Senado aprobó proyecto reparatorio hacia las víctimas de la guerrilla y generó controversia

El Senado aprobó ayer, con los votos de la coalición -18 en 30- el proyecto de ley impulsado por Cabildo Abierto que genera una reparación económica, social y moral “a las víctimas de ilícitos cometidos por organizaciones políticas armadas” entre 1962 y 1976.

Ya con la media sanción de la Cámara Alta, la iniciativa volverá a ser tratada, esta vez por los diputados en el próximo año. No obstante, hasta la tarde del pasado martes los diputados de Cabildo Abierto, en diálogo con El País, plantearon su expectativa porque la iniciativa fuera ingresada con carácter de “grave y urgente” ayer, algo que finalmente no ocurrió.

A pesar de las críticas que realizó el Frente Amplio, la discusión entre los senadores se dio sin mayores sobresaltos y sin agravios, actitud que fue valorada por los legisladores de todos los partidos. Pero desde la oposición asumen que la sanción del proyecto en el Senado fue exprés y que responde a una negociación política entre el Partido Nacional y Cabildo Abierto para que dejaran de lado -al menos en el Senado- sus planteos sobre la reforma jubilatoria. Consultado por esta resolución, el senador frenteamplista Charles Carrera dijo que desde su partido siempre hubo disposición a analizar la iniciativa, “siempre y cuando no haya negación del terrorismo de Estado”. Además, expresó que la celeridad con la que fue tratado el proyecto “parecería ser una moneda de cambio” de Cabildo Abierto.

“No puede ser que estábamos tratando ayer la reforma jubilatoria y pensionaria en nuestro país y resulta que a las 15:00 -del pasado martes- se convocó la Comisión de Constitución, a las 17:00 regresamos y hoy lo estamos votando. Aparentemente, acá existieron presiones desde Cabildo Abierto para que se diera trámite a este proyecto”, dijo el senador frentista.

Carrera manifestó que en el Frente Amplio tienen dudas acerca de la constitucionalidad de este proyecto y enfatizó que “en Uruguay no todas las víctimas del terrorismo de Estado fueron reparadas”.

“No tenemos claro si este proyecto podrá ser aplicado. Es un tema sensible que todavía existe. Hay mucho dolor en nuestro país por todas las ausencias, la falta de nuestros detenidos desaparecidos que los seguimos buscando. Es un tema en el que realmente no sabemos qué aplicación va a tener”, agregó.

El senador del Frente Amplio Eduardo Brenta ya había advertido el pasado lunes la “sorpresa” que generó en la oposición la velocidad con la que la coalición de gobierno trataba el asunto y deslizó también la posibilidad de que el texto fuera una “suerte de canje” con el que el Partido Nacional lograra sumar los votos de Cabildo Abierto para el proyecto de la reforma jubilatoria.

“Hay que preguntarle al Partido Nacional, pero nos sorprende la rapidez justamente en el momento en el que se está votando el proyecto de seguridad social y donde Cabildo está planteando modificaciones, algunas de mucha importancia que un impacto muy fuerte sobre la reforma. Sorprende un poco que esto venga de la mano con este proyecto que Cabildo propuso hace dos años y no fue de interés para nadie”, aseguró el legislador.

Por su parte, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech negó ayer en rueda de prensa que la celeridad con la que se dio trámite al proyecto responda a algún tipo de presión que supuestamente ejerció el partido que integra.

“Esto no es moneda de cambio por ningún voto, es simplemente el reconocimiento demasiado tardío a un número importante de personas que en Uruguay se violaron sus derechos humanos y hoy son recordadas”, dijo el cabildante.

Y agregó: “Hubo víctimas icónicas de ese período, la más conocida es Pascasio Báez, casos de violación a los Derechos Humanos cometidos por grupos armados y nos parece injusto que no hayan sido reparados. Han sido ignorados por la historia”.

Luego, puso como ejemplo el relato de uno de los familiares que reclaman esta reparación: “Uno me decía: ‘el asesino de mi padre tiene un memorial. A mi padre no hay nada que lo recuerde. Solo su familia’”. Para Domenech “existen entre 80 y 100 personas” que deberían recibir una reparación.