Lima | AP. Miles de maestros y sindicalistas de la mayor confederación de trabajadores salieron a las calles hoy, desafiando el estado de emergencia que rige en Perú y tras fracasar las gestiones del gobierno para suspender la protesta.
La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), de tendencia izquierdista, se negó a suspender la medida de fuerza, considerada como una provocación al régimen de excepción, que implica que las fuerzas armadas están a cargo del control interno del país.
Maestros y trabajadores empezaron a congregarse desde temprano en la Plaza Dos de Mayo en el centro de esta capital, mientras en otras ciudades del país como Ayacucho e Iquitos, miles de profesores marcharon por las calles pacíficamente en reclamo de un aumento de sueldos.
En Arequipa, 750 kilómetros al sudeste de Lima, se cumplía un paro general convocado por el Frente Cívico Regional en protesta por el estado de emergencia.
El gobierno hizo infructuosos esfuerzos para hacer desistir a la CGTP de realizar su movilización.
El presidente Alejandro Toledo convocó el lunes a los representantes del Acuerdo Nacional gobierno, partidos políticos, organizaciones civiles, sindicatos, el sector empresarial y la Iglesia que designaron al Obispo de Chimbote, monseñor Luis Bambarén, para que medie entre el gobierno, el sindicato de maestros (SUTEP) y la CGTP.
Monseñor Bambarén dijo hoy que se ha llegado a un acuerdo en todos los puntos reclamados por el SUTEP - que agrupa a 280.000 maestros-, y que depende de los profesores el que se firme el pacto.
No obstante, respecto de la movilización de la CGTP dijo: "yo lamento mucho que no haya acogido el pedido que se les hizo de posponer esta marcha".
La marcha, que la CGTP alega es contra el estado de emergencia, no cuenta con autorización de la Prefectura de Lima.
Mario Huamán, presidente de la CGTP, dijo que la marcha es pacífica y que "no vamos a enfrentar las balas de la policía y el ejército porque las consecuencias pueden ser funestas".
El estado de emergencia supone la suspensión de las garantías constitucionales como libertad personal, inviolabilidad de domicilio y libertad de tránsito y reunión.
El gobierno se vio obligado a implantar el miércoles el estado de excepción por 30 días para evitar un desborde de protestas, a raíz de la prolongada huelga del SUTEP, a la que se estaban uniendo en solidaridad otros gremios.
En los más graves incidentes registrados la semana pasada, un estudiante murió baleado, y otras decenas resultaron heridos en un enfrentamiento en la ciudad de Puno.
El ministro del Interior, Alberto Sanabria, dijo que 304 personas fueron detenidas en los primeros días de la emergencia.
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