SCJ rechaza opinión política en ámbito académico

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Ruibal Pino, defendió ayer la independencia del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (Ceju), y afirmó que los cuestionamientos del Ministerio de Educación son "políticos que no caben en un ámbito académico".

La Comisión Directiva del Ceju se reunirá hoy viernes en forma extraordinaria para analizar la decisión del Ministerio de Educación (MEC) de retirar a su representante en la institución que se ocupa de formar a los futuros magistrados.

El Ceju, creado en 1987, tiene una Comisión Directiva de siete miembros que representan a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a la Facultad de Derecho, a la Asociación de Magistrados, al Colegio de Abogados y al MEC.

El ministro Ricardo Ehrlich retiró a su representante en el Ceju, Mariela Saettone, por diferencias en la integración en la cátedra de Derechos Humanos, una asignatura que la institución dicta desde 2007.

Saettone planteó integrar como docente al ministro de la SCJ Ricardo Pérez Manrique en esa asignatura, que tiene como principal profesor a su colega Julio César Chalar, que este año volvió a dar clases en el Ceju tras haber pedido licencia en 2012.

Pérez Manrique fue el único ministro de la SCJ que votó a favor de la constitucionalidad de la interpretativa de la Caducidad, por lo que las diferencias surgidas en la interna del Ceju son una continuación de la polémica que han mantenido el gobierno con las autoridades del Poder Judicial.

César Pérez Novaro, representante del Colegio de Abogados en la directiva del Ceju, dijo a El País que en la reunión de hoy se evaluará la situación y en especial el caso Saettone, que además de integrar la dirección del instituto era una de las tres docentes de la cátedra de Derechos Humanos.

DISCREPANCIAS. El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, admitió ayer que hubo "discrepancias con los nombramientos de los docentes de Derechos Humanos". Guerrero afirmó que ante un tema "tan sensible" y el reciente fallo de la SCJ "no es lo más saludable que en materia de formación de los magistrados se tenga esa opinión", en alusión a la posición de Chalar, que entendió que la ley que eliminó la prescripción de los delitos de la dictadura (1973-1985) es inconstitucional.

Por su parte, Ruibal Pino, expresó que la Comisión Directiva del Ceju es "totalmente independiente" y que las autoridades del instituto entienden que los cuestionamientos planteados por el Ministerio de Educación son "políticos y que no caben en un ámbito académico".

El Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (Ceju) tiene en 2013 un total de 45 alumnos: 25 que iniciaron la carrera este año y 20 que cursan el segundo y último año. Los alumnos son todos abogados de entre 24 y 45 años de edad que tienen interés en iniciarse en la judicatura. En los últimos años, y debido al escaso interés de los abogados en iniciar la carrera judicial, el Ceju bajó las exigencias académicas para poder iniciar los cursos.