RECURSO DE AMPARO

Presidencia de la República envió ayer dos abogadas al Tribunal de lo Contencioso del juez Carlos Waldemar Aguirre. Llevaban la misión de responderel recurso que planteó el Partido Independiente por el uso de la página web del Poder Ejecutivo.

Una de las abogadas presentó un poder de representación (o testimonio) que había vencido en el pasado mes de febrero. No pudo actuar. La defensa de Presidencia quedó en manos únicamente de la abogada María del Carmen González.

Del otro lado, Pablo Mieres y Gerardo Sotelo, en representación del Partido Independiente, se presentaron con su abogado, Pablo Donnangelo. El pasado 9 de octubre el PI presentó ante el Contencioso Administrativo un recurso de amparo por “la ilícita aplicación de recursos públicos por parte de Presidencia de la República en campaña electoral a favor de su propio partido político”, en referencia al Frente Amplio.

El documento del PI presenta declaraciones de miembros del Poder Ejecutivo, que se publicaron en la web de Presidencia. En ellas los integrantes del gobierno se muestran muy críticos con propuestas presentadas por candidatos y técnicos de los partidos que integran la oposición. Las pruebas de los demandantes incluyen entrevistas a los ministros Ernesto Murro y Danilo Astori.

El recurso presentado pretende que la Justicia ordene a Presidencia de la República retirar, en “un plazo máximo de 24 horas”, ese tipo de notas de su sitio web.

En el escrito se sostiene que Presidencia de la República incurrió en la “flagrante violación” de los artículos 58 y 77, numeral 5 de la Constitución, así como de “diversos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos” al utilizar la web oficial “para irrumpir en cuestiones propias de la contienda electoral, que le está expresamente vedada”.

La representante de Presidencia sostuvo que la demanda debe ser rechazada por razones formales, dado que, según lo expuesto por la abogada González, la acción no cumple con determinadas normas y “no tiene basamento jurídico que la sustente”.

“La página web de Presidencia no es el espacio personal del presidente sino del Poder Ejecutivo todo, así como quienes quieran participar libremente, como en reiteradas ocasiones lo hizo el señor Mieres y otros representantes del Partido Independiente”, dijo la abogada.

Un tema central de la audiencia era saber quién es el responsable del servicio de comunicación. La abogada aclaró que era Presidencia de la República. Allí se detectó que el artículo 77 de la Constitución, en su inciso 5, prohíbe al presidente intervenir en “ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral”.

El juez Aguirre propuso una fórmula conciliatoria: “a efectos de salvaguardar la figura de la Presidencia de la República, como garante institucional de un sistema republicano y democrático de gobierno, se aviene a sacar de la página web la comunicación realizada y a ordenar a José Luis Veiga (director de Comunicación) se abstenga de publicar cualquier cosa de contenido electoral”.

El PI respondió que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo. Del lado de Presidencia, la abogada dijo que tenía que consultar a sus mandantes. El juez Aguirre se sorprendió y le dijo a la abogada que si estaba allí era porque tenía facultades para negociar. De todos modos, la profesional salió de la sala de audiencia y se comunicó con el secretario general de la Presidencia, Miguel Ángel Toma.

Volvió la abogada con la negativa como respuesta. La reacción del magistrado fue contundente: “Se ve que no era alguien entendido en Derecho a quien usted le trasmitió” la propuesta.

El juez dará a conocer su fallo mañana miércoles a la hora 14:15.