Redacción El País
El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, planteó en la Cumbre Latinoamericana de Seguridad que se realizó en Guayaquil (Ecuador) su preocupación por la posibilidad de que se instale en Uruguay el grupo criminal venezolano conocido como “Tren de Aragua” y porque se extienda el uso de fentanilo, que ha hecho estragos entre quienes lo consumen en Estados Unidos. El ministro dijo que son planteos y “preguntas difíciles pero que debemos hacerlas” y planteó que se debe tener “firmeza para dar las peleas qué hay que dar y valentía para ir hasta las últimas consecuencias con quienes infringen la ley”.

Durante la reunión, el brasileño-israelí Ilan Goldfjan, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), propuso crear una alianza regional para fortalecer la seguridad y la justicia en la región, coordinar la implementación de políticas públicas y la movilización de recursos. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay se sumarán a esta alianza y Ecuador se comprometió a asumir la primera presidencia. El BID anunció que ejercerá la secretaría técnica.

Goldfjan explicó que se busca “cortar el oxígeno” al crimen organizado a través de tres ejes: limitar su influencia entre las poblaciones más vulnerables, fortalecer las instituciones del Estado y suprimir su flujo financiero. Las diferentes organizaciones que participaron en el foro coincidieron en la necesidad de implementar mecanismos de control del flujo financiero. “Esa es la sangre que circula, y a menos que tengamos transparencia en el financiamiento, no vamos a tener control sobre el flujo y la corrupción”, dijo Tuesday Reitano, subdirectora de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

El BID propone apoyar a los países con asistencia técnica, capacitación, datos científicos y tecnología. “Tenemos que usar herramientas de análisis e inteligencia basadas en evidencias para saber dónde está el crimen, dónde hay que concentrar los recursos, porque enfrentamos a grupos más sofisticados”, explicó el presidente del BID. En ese sentido, la institución también anunció en Guayaquil un acuerdo con el Banco Mundial y el CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- para profundizar la cooperación para generar conocimiento y apoyar las políticas públicas en los países de la región relacionadas con el crimen organizado transnacional.

Foto: EFE

La discusión también giró en torno al análisis de los otros ejes de negocio que usan los grupos de delincuencia organizada para maximizar sus ganancias ilícitas y la facilidad que tienen para llegar a los mercados. “El Clan del Golfo estaba dedicado solamente al tráfico de cocaína; ahora está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes, en la trata de personas, y vemos a más grupos usando minería ilícita para lavar sus activos”, dijo Candice Walsh, representante de una ONG para la región andina, en uno de los foros.

“Un efecto negativo de la globalización es también la globalización del crimen; las estructuras criminales no son de un país, ni de una ciudad o barrio, sino que ocupan regiones enteras y tienen cadenas de logística intercontinentales”, dijo Daniel Noboa presidente de Ecuador y anfitrión de la cumbre.

Otro objetivo del BID es disminuir las oportunidades de estos grupos para reclutar a niños y jóvenes. El BID anunció su cooperación en un programa de prevención y respuesta a la violencia y criminalidad en Ecuador, similar al que se ha implementado en Costa Rica y Brasil, para crear centros de servicios sociales integrados para jóvenes en riesgo, y un nuevo modelo de servicio policial especializado

Martinelli dio la bienvenida al enfoque del BID y explicó en que consiste el “enfoque dual” que está implementando Uruguay, que combina la represión y la prevención del delito. “Lo más destacable de la cumbre es que el BID propuso un cambio en la forma de encarar la seguridad pública en la región. Le llaman enfoque interinstitucional y es lo mismo que nosotros estamos haciendo bajo el enfoque dual”, dijo. “O sea que estamos en el camino correcto”, señaló Martinelli.

El ministro aludió a la profesionalización de la policía, el apoyo jurídico y político que se le dio y las inversiones récord realizadas en tecnología. Martinelli contó sobre la implementación del sistema Shotspotter que permite localizar el origen de disparos y la utilización del sistema biométrico para garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas a las personas en prisión domiciliaria, etcétera y también se refirió a la reestructura del departamento de Homicidios de la Policía.

Entre lo que considera logros, Martinelli mencionó que bajaron un 40% las rapiñas con respecto a 2019, que se llegó a la cifra más baja de los últimos 10 años en materia de robo de vehículos, que se redujo un 50% el abigeato y que declinaron los hurtos un 25%. En cuanto a los homicidios el propio presidente, Luis Lacalle Pou, reconoció que “no hemos podido” con ellos. Durante los cuatro años y medio que lleva este gobierno se han registrado 1.591 homicidios mientras que en el mismo lapso de la administración anterior hubo 152 asesinatos menos.

Durante la conferencia delegados paraguayos se interesaron en la experiencia uruguaya con el uso de herramientas biométricas y chilenos buscaron información sobre el sistema Shotspotter que compró Uruguay.

Foto: Twitter de Nicolás Martinelli.