El presidente de OSE, Milton Machado, ha solicitado a la población restringir el uso de agua debido a la falta de lluvias y al consecuente descenso en los embalses. Esto implica la prohibición de lavado de veredas y de automóviles. Machado anunció también que en los próximos días OSE comenzará a fiscalizar que la medida se cumpla.

Asimismo, el viernes pasado y conjuntamente con el Ministerio de Ganadería, se exhortó a los productores agropecuarios a disminuir el uso de agua para riego. Todo parece sensato ante una situación prolongada de sequía, que afecta fundamentalmente al centro y sur del país. No obstante hay que ver el tema en su conjunto.

Según cifras oficiales más del 30% del agua potable que distribuye OSE se pierde por las roturas y desperfectos en su propia red. A esto hay que sumarle entre un 15 y 20 por ciento de agua que es robada en los asentamientos. En números redondos la mitad del agua de OSE desaparece y por lo tanto no es facturada por el organismo o —mejor dicho— la pagan, en palabras de mi amigo Tomás Linn, "los nabos de siempre"; todos aquellos que religiosamente abonan sus facturas mes a mes.

Es obvio que no se le puede atribuir la responsabilidad al gobierno por la falta de lluvias. Pero pedirle a la población que se haga cargo de la ineficiencia e incapacidad de un organismo del Estado, es indignante. El 30% del agua potable se esfuma por averías, y esto no es algo que suceda en los últimos meses porque algún caño se rompió, sino que se viene registrando desde hace muchos años.

Tenemos además que un 20% más se roba.

¿Cuánto le cuesta a OSE la pérdida y robo de la mitad del agua que potabiliza? ¿Cuánto de esa plata evaporada podía ser destinado a inversiones que mejoraran la calidad del agua en todo el país? Porque desde que estalló la crisis en Maldonado, a fines de este verano, nos venimos a enterar que el agua que llega a nuestras casas no tiene ni por asomo la pureza que siempre nos dijeron. Y que la contaminación del río Santa Lucía, y de muchos cauces de los que OSE toma el agua para localidades del interior, es altísima.

Machado hizo lo que las circunstancias le exigen. Pero bueno sería que simultáneamente con su pedido, hubiera anunciado un plan de renovación de la deteriorada red de cañerías por donde se va el agua cuyo uso ahora debemos restringir, y también un programa de regulación de aquellas personas que viven en asentamientos, porque el costo del agua que consumen, al igual que la luz, sale del bolsillo de los buenos pagadores.

LA COLUMNA