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polémica

Pit-Cnt evalúa acciones políticas y jurídicas ante "seguimiento ilegítimo" a Abdala por parte de Astesiano

La central sindical sostiene que esto recuerda a “épocas oscuras de la historia reciente del país” y que "pone en entredicho la calidad democrática del Uruguay”.

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Sede del Pit-Cnt
Sede del Pit-Cnt
Foto: Archivo El País

La divulgación de nuevos mensajes enviados por el exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, provocaron la reacción de la central sindical, luego de que uno de los audios apuntara directamente contra el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala.

El Pit-Cnt emitió un comunicado ayer en el que expresa su “rechazo enfático” y anunció que tiene en consideración realizar eventuales “acciones políticas y jurídicas”.

Esto se da a partir de que La Diaria informó que en mensajes de audios y chats enviados por Astesiano manifestaba que utilizó las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior para seguir los pasos del presidente de la central sindical cuando tuvo un accidente de tránsito en 2022.

En aquel entonces se corroboró que Abdala estaba manejando su vehículo luego de haber ingerido alcohol y por eso su libreta de conducir fue suspendida durante meses.

El exjefe de la custodia presidencial compartió con el director ejecutivo de la Policía, Jorge Berriel, el material gráfico con el recorrido del auto de Abdala antes del choque y le envió un audio al secretario privado del presidente Luis Lacalle Pou, Nicolás Martínez: “Hay que matarlo a este hijo de puta”, informó El Observador ayer.

En otro pasaje del intercambio entre Astesiano y Martínez, según informó el portal, el secretario de Lacalle Pou le pregunta si esa situación se estaba dando en ese momento y si había chocado “mamado”. El excustodio le respondió que era así y que esperaba le hicieran el control de espirometría cuanto antes.

“Las cámaras no me dejan ver mucho, viste. Pero estoy con todo eso ahora. Ya estoy pidiendo resultado de espirometría y todo”, le dijo Astesiano, según el raconto hecho por El Observador.

En el texto del comunicado, el Pit-Cnt rechaza el “seguimiento ilegítimo de Abdala” y sostiene que es un “hecho gravísimo” que recuerda a “épocas oscuras de la historia reciente del país”.

Asimismo, se asegura en el documento que esa práctica “vulnera las garantías individuales y las libertades públicas y pone en entredicho la calidad democrática del Uruguay”.

El seguimiento de Astesiano a Abdala se conoció este miércoles en una publicación de La Diaria y la central sindical comunicó que “todo lo que surge a partir de la filtración de estos audios denota una clara intencionalidad política de perjudicar a los involucrados”.

“El seguimiento ilegítimo a un militante sindical, como a cualquier ciudadano para perjudicarlo, representa un hecho de altísima gravedad y pone en jaque las mejores tradiciones del país, ya que se utiliza para esos fines los recursos y los instrumentos del Estado con una finalidad espuria y en total contradicción con el interés general que debe orientar la acción de los funcionarios de gobierno”, se indica en el comunicado de la central sindical.

Y agrega: “Este episodio se inscribe en una sucesión escandalosa de presuntos seguimientos ilegítimos y de utilización de los recursos públicos para fines personales o políticos”.

“La utilización del aparato estatal para amedrentar y perseguir a ciudadanos, adversarios políticos y activistas sociales, hace recordar a las épocas más oscuras de nuestra historia reciente que no queremos volver a repetir. Estaremos atentos al devenir de estas situaciones, evaluando las acciones políticas y/o jurídicas a nivel nacional e internacional necesarias para la defensa de la democracia, la república y las libertades”, finaliza.

Dirigentes del Frente Amplio también salieron al cruce. La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, publicó en su cuenta de Twitter que se hace un “daño a la democracia y a la libertad” y llamó a que “todo el sistema político se tome esta crisis en serio”.

Por su parte, el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Alejandro Sánchez, afirmó que existe “una democracia vigilada avalada por el gobierno”.

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