Generación eléctrica

Ganaderos contra elevación del embalse de Rincón del Bonete.

Patricio Olivera es un productor ganadero que tiene 700 hectáreas sobre el río Negro en la séptima sección de Durazno, bien al este del departamento, a unos diez kilómetros del pequeño pueblo de Cuchilla de Ramírez, en las desembocaduras de los arroyos Malo y Clara. La zona es bastante plana y ganadera. Olivera y otros productores están en una cruzada para revertir una decisión que UTE tomó en diciembre de 2016 que entienden los perjudica directamente: el comienzo de los trámites necesarios para la expropiación (con miras a su inundación) de los bienes inmuebles circundantes a la represa “Rincón del Bonete” que se ubiquen por debajo de la cota “más 81”.

Unos 50 productores comenzaron en 2017 una acción por daños y perjuicios porque durante 4 meses de 2014 la cota del lago de “Rincón del Bonete” (o “Gabriel Terra”) llegó a los 81 metros lo que implicó la inundación de 10.000 hectáreas, algo que para Olivera fue “un desastre”. Durante seis meses en 2015 y el mismo lapso de 2016 el lago estuvo sobre 80 metros. Pero recién en 2018 los productores se enteraron de la decisión de expropiación, que asumen como una admisión implícita por parte de UTE de que el lago debe tener más agua y que más hectáreas deben inundarse.

En febrero pasado UTE les informó que un agrimensor se encontraba realizando trabajos de relevamiento en la zona y en ese momento se enteraron de la decisión de diciembre de 2016. Ante ello los abogados Carlos Delpiazzo y Maximiliano Cal presentaran un escrito, en representación de los productores, ante el Juez Letrado de Primera Instancia de 4° Turno en lo Contencioso Administrativo.

“Pues bien, la pretendida expropiación de los terrenos linderos al embalse de la represa Rincón del Bonete, viene a confirmar lo expresado por esta parte en su demanda, en cuanto, la ordenada gestión de expropiación, pretende dar un manto de legalidad a lo que UTE venía realizando por vía de hecho, es decir, disponiendo ilegítimamente de los predios linderos como si fueran suyos”, señala el escrito.

“En el mismo orden, las encomendadas gestiones de expropiación informan sobre el manejo de la represa realizado por UTE, que ha sido contumazmente ocultado a la Sede, en tanto UTE no ha cumplido con la intimación realizada, a efectos de agregar el programa de operaciones de la represa”, señala.

Olivera cree que la idea de subir el nivel del lago es “injusta”, “inconveniente” e “innecesaria” y se explica por qué UTE quiere, por un lado, tener que recurrir menos al respaldo térmico de generación que utiliza biocombustibles y que es más caro y, al mismo tiempo, seguir exportando energía. Según Olivera, dado que actualmente la demanda eléctrica se abastece fundamentalmente con energías renovables, la motivación de UTE es meramente económica y no toma en cuenta la afectación a los productores.

Olivera cree que perdería el 20% de su campo. “No existimos para la UTE, no avisan nada, es un abuso”, se lamenta. Asegura que, para otros productores, la expropiación para inundar implicaría perder la tercera parte de sus parcelas.

Subir la cota de 80 a 81 metros tiene el potencial de inundar 10.000 hectáreas, porque se agregarían 1.300 hectómetros cúbicos de agua. Se calcula que hay 800 padrones que se verían afectados y UTE asignaría unos US$ 40 millones al pago de las expropiaciones, un monto que recuperaría sin dificultades con lo obtenido por exportaciones, dice el productor.

En octubre pasado Olivera le envió un memorándum a la directora de Energía, Olga Otegui, en el que escribió que es injusto que “un ente industrial y de servicios PÚBLICO (sic), con manejo totalmente arbitrario de sus tarifas por su carácter monopólico y de posición dominante (…) nos descapitaliza compulsivamente en base a un distorsionado y falso concepto de “utilidad pública”.

“Al levantar la cota y aumentar los 1.300 hm3, es evidente que aliviar (verter) ante eventos de copiosas lluvias (…) será mucho más riesgoso tanto para la presa como para los pobladores río abajo, que si se mantuvieran los actuales 80 metros”, agregaba el escrito.

En la resolución de directorio por la que UTE decidió comenzar los trámites de expropiación se señala que “resulta procedente promover decisiones que concilien adecuadamente los intereses de los propietarios afectados con los requerimientos a futuro del sistema eléctrico, bajo la premisa de que el interés general prima sobre el particular, y que nadie puede ser privado de sus derechos sin una justa compensación”.

