La jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti procesó en las últimas horas a cuatro personas -una de ellas con prisión- que se dedicaban a la elaboración de facturas falsificadas que luego vendían a empresas que a través de esos documentos descontaban impuestos.
La maniobra, que fue denunciada por la Dirección General Impositiva (DGI), derivó en los primeros procesamientos dispuestos por los nuevos juzgados recientemente creados.
La maniobra se venía desarrollando desde al menos tres años e involucró a integrantes de varias firmas gráficas. Entre los procesados sin prisión se encuentran responsables de firmas que compraban las facturas irregulares.
El director de la DGI, Nelson Hernández, dijo a El País que la evasión total por esta actividad ronda los $ 5.000.000, pero indicó que en base a las multas y recargos la deuda rondará los $ 30.000.000.
El jerarca destacó la celeridad que tienen las nuevas sedes judiciales para tramitar los casos que presenta el organismos recaudador.
"Usualmente estos procesos son más largos que los de un delito de sangre, porque conllevan una importante etapa de investigación y búsqueda de pruebas que lleva varios meses. En un juzgado penal este caso hubiera demandado muchísimo más tiempo", afirmó.
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