inscribirse toda vivienda con “destino habitacional que se oferte en su totalidad o una parte de esta, con fines turísticos”. En ese registro quedan excluidas los “inmuebles primarios”, aquellas que son la “residencia habitual” del anfitrión, y que se alquila una habitación o un espacio.

El texto no establece plazos, como sí lo hacía el proyecto de Turismo, en cuanto a qué cantidad de tiempo debe pasar para que una vivienda sea considerada un inmueble para alquiler temporario. Ese texto establecía que para ser considerada una vivienda turística, el plazo máximo de arrendamiento no podía superar los 90 días.

El registro de las viviendas se realizará a través de un formulario digital con carácter de declaración jurada; tras el registro, el Ministerio de Turismo emitirá un certificado que el anfitrión deberá dejar a simple vista de sus huéspedes.

La iniciativa establece sanciones progresivas para las viviendas que se ofrezcan en este mercado y no estén inscriptas en el registro, o no cumplan con las disposiciones del texto. Van desde una notificación, una multa y la suspensión de la posibilidad de inscribirse.

El objetivo de los anfitriones, según señalo su vocero Walter Nogueira, es promover la “transparencia y la seguridad”. El registro, según dijo, permitirá una “mayor supervisión y control”. El texto establece que el Ministerio de Turismo será el encargado de implementar el registro y llevar los controles.

Nogueira enfatizó en que es “importante” considerar las “situaciones particulares”, como el caso de quien, teniendo una vivienda habitual, arrienda un cuarto o un espacio. “Por eso proponemos que los residentes tengan la opción de unirse al registro de manera voluntaria en estos casos”, apuntó.

Los anfitriones entienden que este proyecto “contribuye” al debate parlamentario que se está dando, y esperan volver a ser convocados por la comisión. También enfatizan en que están “dispuestos” a abrir un canal de diálogo con el Ministerio de Turismo para establecer una conversación “constructiva”.