Personería jurídica: tolerancia del Pit-Cnt, pero malestar en Cabildo Abierto

Este martes se aprobó en el Parlamento la Ley de Personería Jurídica de las Organizaciones Profesionales y Empresariales, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La versión final de la norma no despierta grandes resistencias sindicales ni empresariales, pero sí generó disconformidad en filas de Cabildo Abierto.

En una semana clave para proyectos centrales de los socios de la coalición de gobierno, el senador y líder cabildante, Guido Manini Ríos, remarcó que la discusión parlamentaria le dejó “gusto a poco”. Es que durante la sesión del Senado su partido pretendía sumar dos aditivos, que solo fueron acompañados por el legislador nacionalista Sebastián Da Silva.

De ser aprobados, hubiesen consagrado el voto secreto para elegir las autoridades gremiales y eliminado la obligatoriedad de que las empresas actuasen como agentes de retención de las cuotas sindicales.

Manini Ríos consideró que los artículos eran “esenciales”. “Ya que se habla tanto de libertad responsable, esto era para otorgarle mayor libertad tanto a los trabajadores como a las empresas”, aseguró el senador en Radio Oriental.

Sebastián Cal, diputado cabildante que impulsó estos cambios en 2020, dijo que está “sorprendido” y “decepcionado” porque hasta último momento contaba con que algunos pares de la coalición levantarían la mano.

“En momentos donde varios se han llenado la boca con el valor de la palabra, pregunto a los senadores que habían dicho que acompañarían el voto secreto, qué pasó”, afirmó Cal en diálogo con El País.

Para el legislador, la versión final de la ley es un “saludo a la bandera” ya que las organizaciones no están obligadas a adquirir la personería jurídica, aunque sí será un requisito para gozar de ciertos beneficios. Incluso, dijo que la ley “está hecha casi que a medida de las necesidades de los sindicatos” y cuestionó las motivaciones de los senadores blancos y colorados que no acompañaron su propuesta: “Es difícil encontrar una explicación lógica que no sea quedar bien con los gremios”.

El director nacional de Trabajo, Federico Daverede, explicó a El País que la imposición por ley del voto secreto hubiera contravenido los principios generales de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Marcelo Abdala, presidente del Pit-Cnt, también reconoció que “en general” la norma aprobada respeta los parámetros de la institución rectora, cuando los cambios propuestos por Cabildo Abierto para él hubieran supuesto lisa y llanamente una “reglamentación antisindical”.

No obstante, la central obrera cuestionó la “asimetría” en las exigencias a sindicatos y a empresas. Abdala señaló que no se incorporan sanciones y mayores obligaciones para que los empresarios cumplan con dar información durante las instancias de negociación colectiva. Pero, por otro lado, la personería jurídica comienza a ser un requisito para que se pueda descontar la cuota sindical automáticamente de una organización.

“Es un proyecto sesgado contra el trabajador”, planteó Abdala en este sentido. Como algunos senadores del Frente Amplio, que no votaron el proyecto de ley, el Pit-Cnt cuestionó el contexto en que se aprueba, en el que entiende que hay una “notoria discriminación antisindical”.

Según el registro de la central obrera, la “inmensa mayoría” del movimiento sindical ya cuenta con personería jurídica, un instrumento del que Abdala se declaró “hincha”. El Pit-Cnt todavía no la tiene y su presidente dijo que “no descarta” tramitarla más adelante, aunque agregó que esta es una discusión que todavía no está en la agenda, concentrada ahora en temas como la oposición a la reforma jubilatoria.

Daverede destacó que el nuevo marco normativo “da a los responsables de las agremiaciones mucha protección”. Por ejemplo, porque sin la personería jurídica el arrendamiento de locales o la apertura de cuentas bancarias recaen sobre los particulares.

Asimismo, si una empresa inicia acciones judiciales por daños derivados de una medida sindical, se podrá ir tras el gremio que la promovió y no contra los trabajadores involucrados individualmente.