La bancada de senadores del Frente Amplio tomó ayer conocimiento del proyecto de ley que presentaron las senadoras Margarita Percovich y Mónica Xavier y que prevé la despenalización del aborto hasta la 12ª semana de gravidez y establece una serie de obligaciones que el Estado deberá llevar adelante en relación a la salud sexual y reproductiva.
Como no está planteada la disciplina partidaria, no se conoce aún el número total de legisladores que firmarán el proyecto para darle entrada en la Cámara Alta. En los hechos, es posible que la iniciativa ingrese hoy a la consideración del cuerpo para derivarlo a comisión.
En principio, además de Percovich y Xavier, el senador del Espacio 609, Víctor Vaillant, comprometió su apoyo al proyecto.
Meses atrás, el presidente Tabaré Vázquez advirtió a los legisladores que está dispuesto a vetar una ley que propugne la posibilidad de abortar voluntariamente.
El proyecto consta de 21 ar-tículos divididos en cinco capítulos. El primero hace referencia a los derechos sexuales y reproductivos; el segundo y el tercero incluyen "disposiciones generales" sobre el aborto; y el cuarto y el quinto modifican el Códi- go Penal y otras disposiciones legales.
La iniciativa habilita a "toda mujer" a "decidir la interrupción voluntaria del embarazo durante las 12 primeras semanas de gravidez" ante "situaciones de penuria económica, sociales, familiares o etáreas", que "le impidan continuar" con el mismo. Tras ese plazo, sólo quedaría habilitado para aquellos casos en que esté en riesgo la salud de la madre o se verifiquen malformaciones congénitas incompatibles con la vida extrauterina.
En la presente jornada, unas 80 organizaciones que respaldan el proyecto convocan a concentrarse a las 17 horas en el Palacio Legislativo. "Esta movilización tiene como objetivo poner de manifiesto y exigir a los representantes del Poder Legislativo la discusión y aprobación del proyecto de ley de salud sexual y reproductiva", reza un comunicado difundido en la víspera. Concretamente, plantean "una legislación que promueva el acceso universal a métodos anticonceptivos de calidad para prevenir embarazos no deseados y que garantice acceso al aborto legal antes de las 12 semanas de gestación".
El proyecto dice que el aborto será un acto médico "sin valor comercial" y que todos los servicios de asistencia "tendrán la obligación de llevar a cabo este procedimiento".
Los profesionales que así lo deseen podrán plantear "objeción" de conciencia para no tener que practicar la intervención. La habilitación para la interrupción del embarazo quedará regida por disposiciones legales. Si se practica fuera de los plazos, se prevé prisión y penitenciaría.