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Gobierno autorizó a empresas de cable a vender Internet y Antel pierde su monopolio

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Control remoto. Foto: Pixabay

CAMBIOS

Las compañías autorizadas son Nuevo Siglo, TCC, Monte Cable, Praimar y Korfield. La abogada Cristina Olaso explicó qué implican las resoluciones del Poder Ejecutivo y su conexión con la Ley de Medios.

El Ministerio de Industria autorizó a empresas de cable a vender el servicio de transmisión de datos (Internet). Hasta ahora, el servicio de Internet por cable o por fibra óptica era monopolio de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel). Las empresas autorizadas son Nuevo Siglo (Riselco S.A.), Televisión Cable Color (TCC, Tractoral S.A.), Monte Cable (Monte Cablevideo S.A.), Praiamar y Korfield. Estas dos últimas son prestadoras de servicio en Colonia y Pando.

Según las resoluciones dadas a conocer por Presidencia de la República, las empresas obtienen la "Licencia de Telecomunicaciones Clase "B" para brindar a terceros el servicio de transmisión de datos.

Cristina Olaso, abogada de Korfield, Praimar y Canelones Cable Visión Color —empresa que espera obtener la autorización para brindar Internet a la brevedad—, explicó a El País qué implican las resoluciones del gobierno y su conexión con la Ley de Medios.

Los operadores de cable vienen pidiendo licencia para prestar servicio de Internet desde alrededor del 2007, y en ese momento “no existía ningún impedimento legal para que los cables brindaran el servicio, hasta la Ley de Medios”, indicó.

En el artículo 56 de la ley, que data del 2014, “se prohíbe a los cables dar servicio de Internet”, afirmó la abogada.

ley 19.307

Artículo 56

(Incompatibilidades para la prestación de servicios de comunicación audiovisual). Las personas físicas o jurídicas que presten servicios de comunicación audiovisual regulados por la presente ley no podrán, a su vez, prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos. Esta incompatibilidad alcanza a las personas, físicas o jurídicas, integrantes de las personas jurídicas involucradas.
Lo establecido en el inciso precedente es sin perjuicio de los acuerdos de comercialización que se puedan celebrar, ofrecidos en igualdad de condiciones a todos los interesados.
Ninguna persona física o jurídica podrá ser titular, total o parcial, simultáneamente, de una licencia para prestar servicios de televisión para abonados satelital de alcance nacional y de autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión abierta, así como tampoco de otras licencias para prestar servicios de televisión para abonados.

Ante esto, muchas de las empresas presentaron recursos ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), pidiendo que el artículo 56 de la Ley de Medios se declarara inconstitucional, apuntó.

Entre 2016 y 2017 varios operadores obtuvieron sentencias “en donde la Suprema Corte de Justicia dijo que era inconstitucional prohibirle a los cables brindar servicio de Internet”. Y muchas empresas "no tuvieron una sentencia favorable, pero en su mayoría por aspectos formales”, agregó.

De todos modos, Olaso recalcó que este tipo de sentencias “no tienen efectos generales y absolutos”, por lo que “la declaración de inconstitucionalidad abarca solamente a las empresas que obtienen tal declaración”. Es decir, solo aplica a aquellas que efectivamente presentan el recurso y no se extiende a sus pares, aunque estén en igualdad de condiciones.

Las empresas a las que Olaso representa fueron algunas de las que obtuvieron esas sentencias favorables hace ya más de cinco años. “Y con la sentencia obtenida solicitamos a las autoridades que nos autoricen a brindar servicio de Internet”, relató. Sin embargo, se experimentó una demora, entre el 2017 y este mes de junio de 2022, cuando finalmente obtuvieron el aval.

Para la abogada, este retraso “tiene diferentes aristas”. “La norma (Ley de Medios) fue dictada en el gobierno anterior, que tenía una política determinada en cuanto a los derechos (de Internet) y por eso había promovido el dictado de la Ley de Medios y se resistía políticamente a dar cumplimiento a esta situación”. Olaso estimó que el gobierno actual “habrá tenido otras situaciones urgentes que atender con la pandemia y demás, y ahora (por) el apego a la normativa es que dicta estas resoluciones”.

En cuanto a las empresas que representa, dijo que luego de la autorización recibida “habrá una ventana de tiempo para programar las inversiones que sean necesarias para poder concretar el dar el servicio a los clientes que lo quieran contratar”.

“Es más de una opción para acceder al servicio de Internet y (los usuarios) tendrán la facultad de decidir y elegir cuál es su mejor proveedor”, apuntó.

También señaló que es cuestión de tiempo que se apruebe la resolución que autorice la venta de Internet a Canelones Cable Visión Color, dado que la empresa ya cuenta con la sentencia de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia.

Por otra parte, los demás cables del país, que no han sido autorizados para la venta del servicio, “pueden volver a plantear sus acciones de inconstitucionalidad, cumpliendo con los requisitos” que se establecen en la SCJ, aseguró Olaso.

Además, la abogada destacó que “es muy probable” que el Parlamento “derogue la prohibición que establece el artículo 56”, por lo que los operadores de cable que no han obtenido la sentencia de la SCJ podrían obtener el aval para vender Internet de esa manera.

En nota con El País, Washington Melo, presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), había mostrado su optimismo respecto a que llegara la autorización para la venta de Internet y explicó que si la licencia se condecía, cada empresa tendrá la libertad de elegir el modelo de negocio.

Desde su punto de vista, lo más lógico era profundizar el acuerdo que existe con Antel para que proporcione el ancho de banda y que los operadores de cable se encarguen de la última milla con los productos que considere.

“El otro esquema de negocio es que cada empresa invierta y despliegue sus propias redes, independientes de Antel, y elabore un plan de negocio independiente”, dijo. Además, aclaró que la licencia plantea que cada empresa venda Internet solo en su área de servicio.

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