Problemas para la reapertura de clínica

Zully Sánchez: diferencias entre IMM y empleados

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Antes de dejar su cargo como director de Salud de la Intendencia de Montevideo, Gerardo Lorbeer designó a la comisión Villa Peñarol como la nueva administradora de la policlínica Zully Sánchez, ubicada en Aparicio Saravia y avenida Sayago, que está cerrada y ocupada por su personal desde hace más de cuatro meses.

El sistema de financiamiento propuesto por Lorbeer sería el mismo que tenía la anterior asociación civil: una donación modal. La misma es una forma habitual de financiamiento que utiliza la Intendencia para solventar distintos emprendimientos y tercerizar algunos de sus servicios.

Sin embargo, el acuerdo entre las partes nunca se concretó, a pesar de que Lorbeer quería terminar con el conflicto antes de dejar su cargo.

Según comentó a El País la ginecóloga de la policlínica, Adriana Roldán, no se firmó el contrato porque el municipio puso como condición previa que los empleados del centro asistencial levanten la demanda que le hicieron a la ex administradora por deudas salariales. Los trabajadores se negaron a acceder a dicho pedido y el conflicto pasó a las nuevas autoridades.

El nuevo director de Salud, Pablo Anzalone, dijo a El País que el acuerdo con Villa Peñarol quedó en suspenso porque se seguirá analizando la situación para encontrar una solución definitiva. "Queremos una solución que no sea un parche sino que sea permanente. Entendemos que hay que hacer un análisis más amplio de las diferentes alternativas", aseguró Anzalone.

El jerarca no se mostró proclive al sistema de donación modal. "Si seguimos manteniendo las mismas condiciones y firmamos tal como está planteada la situación, en seis meses se vence el contrato y tenemos nuevamente problemas", agregó.

PROCESO. El pasado 11 de marzo, una pediatra, una ginecóloga, una enfermera y una vacunadora comenzaron la ocupación de la policlínica Zully Sánchez. El fin era impedir el cierre del centro asistencial, ya que el 31 de marzo vencía el convenio que mantenía con la Intendencia la asociación civil que se ocupaba de su gestión. Desde entonces la ocupación se ha mantenido.

Tres ONG se presentaron hasta el momento ante la Intendencia como interesadas en asumir la gestión del centro, en el que se atienden más de 13.500 personas, según informaron las funcionarias que mantienen la ocupación.

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