Proyecto de represas está detenido por falta de fondos

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CERRO LARGO | NÉSTOR ARAÚJO

Productores de los alrededores de Melo piden que el Estado los indemnice adecuadamente por los predios que les serán expropiados para la ejecución del embalse del "Proyecto Itacuruzú".

Desde el año 2002 se lleva adelante ese proyecto que consiste en la regulación y acondicionamiento del arroyo Conventos, que atraviesa Melo y causa inundaciones.

Para ello hay que expropiar padrones rurales de la 1ª y 11ª Sección Judicial de Cerro Largo. El proyecto establece la ejecución de dos grandes embalses en cercanías de Melo, en las costas del arroyo Conventos aguas arriba y sus afluentes, con el fin de prevenir y mitigar las inundaciones que afectan las zonas bajas de la ciudad.

En la Comisión de Recuperación del arroyo Conventos participa OSE, el Ministerio de Transporte, los vecinos, la Intendencia de Cerro Largo y el Ministerio del Interior. Es la que inició todos los trámites ante las autoridades; una de las etapas del proyecto era la construcción de la planta depuradora de OSE, que ya se hizo.

El costo de las presas se estima en más de US$ 8.000.000. Servirán en la mitigación de las inundaciones -los evacuados no sobrepasan los 200 en Melo- y además serán un atractivo turístico, recreativo y factor de desarrollo para la microrregión, en virtud que luego de ejecutadas estas represas y embalses se puede desarrollar allí una zona balnearia. Lo que se busca es la regulación hídrica del arroyo Conventos y sus afluentes, como ser el arroyo Sauce entre otras cañadas que alimentan ese curso de agua.

PRODUCTORES. Todas las etapas han sido cumplidas, desde el estudio de factibilidad del proyecto y estudios ambientales, al tiempo que la Dirección de Topografía ya tiene definidas las áreas a expropiar, lo que resta ahora y mantiene intranquilos a los productores es la ejecución de las represas que favorecerán los desbordes sobre Melo.

Uno de los embalses -el primero a ejecutar- estará ubicado en la zona del aeropuerto Internacional de Melo en jurisdicción de la seccional 11 y afectará los campos de unos 12 productores, lo que totaliza unas 500 hectáreas. Estas acciones están previstas que sean gestionadas y financiadas por la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte.

El productor Ademar Silvera, que tiene campos en la zona, se verá afectado con 150 hectáreas que se le quedarán bajo agua, al igual que otros 11 predios.

Silvera sostuvo que "lo que realmente preocupa es cuánto va a pagar el Estado por estas tierras"; entienden ademas que la indemnización debe tener en cuenta las mejoras prediales, las construcciones como galpones, casas de familia, lucro cesante, "entre otros perjuicios que el productor deberá enfrentar", señaló. Los 12 productores afectados consideran que esta obra es de suma importancia para toda la ciudad y tiene un fin social; "si las obras que se hacen favorecen a la población la expropiación no sería un inconveniente, pero la incertidumbre es grande; debería haberse hecho el año pasado y se ha dilatado hasta hoy".

El 6 de abril el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, fue a la Comisión de Transporte de Diputados. Su presidente, el legislador del Partido Nacional por Cerro Largo Sergio Botana, le consultó por la posibilidad de concreción de este proyecto en esta administración. Pintado respondió que no está presupuestado, y para hacerlo deberían "conseguir US$ 10.000.000".