Redacción El País
Laura Rivero, presidenta del Sindicato Único de Trabajadores Domésticas (SUTD), denunció condiciones de "explotación laboral" y "amenazas de despido" que sufren las trabajadoras del sector.
"Seguimos entrando a las casas a trabajar en condiciones de explotación y lo digo así, lamentablemente, porque no hay otra palabra. ¿Cómo puede ser que haya trabajadoras que aún se les diga que no tenga derecho al aguinaldo, a la licencia, porque trabajan dos o tres veces a la semana?", sostuvo Rivero durante el acto de conmemoración del Día de la Trabajadora Doméstica, que se celebró en el ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La dirigente sindical planteó que hay casos en los que las trabajadoras son amenazadas con ser despedidas si se niegan a subirse a un techo o colgarse de una ventana para limpiar sin que les brinden las medidas de seguridad adecuadas. "No podemos hablar de justicia social cuando se nos obliga a arriesgar la vida para no perder el trabajo. Esto no es, como se nos dice, una ayudita en la casa. Es violencia laboral, discriminación y precariedad", agregó.
Reclamo por categorías y plan para la vivienda
Rivero señaló que el sueldo de una trabajadora doméstica ronda los $ 29.400 nominales, que en la mano queda en unos $ 23.000. "La mayoría somos jefas de hogar con hijos a cargo. También tenemos a nuestros padres, y de esos $ 23.000 pagamos un alquiler que como barato son $ 15.000, más los gastos comunes", señaló.
En esta línea, Rivero explicó que a lo largo de los años desde el sindicato han buscado que se habilite un plan de vivienda destinado a las trabajadoras domésticas. "Nosotras con el salario mínimo que tenemos, que es uno de los más sumergidos en el país, no podemos acceder al techo propio", agregó.
Además, planteó que se reconozcan diferentes categorías para diferenciar, por ejemplo, las tareas de limpieza de las de cuidados. Según planteó Rivero hay alrededor de 100.000 trabajadoras domésticas en todo el país y se estima que hay alrededor de 30.000 que cumplen tareas de cuidado.
Por su parte Mabel Lorenzo, presidenta de la Liga de Amas de Casa, destacó el rol de las empleadoras en el cumplimiento de la normativa. "Nosotras también hemos aprendido en este proceso. Entendimos que reconocer derechos no es un costo, es una obligación. El trabajo doméstico debe ser respetado como cualquier otro. Por eso seguimos acompañando las campañas de formalización y concientización", señaló durante la conferencia.
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