A poco más de 10 años de su implementación, el mercado legal de cannabis muestra una “situación de estancamiento”, según el extitular de la Secretaría Nacional de Drogas, Diego Olivera. El fenómeno se explica, según el exjerarca frentista, por diversas barreras de acceso que dejan afuera de ese mercado a cerca de la mitad de los usuarios adultos que podrían acceder a él. También porque la cantidad de sustancia legal ofertada es insuficiente para lograr el objetivo que se había trazado en su momento la regulación, que era sustituir el mercado ilegal.

Olivera hizo estas consideraciones en su tesis de posgrado de la maestría en Políticas Públicas ante la Universidad Católica del Uruguay (UCU) en la que propone una serie de cambios relevantes al modelo actual y donde, según precisó a El País, se trata de “bajar a tierra” los conceptos generales de lo que plantean las bases programáticas del Frente Amplio -de las que fue uno de los coordinadores en seguridad pública.

El trabajo indica que la última encuesta sobre uso de drogas en Uruguay, relevó en 2019 que solo el 31% de los consumidores adultos habituales declaró que él o algún familiar estaban registrados en alguno de los tres mecanismos de acceso previstos por la ley. Olivera identifica como problemas la insuficiente oferta de cannabis psicoactivo para cubrir la demanda, la escasa diversidad de productos disponibles, la irregularidad en la distribución y la baja cobertura territorial de los puntos de venta.

El Estado ha otorgado hasta el momento cinco licencias para producción, pero solo tres empresas se encuentran activas, con capacidad para producir hasta seis toneladas al año. Estas firmas, apuntó Olivera, están limitadas a plantar y producir las tres variedades que indica la regulación.

Se prevé que en el segundo semestre de este año se incluya una cuarta variedad. Entre 2018 y 2022, las farmacias comercializaron un promedio de 1,5 toneladas al año, el 37% de la producción autorizada a los licenciatarios.

Olivera planteó que el hecho de que las farmacias sean el único formato de venta al público supone una restricción significativa al desarrollo del mercado, por su limitación territorial y por un producto mayormente ajeno a las preferencias de los consumidores. Citando datos oficiales, indicó que los usuarios registrados en esta vía se incrementaron 144% entre 2018 y 2023, pasando de 35.246 a 86.207. Los datos administrativos sobre la operativa de venta indican que durante 2021 solo el 53% de los registrados realizó al menos un compra. En 2022 fue el 40% y en 2023 fue 58%. La oferta por usuario es hoy de 49 gramos anuales, unas 10 veces menos que lo que la propia ley establece. En tanto el precio del cannabis en farmacias se incrementó 135% desde 2017, mientras que el índice de precios al consumo lo hizo 48%. En el mismo período, el aumento en los clubes de membresía fue de 348%, superando los 10 mil suscriptores, entregando en 2023 unos 2.683 kilos a sus miembros. Esto representa un incremento de 20% con respecto a 2022 y 76% frente a 2021.

Foto: Juan Manuel Ramos

Por otra parte, marcó Olivera, la propia ley restringe una posible movilidad entre diferentes modalidades de acceso. Así, resulta imposible que los usuarios registrados en farmacias realicen compras puntales en los clubes de membresía, limitando la posibilidad de que las compras se enmarquen siempre dentro del sistema legal.

Basado en la última Encuesta Nacional de Drogas, Olivera estimó que el narcotráfico sigue siendo la vía de acceso más frecuente para el 19% de los usuarios registrados y para el 32% de los consumidores habituales.

Por otra parte, el 77% de los usuarios esporádicos y el 45% de los habituales no registrados dijeron no tener voluntad de comprar.

Una encuesta preliminar de la Latin American Marijuana Research (Lamri) indicó que el “temor a que el registro se haga público” es, con 32%, el principal motivo para no hacerlo. Otro 31% consideró “inútil” registrarse. Considerando valores actuales Olivera estimó que el mercado de cannabis puede tener un valor de entre US$ 25 millones y US$ 50 millones anuales.