REPERCUSIONES DE LA RENUNCIA

La renuncia de Jorge Díaz causó sorpresa en el sistema político, porque nadie esperaba que se diera de un momento para otro y sin aviso, pese a que su mandato terminaba en abril próximo, tras 10 años al frente de la Fiscalía General de la Nación.

Sorprendió incluso dentro de Cabildo Abierto, el partido liderado por el senador Guido Manini Ríos, cuyos representantes han pedido la destitución del jerarca por entender que no respetaba la independencia de los fiscales, entre otras críticas. “Nos tomó de sorpresa, no teníamos idea de que iba a pasar esto, más allá de nuestro pedido de destitución el año pasado”, dijo por ejemplo a El País el senador cabildante Raúl Lozano.

Pero sobre todo generó un rápido efecto en las negociaciones que desde hace meses llevan adelante el oficialismo y el Frente Amplio por la vacante que iba a dejar Díaz, pero también por el cargo en la Suprema Corte de Justicia que quedará libre a partir de que el ministro Luis Tosi cumpla 70 años este 27 de octubre. “Esto puede adelantar esas negociaciones”, señalaron a El País fuentes de la coalición de gobierno. Sin embargo, por parte del Frente Amplio no está tan claro que este episodio agilice las tratativas, que involucran además la votación de la nueva integración de la Corte Electoral y la del Tribunal de Cuentas, señalaron desde la coalición de izquierda.

El nombre del propio Díaz -exjuez de Crimen Organizado- se había manejado para pasar al máximo órgano del Poder Judicial, pero quedó por el camino luego de la explícita oposición de Cabildo Abierto. “Es sabido que hemos manifestado reiteradas veces que nos es inaceptable la propuesta de que Díaz sea ministro de la Corte”, subrayó Lozano.

Por eso es que en las últimas semanas surgieron varios nombres públicamente, tanto a propuesta del oficialismo como por la oposición. Por el primer caso, para la Fiscalía siguen como candidatos -es decir, sujeto a evaluación de la oposición- Graciela Gatti, ministra del Tribunal de Apelaciones y presidenta del gremio de jueces; la fiscal especializada en narcotráfico Mónica Ferrero, la fiscal de Homicidios Mirta Morales y el fiscal de Delitos Económicos Enrique Rodríguez. Este último, el que menos convence a la oposición, fue el fiscal que archivó la indagatoria por el acuerdo con UPM al que llegó el Poder Ejecutivo en el último gobierno del Frente Amplio.

Los senadores Gustavo Penadés (Partido Nacional) y Lucía Topolansky (Frente Amplio) fueron los dirigentes políticos que entre 2011 y 2012 tuvieron mayor protagonismo en las negociaciones que entonces concluyeron en la designación de Díaz como fiscal de Corte. Y ambos -que en ese momento, como hoy, representaban al oficialismo y la oposición, aunque en mostradores opuestos- destacaron a El País su conformidad con la actuación del jerarca.

“Siempre dije que fue el hombre indicado para el momento indicado”, dijo por su lado Penadés, en referencia al desafío de ser el conductor e impulsor de la transformación de Ministerio Público en un servicio descentralizado -lo que se logró por ley en 2015- y la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, que cambió las reglas de juego de las investigaciones penales, ahora a cargo de los fiscales y ya no de los jueces. “Estando de acuerdo o no en muchas de sus opiniones o decisiones que ha tomado, no dejo de reconocer su importancia institucional”, agregó.

Para Topolansky, Díaz directamente “trabajó muy bien” y resaltó que las transformaciones que llevó adelante no fueron una tarea sencilla. “Ahora además se asciende por concurso, lo cual es muy importante para la seguridad de los fiscales y para todo el país”, dijo también la dirigente del MPP, que concluyó: “Nosotros hubiéramos querido que ahora fuera a la Suprema Corte de Justicia”.