NATALIA ROBA
La nueva presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) insistió en que defenderán que la calificación de jueces no sirva para degradarlos. Agregó que escucharán la información que aporte el Colegio de Abogados de un relevamiento que viene haciendo sobre la actuación de los jueces "si es suficientemente representativo".
En una entrevista concedida a El País dijo que reclamarán en el presupuesto que el Poder Judicial sea dotado de los recursos adecuados para funcionar porque sigue en "situación crítica".
—¿Cómo viene la discusión en la interna calificación de los jueces?
—La moción que resultó aprobada por amplísima mayoría en la asamblea de magistrados fue que no se incluyeran votos descalificantes para magistrados, que los votos sean fundados y que se tuviera en cuenta los expedientes. Para rever las propuestas del Colegio de Abogados, de la Facultad de Derecho, y de los Tribunales de Apelaciones se formó una comisión formada por la jueza Anabella Damasco de penal, Estella Jubette de lo Contencioso Administrativo, Alberto Reyes de civil, Silvia Castelli de Paz y el ministro de Apelaciones Jorge Chediak.
—Los abogados ya comenzaron a realizar un relevamiento por internet entre los socios para evaluar la actuación de los jueces
—El colegio es una institución que nuclea a los abogados y se organizó para recabar datos respecto a los jueces. Nosotros no vamos a ingresar. Si traen información importante bienvenida sea, si es suficientemente representativa. En definitiva la potestad reglamentaria es la de la Corte.
—¿En el tema presupuestario qué reclamos harán?
—Habrá una delegación que trabajará para llevar una postura conjunta y bien clara. Reclamaremos que el Poder Judicial sea dotado de los recursos adecuados para el funcionamiento. Seguimos en una situación realmente crítica. No hay manera de atender los requerimientos del servicio, desde insumos hasta los salarios.
—¿Pedirán más cargos?
—Es un tema que está a estudio pero seguramente hay zonas del país que deben tener requerimientos que deben ser atendibles como el caso de la Ciudad de la Costa.
—¿Y los juzgados concursales?
—Estamos funcionando con dificultades importantes. Hubo una reestructura en la oficina actuaria, se puso personal con más experiencia en materia civil y concursal que va a estar en condiciones de medir si la oficina puede funcionar con los mismos recursos humanos porque tenemos asuntos muy variados y sobre todo los procesos concursales (quiebras, liquidaciones judiciales y concordatos) hay once tipos diferentes en nuestro país. Eso dificulta muchísimo el trabajo de la oficina. La ley que creó estos juzgados acotó la paralización que presentaban estos procesos porque las juntas y moratorias no pueden prorrogarse hasta más de un año. O en el año se llega a la resolución o la empresa va a la quiebra.
—Otra cosa que se había manejado era la posibilidad de crear juzgados en materia de delitos económicos
—Hasta este momento, la asociación no fue consultada sobre ese punto. Además tuvimos sólo una reunión de carácter organizativo y lo primero que atendimos fue el tema de la calificación de magistrados porque tenemos que tomar una postura.
—¿El Código de la Niñez implicará cambios en el funcionamiento de la justicia?
—La Suprema Corte nos pidió designar dos delegados para reimplementar la tarea de esos juzgados con la inminente vigente del Código que va a movilizar un poco las cosas pero es un avance legislativo.
—Un tema que esta semana estuvo en la opinión pública fue la muerte del taxista y se generaron algunas desinteligencias entre la justicia de menores y penal al haber participado menores y mayores
—Es un presumario, por lo tanto no lo he tenido a la vista pero precisamente el Código busca solucionar eso, para que esas desinteligencias desaparezcan ya que establece que cada juez aún trabajando en su ámbito conozca lo que está haciendo el otro.