Al recorrer la rambla este de la capital, los montevideanos se encuentran con varios paradores de la Intendencia de Montevideo que están en ubicaciones privilegiadas, pero que están cerrados. Uno de los ejemplos más claros es el ex Che Montevideo, a la altura del barrio Punta Carretas.
Dejó de funcionar con su antiguo nombre en 2018 y en 2021 adjudicó una nueva licitación para que una empresa acondicione el predio y lo explote comercialmente.
Cinco años después, la vieja estructura fue demolida y se construyó un nuevo local llamado Pier 21.
La intención era inaugurarlo en febrero de este año, pero no sucedió. Ahora, fuentes de la comuna dijeron a El País que esperan que abra en fines de setiembre o ya en el mes de octubre. Explicaron que faltan algunos permisos y que se haga un ascensor para personas con discapacidad. Por lo demás, la obra ya está hecha.
Tiene dos pisos. En el de abajo hay dos salones, uno para 200 personas y otro para 90, que además se podrán unir. En el de arriba habrá un bar y restaurante; hoy ya se puede ver, desde el lado de la playa, el balcón con paredes bajas de vidrio y bancos de madera que da al mar.
La empresa que ganó la licitación, FREMISO S.A., invirtió más de un millón de dólares en la obra, según dijeron fuentes empresariales a El País.
Por su parte, una vez que inicie la explotación, deberá pagar un canon fijo mensual de 72.090 unidades indexadas, que con el valor actual implican cerca de $480 mil. Además tienen un canon variable: si el 2% de los ingresos mensuales superan el monto fijo, se debe pagar la diferencia.
FREMISO ganó la licitación por cuatro años a partir de la explotación comercial. Ese periodo es prorrogable a cuatro años más, según una respuesta que dio la intendencia a un pedido de informes que hicieron los ediles blancos de la Lista 22.
Kibón y Buxareo
Si se sigue avanzando hacia el este por la rambla y se llega hasta el barrio de Pocitos, se observan dos paradores que también están inactivos.
Por un lado está el Parador Buxareo, en la Rambla Charles de Gaulle, a la altura de la calle justamente Félix Buxareo. Es un local pequeño que está adjudicado a un privado, con un canon fijo mensual de $115 mil, pero que nunca se explotó. La intendencia definió rescindir el contrato a la empresa, pero todavía no tiene claro qué hacer con este parador.
Y muy cerca de este, se encuentra uno de los locales principales que tiene la intendencia: el ex Parador Kibón.
Ninguna empresa tiene su concesión desde hace más de cinco años y el espacio solo se utiliza para eventos puntuales. Pero la administración de Mario Bergara preparó una licitación para cederlo durante diez años.
El pliego de la licitación, al que accedió El País, establece un canon fijo anual de igual o superior a 750 mil unidades indexadas, que se traduce en casi $5 millones por año. También habrá un canon variable igual o superior al 5% de lo que se recaude mensualmente. Cada oferente hará su propuesta para estos dos tipos de canon a partir del mínimo definido.
El departamento de Desarrollo Económico, encabezado por Camilo Benítez, es quien lleva adelante estos procesos. Junto a Kibón se preparó además un pliego para licitar el predio de un restaurante del Parque Rodó que supo ser icónico: el Forte di Makalle.
La expectativa de la intendencia es lanzar las licitaciones en el segundo semestre de este año y adjudicarlas a principios de 2027, según dijeron fuentes departamentales.
La visión de la alcaldesa
Matilde Antía, la alcaldesa del Municipio CH, que abarca barrios como Pocitos y Punta Carretas, valoró positivamente que se estén recuperando estos paradores, como el predio del ex Che Montevideo.
“Veo muy importante que estos espacios pasen a estar en manos de inversiones privadas”, dijo en diálogo con El País.
“Esto mantendrá la zona limpia, resguardada, pero además, con una oferta más para quienes visitan la rambla”, sostuvo la alcaldesa blanca.
“Pasamos de espacios vandalizados a espacios recuperados y con oferta para los residentes de Montevideo y turistas”, concluyó.
Se pospuso la votación
Los pliegos para Kibón y Forte di Makalle deben ser aprobados por la Junta Departamental. Iban a ser votados el martes 4 de agosto en la Comisión de Legislación, pero la votación se pospuso.
El edil blanco Gonzalo Gómez encontró algunos errores de redacción en los pliegos. Además, propuso algunos cambios de mayor magnitud.
Por ejemplo, Gómez planteó que a la hora de elegir la propuesta ganadora en la licitación tenga más peso “la obra urbanística o el plan de negocios” en lugar de otorgarle tanta relevancia la dimensión económica.
“Si no, esto puede fracasar nuevamente, como pasó en otros casos, donde ofertas que planteaban un canon alto ganaban, pero después no tenían capacidad de cumplimiento y no se hacían las obras”
Entre otras cosas, el edil pidió que la intendencia sea más rigurosa ante dos aspectos: el pedido de habilitaciones antes de abrir el local y un eventual cambio de rubro de las actividades allí después de adjudicada la licitación.
El pliego de Kibón dice que el destino comercial es “abierto”, aunque la intendencia tiene interés en que sea “multipropósito”. Añade que no se aceptarán proyectos residenciales, de hotelería, de supermercados o de juegos de azar.
Una vez adjudicada la concesión, los destinos podrán ser cambiados o ampliados con la autorización de la intendencia.
Lo mismo establece, básicamente, el pliego para el ex Forte di Makalle.
Gómez entiende que es “muy amplio” el campo de posibilidades que permite la intendencia y que, habilitando un cambio posterior solo con su autorización, puede darse una situación de “competencia desleal”.
“Por ejemplo, contrataron a una empresa por gastronomía, después pide que se cambie a una propuesta cultural y la intendencia se lo cambia. Pero quizás en la oferta inicial ya había una propuesta cultural, que había quedado sin efecto”, opina.
De todas formas, desde la intendencia dijeron a El País que le harán modificaciones menores a los pliegos, pero que a nivel sustancial, a pesar de lo que planteó Gómez, se mantendrá igual. En la comuna estiman que los pliegos volverán a la Junta en un plazo de un mes como máximo.
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