Respaldo del gobierno a campaña contra la baja de imputabilidad

1/1

FEDERICO CASTILLO / PABLO MELGAR

El gobierno respaldó ayer el lanzamiento de la campaña contra la baja de la imputabilidad impulsada por distintas organizaciones sociales. Hubo críticas a la "criminalización" de los jóvenes desde partidos tradicionales y medios de comunicación.

"Los niños y adolescentes de nuestro país no somos peligrosos: estamos en peligro; y esa debería ser la preocupación de un país que busca seguridad y un futuro promisorio", concluyó la comisión "No a la baja" que ayer en la sede del Pit-Cnt lanzó oficialmente una especie de contra campaña en respuesta a la intención de bajar la edad de imputabilidad impulsada por el Partido Colorado.

Según sus voceros, uno de los objetivos de la iniciativa es "desarticular la falsa y mercantil asociación entre inseguridad y adolescencia".

En primera fila, apoyando la campaña, estaba buena parte de la plana mayor del gobierno. Entre ellos el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, el prosecretario, Diego Cánepa y varios ministros y legisladores oficialistas.

La comisión leyó un documento en el que se establecen ocho puntos centrales para cuestionar la baja de la edad de imputabilidad.

Que las políticas de "mano dura" han demostrado "especializar y profundizar la violencia"; que en un régimen de privación de libertad el adolescente se "aleja de toda chance de rehabilitación"; que la privación de libertad es "costosa" y "no favorece la integración social de los adolescentes"; que los porcentajes de delitos cometidos por los jóvenes son bajos (se dijo que representan 5,9% del total de procesamientos y que sólo mil de los 260 mil jóvenes uruguayos son delincuentes); que se "violarían tratados internacionales ya aprobados". Estos fueron algunos de los argumentos.

También se cuestionó a "algunos medios de comunicación" que "sobreexponen la situación de violencia en general y en especial aquellas que están vinculadas a los adolescentes".

"Ahora, al tener canales que transmiten con mayor frecuencia las noticias, una rapiña se transmite 20 veces en el día y parece que fueron 20 rapiñas", dice el documento elaborado por la comisión.

En este punto coincidieron otros dos oradores del acto: el presidente de la Federación de Iglesias Evangélicas del Uruguay, Hugo Armand Pilón, que rechazó la "forma tendenciosa" en que los medios "distorsionan" los hechos y "criminalizan" a los jóvenes; y el coordinador del Pit-Cnt, Juan Castillo, que habló de la "incidencia de los grandes medios de comunicación en el acontecer diario de las personas". "Otro cantar sería con los medios en propiedad de quienes detentan la mayoría en este país que es la población", y no en manos de "dos o tres familias que intentan vender un producto y nada más", dijo.

Castillo también fustigó a los partidos tradicionales. Los acusó de "oportunistas" y de hacer "politiquería barata".

"No hablan de que lo que está sucediendo hoy en nuestro país son la consecuencia de políticas neoliberales" que "marginaban a la mayoría de la población, no permitían acceso a determinadas cuestiones sociales y culturales del país y ha dejado estos bemoles, estas consecuencias", señaló y advirtió que esta recolección de firmas contra la baja de la imputabilidad persigue "un resultado electoral en el 2014".

Respuesta "Mucho mejor, nos hace un favor el Pit-Cnt", expresó el diputado colorado Germán Cardozo, al enterarse que la central sindical había lanzado una campaña en contra de la baja de la imputabilidad.

"Ellos han apelado en decenas de oportunidades al pronunciamiento popular y ahora sale a oponerse, es una clara contradicción. Habla de la dependencia absoluta del Pit-Cnt al gobierno al momento de definir posiciones políticas", aseveró Cardozo.

"Es buen síntoma que el Pit-Cnt salga a oponerse porque debemos de venir muy bien", dijo. Por otro lado, el legislador reclamó que la central sindical se pronuncie sobre los megaoperativos barriales que viene desarrollando la Policía.

Hace tres semanas que los responsables de la campaña vienen manejando que legaron a las 170 mil firmas.

"Al Frente le costaba un años llegar a estas firmas", aseveró Cardozo. Hasta ayer no se había realizado una actualización de las últimas cifras.

Aguardan el "día del firmazo" que se desarrollará el sábado 30 de julio. Prevén la instalación de más de 100 puestos de recolección en todo el país. "Una mesa en cada plaza del país", es la fórmula que están proponiendo los organizadores.

Mientras tanto, los blancos que apoyan la campaña de recolección de firmas rechazaron el ingreso a escena del Pit-Cnt.

"Es un hecho lamentable, los dirigentes se están excediendo en sus funciones, están embarcando a la central en aspectos que para nada le corresponden ni sus asociados le delegaron. Entre los afiliados a los sindicatos hay muchos que ya firmaron", aseveró el diputado herrerista Gustavo Borsari.

El próximo sábado la lista 71 instalará 25 mesas de recolección de firmas en todo Montevideo. Se trata del inicio de una nueva etapa de la campaña en la que los dirigentes se involucrarán en la busca de adhesiones. La idea es continuar con el procedimiento hasta fin de año.

El ministro en funciones de Desarrollo Social (Mides), Lauro Meléndez, emitió ayer un documento en el que rechaza la recolección de firmas para bajar la edad de imputabilidad. "Las políticas sociales y la reconstrucción del entramado social son las claves para reducir la delincuencia y la violencia extrema", apuntó el jerarca.

Meléndez recordó que el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y el Adolescente se pronunció en contra de la iniciativa, advirtiendo que es contrario a la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU.

Meléndez admitió que se están viviendo "situaciones complejas" con los adolescentes infractores y "con el sistema de atención para estos casos". Para el funcionario es "un error" asociar pobreza con delincuencia. Aseveró que la realidad se debe "mucho más a fenómenos de desigualdad, allí cobra importancia la redistribución del ingreso nacional".

El subsecretario del Mides recordó que el 12 de agosto de 2010 el gobierno prometió concretar una serie de "acciones positivas". En tal sentido, mencionó que se propuso crear 40.000 puestos de trabajo, en particular para jóvenes; implementar un sistema de 25.000 becas estudiantiles; revitalizar las políticas de turismo juvenil; impulsar una política de alquiler de vivienda para jóvenes estudiantes; universalización del acceso a las nuevas tecnologías de la información y adaptar el sistema de salud a los jóvenes.

Meléndez subrayó en el documento que "la baja de edad de imputabilidad penal es contraria a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada por Uruguay".

Si bien el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU) es un organismo independiente, encargado de la custodia de los menores en conflicto con la ley penal, el responsable político del área es el Mides.

De hecho, cuando el Parlamento analiza los temas relacionados con la minoridad cita al ministro u otros jerarcas de esa repartición.