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Responsabilizar penalmente a legisladores por lo que dicen en redes: un debate que toca a la Constitución

Jorge Díaz propuso crear una ley que interprete un artículo de la Constitución para que senadores y diputados sean responsables civil y penalmente por sus dichos en las redes sociales.

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Cámara de Diputados. Foto: Gerardo Pérez
Cámara de Diputados
Foto: Archivo

El exfiscal de Corte Jorge Díaz planteó este miércoles un tema que provocó el debate en el plano jurídico: la necesidad de crear una ley que interprete un artículo de la Constitución, que “establezca que los legisladores no están ejerciendo su función cuando utilizan las redes sociales”.

Esto, señaló Díaz en su cuenta de Twitter, “permitirá que sean responsables civil y penalmente por sus dichos en las redes sociales, al igual que todos los demás ciudadanos”.

“Y que no se diga que es censura o que limita la libertad de expresión. Simplemente no aplicará la inmunidad civil y penal que tienen por sus dichos y serán responsables al igual que todos nosotros cuando nos expresamos. Todos iguales ante la ley y sin privilegios”, aseguró.

El artículo de la Constitución al que hace referencia Díaz es el 112, que establece que senadores y diputados “jamás serán responsables por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones”.

El País consultó al abogado constitucionalista Martín Risso sobre el tema, quien apuntó que “la Constitución no protege los dichos y opiniones en redes sociales, por lo tanto hoy ya podría ser responsabilizado un legislador”.

“La prohibición constitucional está en el artículo 112, y lo que dice es que (los legisladores) no serán responsables por votos u opiniones emitidos en el desempeño de su cargo, pero cuando están en redes sociales no están ejerciendo su cargo”, señaló.

En esta línea, destacó que “perfectamente puede ser denunciado penalmente un legislador, no por lo que diga en la cámara, pero sí por lo que publique en redes sociales”.

Ante la pregunta de si la Cámara debe levantar los fueros por una denuncia a un legislador a raíz de su actuación en redes sociales o si el mecanismo no es necesario, Risso señaló que "son dos cosas distintas, una cosa es la responsabilidad por sus opiniones. La responsabilidad de un legislador por sus opiniones en redes es igual a la de cualquier persona, no tiene ningún tipo de inmunidad. Y otra cosa es someter a un juicio penal a un legislador, para eso sí hay que pedir el desafuero".

"La responsabilidad es exactamente igual a la de cualquier persona, lo único que tienen un beneficio, que antes de iniciar un juicio penal hay que consultar a la Cámara", añadió. En este sentido, destacó que "el proceso de los fueros no se puede evitar, el pedido de desafuero está en la Constitución y eso hay que hacerlo".

Consultado sobre si los fueros se pueden evitar a través de una ley interpretativa de la Constitución, el abogado aseguró que "de ninguna forma, porque es clarísima la Constitución".

El artículo 114 de la Constitución establece que "ningún senador o representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aún por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93, sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa, y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente".

Por su parte, el abogado en Derecho Administrativo y Derecho de la Información Pablo Schiavi mostró algunos matices respecto a la propuesta de Díaz, aunque mirando el tema desde otra óptica. “Siempre somos partidarios de que haya lo que se entiende como una especie de regulación integral del uso de las redes sociales. Creo que eso es necesario, que las redes son parte de nuestra vida y que regulándolas de forma integral vamos a evitar excesos, como están ocurriendo ahora. Entendemos que solo penalizar sin un abordaje integral de todo esto es un error”, dijo a El País.

“Entendemos que no sería la solución. Entendemos que si se quiere penalizar incluso a diputados, senadores, por sus dichos en redes, existen canales, se hace una denuncia penal, el caso lo toma Fiscalía, y obviamente gozan de inmunidad, pero no es absoluta ni permanente, hay mecanismos para que esa inmunidad caiga”, señaló el abogado.

“Hoy hay formas de levantar los fueros, pero hacerlo puntualmente por ley para esto... ya tenemos un andamiaje jurídico que habilita esa vía. El tema de las redes es mucho más amplio que el caso puntual, y no somos muy amigos en lo personal de tocar la Constitución. Hay que buscar otra forma más integral que toque lo penal, que toque lo civil y que cada uno se haga cargo”, aseguró.

“En lo que estamos de acuerdo a nivel general en la opinión pública es que algo tenemos que hacer, porque el exceso del mal uso de las redes genera diariamente mucho daño", expresó Schiavi.

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