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Prematurez aumentó solo en el sector público

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Una madre junto a su hijo recién nacido. Foto: Archivo El País
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NUEVO ESTUDIO

Leonel Briozzo, exsubsecretario de Salud Pública durante el gobierno de Mujica, quiere que esto se incluya en reforma de seguridad social por ser un “problema para el futuro”.

Por primera vez científicos uruguayos llevaron a cabo un estudio sobre la prematurez que evidencia de qué manera los efectos indirectos de la pandemia del COVID-19 fueron mayores en el sector más vulnerable de la población. El informe fue realizado por catedráticos de ginecología y neonatología, junto a sociólogos y psicólogos, con la finalidad de demostrar que el riesgo de tener un bebé prematuro aumenta en el sector público de la salud debido a los “efectos socioeconómicos” ocasionados por el COVID-19.

En el sector público durante el primer semestre de 2019 hubo 730 prematuros y en el mismo semestre del 2020 estos fueron 858. En lo privado, en lugar de aumentar, se pasó de 1.187 en 2019 y a 1.090 en el 2020.

“La crisis económica y social basada en género afectó en manera desigual a los sectores de la población y eso sobre todo se vio en el embarazo”, dijo a El País el catedrático en ginecología y coautor del informe, Leonel Briozzo. El experto, exsubsecretario de Salud Pública durante el gobierno de José Mujica, subrayó que se pueden distinguir dos “tipos” de prematurez y estos se diferencian según el sector social de la madre.

“Lo que se ve en el sector privado son mujeres con más años de edad que suelen tener enfermedades crónicas, pasaron por una fertilización in vitro o tuvieron partos gemelares, pero en el público la prematurez viene por madres jóvenes que ya tienen más hijos a cargo, que no tienen enfermedades crónicas y muchas veces tienen contextos de violencia o con consumo de sustancias”, sostuvo Briozzo.

El exjerarca agregó que este último tipo de casos es “completamente evitable” porque suceden “a partir de la vulneración de derechos”, entonces, los dos tipos diferenciados de prematurez “tienen causas, mecanismos y consecuencias completamente diferentes”.

Los académicos que han estudiado este fenómeno en Uruguay creen que hace falta incluir la evidencia en el debate sobre la reforma de la seguridad social. “Es necesario abrir este capítulo en la discusión porque nos olvidamos de una parte importante y es que si aumentan las enfermedades crónicas por la prematurez en los bebés de hoy, en 30, 40 o 50 años esto va a suponer un alto costo para la salud en general”, indicó Briozzo.

En la misma línea, la ginecóloga Fernanda Nozar dijo a El País que existe una “transmisión generacional de las enfermedades crónicas en los contextos de pobreza” debido a los efectos sociales y económicos que inciden en la prematurez.

La investigación.

El informe divulgado por científicos locales, al que accedió El País, remarca que no hubo cambios significativos en las condiciones patológicas de la población estudiada entre 2019 y 2020, por lo tanto, “es razonable atribuir el aumento de los síndromes perinatales a las crisis económica, psicológica y social basada en género, en la población del subsector público, que atiende a las mujeres más vulneradas en sus derechos”. Además, el texto menciona que la pandemia del COVID-19 generó “las condiciones para un modelo cuasi experimento natural para valorar la prevalencia de los grandes síndromes obstétricos en los diferentes sectores asistenciales del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)”.

Nozar dijo al respecto que los resultados obtenidos en este “experimento” son “lógicos”. “Uno tiene que objetivar para tomar conductas y lo cierto es que esto confirmó lo que presumíamos, además es un insumo importante para pensar estrategias a desarrollar y modificar las cosas para que esto no siga sucediendo entre las embarazadas. Deberíamos ponernos a pensar políticas diferenciales sanitarias para que el impacto no sea tan desigual en poblaciones”.

mujer embarazada
Foto: EFE

Políticas.

A partir de la investigación, los expertos esperan que el problema sea abordado no solo desde lo que implica para la seguridad social, sino además desde las políticas públicas. Según Briozzo, lo que hizo el gobierno durante el primer semestre de pandemia no fue suficiente y, de alguna manera, la evidencia está en el impacto biológico. “Evidentemente no hubo una contrapartida con suficiente apoyo social y económico para esta población y eso impactó con respecto a la situación de sus embarazos”, indicó.

El exjerarca de Mujica dijo que: “Hay roles intransferibles del Estado y la mitigación de estas crisis es uno de esos roles, la caridad o solidaridad, puede ser una respuesta, pero es el Estado el que opera con políticas públicas para dar una respuesta”.

Casos en embarazadas.

La vacunación contra el COVID-19 fue una de las decisiones más discutidas dentro de la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones (MSP) y la recomendación oficial se dio en junio y se priorizó a la población dándoles la vacuna de Pfizer. En total, Uruguay tuvo diez muertes maternas con COVID-19 y todas sucedieron durante la primera mitad del 2020.

En el informe elaborado por los científicos, se especifica que durante el período estudiado de la pandemia, los casos del virus en las mujeres que tuvieron hijos prematuros aún eran nulos. “Es llamativo porque el impacto indirecto (de la pandemia) es anterior al impacto de la enfermedad en sí”, indicó Briozzo. Por su parte, Nozar dijo que se “podía presumir” que la infección iba a ser diferente entre los sectores poblacionales estudiados, “pero lo particular es que en el semestre de 2020 analizado no se habían reportado casos de COVID-19 en embarazadas aún, entonces el impacto biológico del virus tampoco fue un factor que estuviera influenciando”.

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