Redacción El País
Durante unos 45 minutos el presidente Yamandú Orsi dio un discurso, en su mayoría leído, ante empresarios, las principales figuras de su gabinete y pocos representantes de la oposición. El comienzo de su mensaje sorprendió porque se refirió a las críticas a sus “tropiezos discursivos y desvíos comunicacionales”. Lo que le siguió, como era de esperar, fue un repaso por su gestión de nueve meses, incluida la polémica con el astillero Cardama y un especial énfasis en la política de seguridad pública.
El presidente no solo abordó este martes los cuestionamientos a cómo se expresa sino que redobló la apuesta: “Adelanto que hoy va a ser un gran porrazo discursivo porque así va a ser mi tónica. Si no se entiende, se explica porque así es mi vocación docente. Lo políticamente correcto me tiene un poco cansado. Decidí que voy a decir lo que pienso una y otra vez, como he hecho siempre. Incluso voy a darme el lujo a veces de decir lo que siento”.
La seguridad pública —en el día después al evento de cierre de los encuentros previos a la creación del Plan Nacional de Seguridad— es uno de los principales temas que abordó. Orsi indicó que la política actual “no es un parche sino un camino” que van a “recorrer con inteligencia y convicción de que la seguridad es un derecho de todos y una responsabilidad del Estado”.
En esa línea, anunció que en febrero de 2026 comenzará la “intervención de cinco zonas”: San Antonio en Maldonado, Cerro en Montevideo, ciudad de Durazno y ciudad de Rivera —en sus respectivos departamentos— y barrio Talca en Las Piedras, Canelones.
El mandatario insistió en que “Uruguay debe caminar sostenidamente hacia la creación de una agencia nacional de inteligencia”. Esto —argumentó para quien “tiende a ver” de manera errónea a “la inteligencia como un instrumento totalitario”— se precisa porque el “crimen organizado hace tiempo que vino, se quedó, y viene por mucho más”.
Desde su perspectiva, “se ha simplificado dramáticamente” la discusión sobre cómo encarar la seguridad. “En un extremo —continuó Orsi ante el auditorio repleto— está la política de mano dura y, en el otro, la implementación de políticos sociales como única salida”. A su entender, “pareciera que estos dos enfoques secuestraron la discusión” cuando la “alternativa válida es la política pública basada en evidencia”. Y argumentó: “El crimen organizado no se combate gritando más fuerte sino con información, inteligencia, y trabajo articulado entre Fiscalía, Prefectura, Policía, organismos financieros, inteligencia del Estado y cooperación internacional”.
En otro pasaje de su discurso, el mandatario anunció que “en estos días va a estar pronta la reglamentación” de la ley de garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia que impulsó la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, en el periodo anterior, cuando era diputada de la oposición.
En la discusión en el Parlamento, la frenteamplista recibió el apoyo del entonces oficialismo porque se entendió que era una problemática que el país debía abordar. Una de las innovaciones de la ley es que crea una nueva institucionalidad denominada Gabinete de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia. Una vez que asumió el gobierno de Orsi, la demora en la reglamentación hizo que recibiera críticas de la actual oposición.
Uno de los primeros grandes golpes del gobierno a la oposición se dio con la decisión de rescindir en octubre contrato con el astillero español Cardama, al que se le habían comprado dos buques de patrulla oceánica (OPV), porque se comprobó que la compañía presentó una garantía falsa. Y, antes de que le preguntaran los periodistas, Orsi se refirió al decir que hubo “contratos que generaron revisión inmediata”. Se le abrieron “dos caminos” y vieron “inevitable transitar” el segundo: “mirar para otro lado y barrer bajo la alfombra o actuar resolviendo el problema”.
A lo que sumó: “Tengan la certeza de que van a estar las OPV”.
Antes de enumerar metas o logros del gobierno, Orsi habló sobre cómo recibió la administración de manos de su antecesor Luis Lacalle Pou. Pero aclaró: “No va a haber traslado de culpas sino aclarar".
"La herencia recibida no fue un desastre ni un paraíso. Porque así es Uruguay. Nos encontramos con un país con fortalezas macroeconómicas y es justo reconocerlo. Pero también con una situación más pesada y compleja de lo que teníamos o se nos había anunciado. Una realidad que combinaba problemas fiscales, sociales e institucionales que condicionan la capacidad de acción inmediata”, relató.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social estudia presentar un proyecto de ley que obligue a las empresas a avisar sobre los despidos colectivos o cese de actividades al gobierno. El líder de la cartera, Juan Castillo, indicó hace una semana que la idea “no es generar alarma sino garantías”, y explicó que la motivación parte de que compañías “se han ido de la noche a la mañana despidiendo a los trabajadores a través de un Estado de Whatsapp”.
Orsi, ante la consulta sobre la iniciativa, respondió que la cartera “analiza una disposición de la Organización Internacional del Trabajo” que se podrá o no traducir en una iniciativa legislativa.
“Vendrá a consideración de la Presidencia y después, por supuesto, resuelve el Parlamento. Tiene que tener su proceso de discusión. Cuando el ministerio entienda que está en condiciones de presentar alguna propuesta, la veremos y ahí resolveremos”, indicó, y consideró como “bueno” que se estudie la posibilidad, “más teniendo en cuenta lo plantea la OIT”.
El presidente actualizó números sobre los Consejos de Salarios que se realizan estos meses. En el Ballroom del Radisson de Montevideo, donde no cabía una silla más, indicó que el 30% de las mesas de negociación abiertas en esta ronda ya alcanzaron un acuerdo con las pautas del Poder Ejecutivo y que el “otro 30% está en vía de concretarlo”.
Por otra parte, Orsi aseguró que están “transformando la manera en la que el país atrae inversiones”. Esto es porque “Uruguay XXI se está reestructurando para operar con digitalización, eficiencia y una ventanilla única de inversiones que simplifica procesos, elimina trámites redundantes y acelera la llegada de proyectos productivos”.
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