Redacción El País
Mario Saralegui, exentrenador del Club Atlético Peñarol y recientemente del Danubio Fútbol Club, dijo que el exintendente de Artigas Pablo Caram "pecó de iluso" y "asumió" la condena por horas extra "por responsabilidad, no porque haya querido engañar a nadie".
"Creo que Caram pecó de iluso, lo engañaron. Cuando se dio cuenta de cómo era el tema ya era tarde. No estoy de acuerdo con cómo se definió el tema, asumiendo una cosa por responsabilidad, no porque él haya querido engañar a nadie. Pero él era el intendente y se hizo cargo de lo que pasó, en eso estoy de acuerdo", señaló Saralegui en diálogo con El País.
"Es una situación que se hizo mal. Caram pagó por su cargo", agregó el exjugador multicampeón con el aurinegro. Este martes Caram renunció al Partido Nacional, tras enviarle un mensaje a la presidenta del Directorio nacionalista, Macarena Rubio.
Saralegui fue director técnico del Club Atlético Artigas, que compite en la C y en su presentación, en febrero de 2023, estuvo Caram. Además, en 2021 ejerció como diputado, al ser uno de los suplentes de la exlegisladora Valentina Dos Santos, también condenada por esta causa y, al igual que Caram, la Corte Electoral la inhabilitó de ejercer cargos públicos.
En el caso de Dos Santos, Saralegui se limitó a decir: "La función hace al cargo, a veces es difícil tomar decisiones". El director técnico ocupó el cargo como primer suplente de Pablo Caram en la lista 2525, en las elecciones internas del pasado domingo 30 de junio.
"Hay muchas cosas que se malinterpretaron, en su momento fui crítico. El Partido Nacional ha pasado por muchas situaciones complejas a la cercanía de la elección y derivó en esto. Hay muchas cosas que no estoy de acuerdo, que me las voy a guardar", concluyó el entrenador.
Condenados por la Justicia
El exintendente de Artigas Pablo Caram, la exdiputada blanca Valentina Dos Santos, y el exdirector general de la comuna Rodolfo Caram fueron condenados la semana pasada por el caso de las fraudulentas horas extra otorgadas a funcionarios, y que totalizan una suma de US$ 8 millones (que gastó en horas extras entre 2020 y 2022).
La Corte Electoral los declaró inhabilitados a ejercer un cargo público por tener suspendida la ciudadanía —en concordancia con la Constitución.
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