UN POLÉMICO SISTEMA DE VIGILANCIA

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Desde que funciona el sistema de escuchas telefónicas denominado El Guardián ha habido unas 45.000 interceptaciones o “pinchazos” telefónicos.

La información fue brindada por representantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) al senador nacionalista Javier García, tras la reunión que los jerarcas judiciales mantuvieron el martes 13 con la comisión especial de Seguridad Pública y Convivencia de la Cámara de Senadores.

Para el Ministerio del Interior, el sistema comenzó a funcionar en mayo de 2016, tal cual lo manifestó el ministro Eduardo Bonomi en la comisión. Pero para la Suprema Corte de Justicia recién lo hizo el 6 de febrero de 2017. En esos nueve meses no hubo controles y algunas de esas interceptaciones se podrían haber realizado sin autorización judicial, dijo a El País el senador García.

Para que el sistema se active debe haber una autorización judicial y una intervención de la compañía telefónica que opera el servicio deseado.

Pero, por ejemplo, Antel no ha enviado información a la Corte sobre sus eventuales interceptaciones, con lo cual queda abierta la posibilidad de que determinados pinchazos no estén registrados, dijo en la comisión el ministro de la Suprema Corte Jorge Chediak.

De acuerdo con los números que los ministros de la corporación aportaron al senador nacionalista, se trata de unos 15.000 pinchazos por año, es decir aproximadamente 1.250 por mes, algo así como 42 casos por día. En total son más de 45.000 hasta ahora.

Además, la Prefectura Nacional Naval (Armada) y la Policía Aérea Nacional (Fuerza Aérea) pueden pedir una intervención del sistema de escucha solo con la autorización judicial, por lo cual eso no consta en los registros operativos. Están fuera de El Guardián porque el sistema se rige entre el Ministerio del Interior, la Corte y las telefónicas, y esos ordenadores de escuchas pertenecen al Ministerio de Defensa.

En la reunión de la comisión legislativa, el senador García preguntó a las autoridades de la SCJ “si los pinchazos telefónicos que hubo en los nueve meses que van de mayo de 2016 a febrero de 2017 se puede asegurar que hayan tenido autorizaciones legales” porque “necesitan cotejar la información entre la autorización de los magistrados y las compañías telefónicas”. García insistió en que, en cuanto a la fecha de inicio del funcionamiento de El Guardián, “hay diferencias entre lo que dijo el Ministro del Interior y lo que dicen ustedes”, o sea la SCJ. “Recién se ha dicho aquí que comenzó el 6 de febrero de 2017 y el señor ministro dijo aquí que el sistema empezó a funcionar en el mes de mayo de 2016. Quiere decir que hay una diferencia aproximada de nueve meses”.

Luego preguntó: “¿Puede al día de hoy la Justicia afirmar que todas las interceptaciones telefónicas que se hicieron fueron amparadas en una decisión judicial o fiscal? Dicho de otra manera: ¿Pueden descartar que haya habido interceptaciones por fuera de lo que un juez o fiscal determinó?”.

Desde la SCJ, el director general de Asuntos Administrativos Marcelo Pesce confirmó que “el sistema queda operativo el 6 de febrero de 2017”, por lo que no hay información sobre lo que sucedió antes de esa fecha. Y explicó: “En ese momento, la Suprema Corte de Justicia, a través de una circular, trasmitió la obligatoriedad a todos los jueces sobre la utilización del SAIL (un sistema de expediente electrónico que no tiene que ver con El Guardián)”.

Chediak afirmó a los legisladores que la única que no ha enviado los datos a la SCJ es Antel. “El Ministerio del Interior y dos prestadoras de servicios privadas nos brindaron datos de julio; nos está faltando la información de todo el período de Antel”, indicó el ministro de la Suprema Corte.