“El lago del Rincón del Bonete, por sus características, es la herramienta fundamental para la gestión de la energía en los plazos estacional y anual y por lo tanto es especialmente útil asociado a los importantes cambios operados en la matriz de generación eléctrica de los últimos años en el sistema uruguayo”, decía también la resolución. También se señala en los considerandos que “desde un principio se contempló la posibilidad de crecidas máximas que pudieran afectar hasta la cota “más 86”. “Por esa razón, las disposiciones legales reiteran la declaratoria de utilidad pública a los fines expropiatorios, para los inmuebles comprendidos en esa curva de nivel”, agrega.

Esta resolución parece ir en contra de otra del 4 de setiembre de 2014 por la que se respondía a un pedido de informes del entonces diputado Antonio Chiesa. “La política de operación del embalse no ha cambiado desde el llenado inicial del mismo en el año 1945, ni tampoco se prevé que cambie en el futuro (…) Se indica que el cambio de matriz que se está realizando en nuestro país no tendrá influencia sobre los niveles del embalse cuando estos se encuentran cercanos a la cota 80, ya que para esos valores el nivel estará determinado por las precipitaciones que ocurran. Mientras tanto, entre las cotas 70 y 80, es esperable un descenso sensible del promedio de los niveles ya que la mayor cantidad de energía disponible (debido a los parques eólicos) permitirá gastar más el agua del embalse”, decía.

Cuando el martes pasado El País intentó obtener la versión del presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, sobre el tema su secretaría solicitó un cuestionario por escrito que se le envió. Dos días después allí mismo se indicó que por motivos de agenda Casaravilla no podría responderlo antes del fin de semana en el que se iba a publicar esta nota. Tampoco respondió el vicepresidente de UTE, César Briozzo.

El 18 de setiembre se publicó un decreto por el cual UTE expropió un inmueble en la quinta sección de Durazno, en el centro del departamento sobre el río Negro. Los resultandos dicen que “el inmueble de referencia será destinado a la ampliación del lago de la represa “Dr. Gabriel Terra”. La toma de posesión de la fracción fue declarada “urgente”.

Se oponen a que entren a medir los predios

Miguel Laxalde tiene 2.200 hectáreas en Tacuarembó, entre Achar y Cardoso. En su establecimiento tiene ganado Aberdeen Angus. Cuenta que su abuelo tuvo problemas en el corazón cuando la primera expropiación para construir la represa Gabriel Terra y murió por eso. “En esa época UTE pagaba muy poquito”, dice. Su tatarabuelo fue el primer propietario del predio. “Ahora vinieron a medir el campo y el abogado me dijo que mientras tengamos juicio con la UTE, no abra. Se nos inundó cuando les dio la gana. Cuando hay inundación se afecta la comida y hay que sacar ganado o malvender”, señaló. “Ellos pueden bajar el lago. Lo dejaban crecido, no hacían nada por bajarlo”, dijo. “Los bajos son los campos mejores y son los que se inundan. De pronto se inunda el 10% pero te afecta en un 30%”, agregó Laxalde.

Nicolás Maggi tiene desde 2002 un campo de 705 hectáreas entre las localidades de Chamberlain y Peralta (Tacuarembó) y calcula que la expropiación le restaría 100 hectáreas. “Por el mal manejo del lago se generaron inundaciones y cuando se retira el agua quedan pasturas de menor calidad. Han usado como han querido el nivel del agua. La viabilidad del sistema ganadero está en función del tamaño. Y los costos fijos altos que hay se pueden diluir más en los establecimientos grandes. Yo no quiero una indemnización. Mantengo la esperanza de que por alguna vía esto se detenga, porque me va a afectar la productividad”, dijo a El País. Por dos veces impidió este año el ingreso de agrimensores a su establecimiento pero luego debió permitirlo a instancias de una alguacil. Y ya le colocaron mojones en su campo indicando hasta donde llegaría el agua.

Patricio Olivera (en la foto) dice que las inundaciones por el manejo del lago dañan el monte nativo que es sombra y abrigo del ganado y agravan la erosión de la tierra.

También está preocupado Benito Van Lomel que tiene un establecimiento de 139 hectáreas, unos 12 kilómetros al noreste de Paso de los Toros, sobre el embalse. Allí tiene unas 130 cabezas de ganado. “Vinieron a medir y no los dejé entrar. Me tenían que mostrar un papel. Me pareció poco serio, no puede ser así, de “boca”. Van Lomel tiene 64 años y llegó al lugar en 1959. Vive allí con su esposa, Sus hijos se fueron de la zona.