LA MARCHA DE LA PANDEMIA

El gobierno prepara la vuelta del público a los eventos deportivos en agosto, y monitorea el avance de la pandemia para definir si es viable habilitar antes la asistencia a espectáculos culturales y fiestas privadas. En todos los casos se hará bajo el sistema de “pase responsable” que el Ejecutivo probó días atrás en el Sodre con una exposición de ballet, y será con protocolos.

En este marco se abre el debate acerca de si los organizadores privados de espectáculos públicos podrán pedir, como parte de su derecho de admisión, que los concurrentes estén inmunizados contra el coronavirus. Es decir: ¿es legítimo que le exijan al público tener las dos vacunas contra el COVID-19 y los 14 días posteriores para efectivizar la inmunidad?

El presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Wilder Tayler, dijo a El País que “es probable que haya gente que se siente vulnerada” si no se le permite la entrada a un evento privado por el hecho de no haberse vacunado. “Si hay vulneración de derechos o no, es una cosa tan casuística que uno tiene que ver el caso a caso. No es un tema de blanco o negro, y hasta que no se dé un caso en la institución no puedo prejuzgar”, comentó Tayler.

Sobre este punto, el constitucionalista Martín Risso fue categórico al asegurar que si un organizador exige como norma haber completado el proceso de inmunización con alguna de las vacunas contra el COVID, no está violentando ninguna norma.

“El derecho de admisión, tanto en públicos como en privados, es posible. Lo que no puede es implicar discriminación y tiene que tener pautas de razonabilidad y proporcionalidad. Si en una oficina pública se decide que todos los funcionarios tienen que estar vacunados, lo pueden establecer sin ningún problema. Si un restaurante dice que solo va a entrar la gente que está vacunada, lo puede hacer sin ningún problema”, comentó a El País. Risso aclaró, sin embargo, que no se puede pedir la vacuna por cualquier motivo, y debe haber una razón lógica planteada: “Para ingresar a un lugar cerrado, por ejemplo”.

Al ser consultado si los grupos “antivacunas” pueden argumentar que esa exigencia es un acto de discriminación, el experto respondió: “La discriminación es tratamiento desigual basado en ciertas causas: religión, sexo, raza, ideas políticas. Por vacunarse o no vacunarse eso no va a ser nunca discriminación. Bajo ningún aspecto estos colectivos pueden reclamar nada”, remarcó.

En la misma línea, el abogado constitucionalista Ruben Correa Freitas coincidió en que, en medio de una pandemia, esa exigencia dentro del derecho de admisión se hace más sólida. “Acá está en juego la vida y la salud de las personas. Priman sobre otro tipo de derechos la salud y la vida. Estamos hablando de una pandemia. Estamos ante la forma de que servicios que hasta ahora no funcionaban puedan hacerlo”, consideró.

El asesor de la Presidencia Nicolás Martinelli dijo a El País que el instrumento del “pase responsable” para los futuros eventos no es obligatorio. “Un organizador puede adquirir el pase responsable, o seguir operando con el protocolo del 30%. Desde lo sanitario, si a un evento se va a permitir que concurra gente vacunada y no vacunada, se deberá testear a todos para evitar poner en riesgo a los no vacunados”, detalló el jerarca.