Las intendencias de Canelones y Montevideo, gestionadas por el Frente Amplio, acusaron a la coalición de gobierno de violentar las autonomías departamentales y buscarán que el Congreso de Intendentes presente un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 289 de la Rendición de Cuentas, que de aprobarse obligará a las comunas a separar el cobro de las multas por exceso de velocidad del pago de la patente de rodados.

“Asusta el desconocimiento jurídico”, dijo a El País el prosecretario de la comuna canaria, Marcelo Metediera, al señalar que todo lo referido al cobro de este tipo de tributos es competencia exclusiva de las intendencias.

El secretario general de la comuna capitalina, Mauricio Zunino, en tanto, afirmó que “es un incentivo perverso para evitar el pago de la multa”. “Lo que se busca es que la infracción no se termine pagando”, dijo y agregó: “Es una medida que busca beneficiar a los infractores”.

La disposición está incluida entre varios artículos referidos al tránsito en rutas nacionales, entre ellas, la obligatoriedad de instalar allí “radares pedagógicos” que acompañen a los destinados a controlar la velocidad. También comprende un tope de 10 unidades reajustables a las multas que se pueden cobrar por estas infracciones.

En agosto de este año el Congreso de Intendentes expresó su rechazo a una iniciativa similar que Cabildo Abierto intentó hacer prosperar, sin éxito, en la Cámara de Representantes.

Por otra parte, Metediera rechazó el artículo 286 que, a instancias del oficialismo, eleva a 75 años la edad máxima para tramitar la libreta para conducir camiones de forma profesional.