El auto circulaba por la avenida General Flores, cuando al llegar a la esquina de la calle Consulado fue detenido por inspectores de la Intendencia de Montevideo. El conductor exhibió una licencia de conducir de Canelones. Por su formato, los inspectores sospecharon que no era real.
Se comunicaron, entonces, con la comuna canaria, desde donde se les informó que no existían registros de conducir a nombre del propietario del auto, por lo que confirmaron de que estaban ante una licencia apócrifa, según se cuenta en una resolución de la IMM fechada el 25 de febrero de este año.
Posteriormente, la licencia de conducir "trucha" fue incautada por los inspectores. Ante la situación, el director interino de la División Jurídica de la Intendencia de Montevideo, Álvaro Richino, encomendó a la Unidad de Sumarios la realización de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación (FGN).
En enero y febrero de este año, sucedieron otros tres casos de presentaciones de libretas de conducir apócrifas ante inspectores de la Intendencia de Montevideo. En esas ocasiones, las libretas falsas tenían logos de las intendencias de Treinta y Tres, Maldonado y San José.
Desde 2004 a la fecha, la Intendencia de Montevideo detectó 404 falsificaciones de libretas de conducir y presentó denuncias penales en cada uno de los casos, según las resoluciones municipales a las que pudo acceder El País.
La Intendencia de Canelones también tuvo casos de licencias de conducir apócrifas. "Los inspectores se dan cuenta enseguida que están ante un documento falso por los códigos de seguridad, diseño y formato. Tenemos un acuerdo de trabajo con la Jefatura de Policía y estos casos pasan a la Fiscalía", dijo a El País el intendente de Canelones, Marcelo Metediera, quien en breve ocupará la presidencia de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).
Uruguay ya tiene aprobada la implementación de una libreta por puntos, recordó Metediera. El objetivo es que entre en vigencia en enero de 2026, luego de la reglamentación de la norma.
Según el borrador del proyecto de ley, cada conductor comenzará con ocho puntos y alcanzará un máximo de 15. Ganará puntos con el paso de los años si no comete infracciones. En caso de ser multado, perderá puntos.
Metediera consideró que, con la implementación del nuevo sistema, se deben "establecer penas más severas para aquellos choferes que manejen con licencias de conducir suspendidas".
El jefe comunal canario sostuvo que hoy esas infracciones son consideradas una falta —es decir, no existe sanción penal. Y explicó que los casos terminan en juzgados de Paz que están cargados de expedientes. Por eso, propuso el intendente canario, "se debe crear un Juzgado Vial para tratar los casos de conductores con libretas falsas. Ese juzgado se dedicará exclusivamente a asuntos vinculados al tránsito".
Venta por internet
Según fuentes de la Intendencia de Montevideo, la Policía detectó, en varias oportunidades, la venta de licencias de conducir apócrifas a través de Marketplace, la plataforma de ventas de la red social Facebook. En esas oportunidades, la Policía logró seguir el "hilo" y llegar hasta a organización que falsificaban y vendían los documentos apócrifos.
En tanto, una fuente del Congreso de Intendentes dijo a El País que muchas de estas libretas de conducir falsas son detectadas cuando los conductores protagonizan accidentes de tránsito, tienen sus autos inmovilizados y están obligados a presentar sus libretas de conducir a los inspectores o a los policías actuantes.
Operación Lisboa
En 2022, la Justicia condenó a tres personas en el marco de la Operación Lisboa, que investigó una red de falsificación de libretas de conducir en varios departamentos. La cifra de judicializados y/o condenados por el caso ascendió a más de 40, informó en aquel entonces la Jefatura de Policía de Canelones.
La operación comenzó en agosto del 2020 en Las Piedras (Canelones), cuando un funcionario municipal le pidió la libreta de conducir a un hombre que manejaba y este le presentó un documento falso adquirido en Maldonado.
A través de algunos indicios y pruebas tecnológicas, el caso derivó también en el descubrimiento de una maniobra delictiva de obtención de libretas protagonizada por una funcionaria de la Intendencia de Treinta y Tres.
Según informó la Fiscalía en su momento, los documentos que emitía la trabajadora eran legales, pero su obtención era ilegal y sin la realización de ninguna prueba de por medio.
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