AL PARLAMENTO

Una decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del 12 de agosto pasado de suprimir a partir del 1° de octubre 20 juzgados de Paz en doce departamentos del interior despertó el rechazo de numerosos legisladores blancos, del sindicato de funcionarios judiciales, del Colegio de Abogados del Uruguay y otros operadores del área que exigen que esa corporación dé marcha atrás con la resolución.

Por motivos presupuestales la SCJ decidió suprimir sedes judiciales en Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Rivera, Rocha, San José, Soriano y Treinta y Tres.

La decisión -que se hizo pública a final de la semana pasada- se debe, según la Acordada número 8119 del máximo organismo judicial, a una reorganización de los territorios jurisdiccionales con el propósito de mejorar la distribución de los recursos tanto humanos, como materiales y presupuestales de los que dispone.

Anoche se conocieron diversas reacciones de numerosos legisladores nacionalistas que se oponen a la decisión de la Corte.

Los diputados blancos Diego Echeverría y Mario Colman de Maldonado y Colonia respectivamente, pidieron citar en forma urgente ante la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes al presidente y ministros de la SCJ para que expliquen los fundamentos de su decisión que afecta a los departamentos donde los legisladores son oriundos.

“Entendemos que eso sería un retroceso para el funcionamiento de la Justicia en el departamento, complicando a los profesionales, funcionarios y a los usuarios” manifestó Etcheverry.

Por su parte, Colman entró en contacto con miembros de la SCJ para trasladarles la preocupación “por lo que implica la no existencia de estos juzgados” en varias zonas de su departamento.

En tanto, el senador Sergio Botana también salió al cruce de la resolución de la Corte y sostuvo que “quienes toman estas decisiones no están en el Uruguay, no entienden lo importante que es la existencia de los juzgados de Paz en el interior profundo”. El legislador blanco agregó que “se trata de una solución carísima, centralista e ignorante del país de la producción, del trabajo y de la gente que tiene que estar lejos de la centralidad que ven todos los días”.

Ante esta situación, la bancada de Senadores del Partido Nacional, le solicitará una reunión al presidente de la Corte, el doctor Tabaré Sosa Aguirre.

A todo esto, Walkiria Olano, abogada dirigente del Partido Colorado y directora de la Oficina de Tierras de la Intendencia de Cerro Largo, le dijo a la emisora La Voz de Melo que es una decisión tomada desde “el sillón de un burócrata” y que se desconocen las necesidades y la realidad de las población del interior. La funcionaria sostuvo que solo en materia de regularización de tierras, en el juzgado que se pretende eliminar en ese departamento hay 200 expedientes en curso.

Por su parte, el Colegio de Abogados del Uruguay remitió una carta a la Corte en la que le manifestó “su sorpresa” por la medida que, a juicio de sus integrantes, “produce un fuerte impacto en nuestra profesión y en el acceso a la Justicia”, solicitándole que suspenda su aplicación. Al mismo tiempo le pidieron llevar a cabo una videocionferencia con representantes de los colegios de abogados de todos los departamentos.

La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay también manifestó su rechazo al cierre de los juzgados de Paz y su presidente, Pablo Elizalde, dijo a radio Montecarlo que “se realizan cambios que afectan la vida funcional de los trabajadores, sin consulta a los involucrados ni al gremio que los representa”, y agregó que “no encontramos razones más que aquellas de índole económico, ya que no se tiene en cuenta si las sedes que permanecen están cerca de otros servicios públicos, si tiene lugar para albergar más funcionarios, etc. No se toma en cuenta el acceso a las sedes que permanecerán, existencia y frecuencia de transporte , lo que afecta tanto a funcionarios como a más de 100 mil personas”.