DANIEL ISGLEAS

Poco se recuerda con tanta unanimidad. Los activos, los retirados y la oposición dicen que el decreto del gobierno que liberó a los militares del secreto es "ingenuo". Ni la ministra saliente Azucena Berrutti espera resultados espectaculares.

En el decreto aprobado el lunes 25, el gobierno reconoció que hasta ahora la invocación hecha por los propios militares al amparo que les ha brindado el secreto profesional limitó la obtención de información sobre eventuales responsabilidades personales en las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1968 y 1985.

En 1943 se había establecido, también por decreto, que en el ámbito militar se maneja información secreta, reservada o confidencial, lo cual nunca fue modificado por orden superior que es la actual intención.

Ahora el Poder Ejecutivo resolvió retirar el carácter secreto sobre cualquier información relativa a la época de la dictadura buscando darle confianza a activos o retirados para que se sientan relevados de esa orden y que, con su testimonio, puedan aportar a "la verdad material", como la define el gobierno, sobre esos delitos.

La decisión oficial fue comunicada a los Comandos de las tres fuerzas a fin de que por circulares internas se haga llegar la decisión a todo el personal.

La ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, explicó en radio Sarandí (sin aceptar declaraciones al aire) que el proyecto se le ocurrió porque un oficial superior le dijo que no podía hablar debido a que esa orden ejecutiva se lo impedía. Explicó que en ese momento se le ocurrió "liberar la conciencia de aquellos que quieran hacer algún aporte y no hablen porque su ética militar se lo impide". Sin embargo, reconoció que no espera que haya resultados "espectaculares", porque "la memoria no se activa por ley".

Cayó mal. Entre los militares activos, el decreto no cayó bien. Además de "sorpresa", el camino escogido por el gobierno demuestra para ellos "un gran desconocimiento de la realidad", según comentaron a El País oficiales en actividad.

El manejo de información, y la estrategia con que debe actuarse en estos casos deben estar bajo "un manto de reserva". El Poder Ejecutivo lo maneja "con un perfil y sesgo inaceptables", coincidieron los informantes.

La oposición tampoco comparte el modo como se han manejado las cosas y apuntan a un "saludo a la bandera", una "operación de marketing" y, quizás, a explicarlo como una muestra de "ingenuidad" del gobierno. El diputado colorado Daniel García Pintos midió cada una de sus palabras: "Eso no cambia absolutamente nada. Es marketing del gobierno", dijo a El País.

Para el senador Carlos Moreira, nacionalista y miembro de la comisión de Defensa, el anuncio de este decreto no es claro. "No entiendo qué se puede hacer por decreto. Me parece una suprema ingenuidad, porque ¿a quién se le ocurre pensar que los militares van a dar ahora información?".

"Los que han querido ocultar información lo hicieron por voluntad propia. Y los que han hablado, lo mismo", dijo. Esto "tiene un efecto propagandístico", insistió Moreira.

El senador herrerista Gustavo Penadés cuestionó que se impulse un decreto y no una ley. "Eso demuestra que no se quiere dar el debate en el Parlamento", observó. "Lo veo como un saludo a la bandera", dijo a El País.

Los militares retirados reaccionaron desfavorablemente. El coronel retirado Carlos Silva, de la legión "Tenientes de Artigas", coincidió con la oposición. "Esto no tiene trascendencia ni consecuencias", dijo a El País. "Es una maniobra para decir que el gobierno sigue haciendo algo. Es algo que busca causar un efecto político, para gente que no está bien informada", opinó Silva.