Demora

La Cámara de Senadores espera por el Ejecutivo para sancionar la ley.

Brasil ya la tiene. Argentina la acaba de implementar. Uruguay está rodeado de las guardias militares de sus vecinos en las fronteras. Pero una demora burocrática en el gobierno que lleva meses retrasa la implementación del despliegue de las Fuerzas Armadas en los confines noreste y oeste del país.

Tráfico de armas y drogas, abigeato, contrabando, delincuencia común y hasta tráfico de personas están a la orden del día en las fronteras uruguayas pero, por ahora, la ley que autoriza el patrullaje y control en una franja de 20 kilómetros hacia el interior del país no se está aplicando.

En las fronteras argentinas los militares están presentes solamente para asistir a la Gendarmería, que viene a ser un cuerpo con características de fuerza intermedia, también denominadas de doble empleo, policial y militar. Algo similar a la Guardia Republicana uruguaya. El proyecto de ley a estudio del Parlamento implementa un mecanismo idéntico, es decir de asistencia a la autoridad nacional, sea la Policía, Aduanas o la barrera sanitaria del ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Uruguay tiene hoy en números redondos 15.000 efectivos en su Ejército, a razón de 6,5 uniformados por cada 1.000 habitantes. Es bastante más que sus vecinos fronterizos Argentina (1,9 cada 1.000) para una fuerza de 50.000 personas, y Brasil (1,7 por cada 1.000) en un Ejército de 204.744 militares, según un informe publicado días atrás por el matutino argentino La Nación.

El proyecto de ley que permite la participación de efectivos militares en la zona fronteriza en tareas de seguridad, en una franja de 20 kilómetros hacia adentro del territorio, excluyendo las ciudades, venía transitando bien en el Parlamento. Pero un pedido de la comisión de Defensa del Senado, que preside el nacionalista Javier García, lo detuvo.

Fue enviado al ministerio de Defensa y de ahí pasó a Secretaría de la Presidencia donde quedó trancado.

¿Cuál fue el problema? Una precisión. Tras ser aprobado en la Cámara de Representantes en mayo del presente año, cuando el proyecto comenzó a ser analizado en la comisión de Defensa concurrió el ministro Jorge Menéndez. García propuso una modificación en un ar-tículo donde se plantea que en el caso de intervención de las Fuerzas Armadas deteniendo a una o varias personas, se dé cuenta a la Policía o a la autoridad competente, si se tratara de un procedimiento aduanero o sanitario.

En el caso de un delito, según García y "para no alterar la cadena del mando lo que corresponde es que el soldado actuante dé cuenta directamente al Fiscal de turno. En caso de dar cuenta a la Policía eso afecta el mando y convierte a las Fuerzas Armadas bajo jurisdicción policial", señaló el senador.

"Al mismo tiempo si lo que se quiere evitar es que las Fuerzas Armadas se transformaran en auxiliares de la Justicia, como sí lo es la Policía, en este caso los militares terminarían siendo auxiliares de los auxiliares", sostuvo.

En la comisión ante Menéndez García propuso que lo que corresponde es que en caso de actuar un efectivo militar en un operativo, que dé cuenta al Fiscal y esté a lo que el mismo disponga.

El Fiscal de Corte Jorge Díaz compartió la iniciativa, señalando en la comisión de Defensa que si lo que se quiere evitar con el proyecto es que tras un operativo el soldado vaya al Juzgado, no se logrará sin esta precisión.

El Partido Nacional apoya la idea, tanto que antes de que el Poder Ejecutivo la hiciera suya hubo una iniciativa del diputado Jaime Trobo. La iniciativa contó en Diputados con el apoyo del oficialismo, el Partido Nacional, el Colorado, el Independiente y recibió el rechazo del diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio. Pero en el Senado se estima que se aprobará por unanimidad.

Más allá de lo que dispondrá esta ley, las Fuerzas Armadas ya participan en actividades que no son —o no eran— estrictamente parte de su cometido establecido por las respectivas cartas orgánicas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Recientemente el Parlamento aprobó una ley que permite la extensión hasta el año 2021 de la participación de los militares en la custodia del perímetro de las cárceles. Los militares también han colaborado numerosas veces con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en tareas sanitarias y se desplegaron en abril de 2016 en Dolores para evitar saqueos tras que un tornado asolara esa ciudad de Soriano.

Ese año también fueron movilizados militares para colaborar con la Policía a la zona de la frontera con Brasil cuando se estaban realizando allí los Juegos Olímpicos para mejorar la seguridad. En esa ocasión el Ejército movilizó a 500 efectivos para reforzar los controles, mientras que la Policía aportó otros 400, entre los que se contó con 250 hombres de la Guardia Republicana.

Las bases del Ejército se ubicaron durante ese operativo en las ciudades de Chuy, Río Branco, Aceguá, Rivera y Artigas. Además se desplegó un patrullaje a lo largo de toda la frontera, con jeeps y vehículos blindados. Se movilizó a unos 70 vehículos, cinco de ellos equipados con radares, cámaras de video y láser, tecnología que permite identificar a una persona a 12 kilómetros de distancia y a un vehículo a 40 kilómetros, con registro de 360°.