Las presentaciones de las autoridades del Tribunal de Cuentas (TCR) y de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) sobre la ley de participación público privada dejó en claro lo que ya nadie duda en el Parlamento: que la iniciativa recibirá cambios.
El presidente del TCR, Siegbert Rippe, cuestionó que, tal como está redactado, el proyecto establece el contralor del TCR solo al final del proceso licitatorio, cuando ya hay una adjudicación. El experto opinó que correspondería el contralor en todas las etapas.
Rippe anunció que enviará al Parlamento un informe de los servicios jurídicos, en fase de elaboración. En tanto, el diputado Iván Posada (Partido Independiente) sugirió una ley aparte para ampliar las facultades del TCR.
La CND defendió el proyecto. Pero, ante una consulta del diputado blanco Pablo Abdala, el presidente Luis Porto reconoció "ambigüedades", ya que el rol de la CND es periférico y no asesora en la decisión final.
Porto contó que la CND contrató dos asesoramientos externos: uno a un ex ministro chileno de Obras (que hizo llegar un "proyecto 100% garantista" para el Estado) y otro de la consultora Price, "100% garantista para el privado". El proyecto de ley final es "intermedio".
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