DECLARACIÓN 

Ley de urgencia "supone un enorme retroceso para el país", según la Mesa Política del FA

"La iniciativa lesiona el funcionamiento de nuestra democracia", considera también el órgano del Frente Amplio.

Sede Central del Frente Amplio. Foto: Archivo de El País
Sede del Frente Amplio. Foto: Archivo El País

La Mesa Política Nacional del Frente Amplio emitió este viernes una dura declaración contra el borrador de la ley de urgente consideración que pretende llevar al Parlamento el gobierno electo ni bien asuma, en marzo de este año.

La declaración —aprobada por unanimidad— apunta contra el contenido y el mecanismo utilizado para llevar adelante estos cambios, que están recogidos en los 457 artículos de la ley de urgencia.

El texto comienza señalando que para el Frente Amplio dicha ley especial "admite serias objeciones de índole constitucional". Sobre el procedimiento de declaratoria urgente, entiende que se utiliza para "una amplia diversidad de temas y batería de medidas de gobierno que excede los límites impuestos por la propia Carta Magna", y agregan que "las urgencias se declaran porque preexisten, no se crean por voluntad del Poder Ejecutivo".

Sobre el procedimiento utilizado, "afecta negativamente el debido tratamiento de cada una de las iniciativas por parte del Parlamento Nacional y de los diversos actores de la sociedad, por lo que la iniciativa lesiona el funcionamiento de nuestra democracia".

¿Cómo es el trámite del proyecto de ley de urgente consideración? La cámara que recibe el proyecto cuenta con 40 días para tratarlo y la segunda cámara 30 días. Si la segunda cámara modifica el texto, la primera tiene 15 días para opinar sobre las modificaciones. Y, si aún subsisten las diferencias, la Asamblea General tiene un plazo de 10 días.

Si se vence el plazo y no hay pronunciamiento formal, la ley queda aprobada aún sin haberla tratado. Es decir, hay tres posibilidades: dejar pasar el plazo, aprobar (o rechazar) todo o una parte dentro de los plazos y tercero quitar el carácter de urgencia, como le pasó al presidente Óscar Gestido en 1967. Como cualquier ley, puede ser sometida a referéndum tras ser promulgada.

La declaración de la Mesa Política Nacional del Frente Amplio de hoy también sostiene que es "la confirmación de lo denunciado durante la campaña electoral", de la "existencia de un programa conservador y regresivo, el que se expresa por fin tras la elección, mediante este proyecto de ley".

Tras un "primer análisis" del articulado entienden que "supone un enorme retroceso para el país", donde "se pretende restaurar un modelo de funcionamiento de la economía sobre la base de la concentración de la riqueza en pocos manos".

Así como "el debilitamiento de lo público, la pérdida de transparencia del sistema financiero, la afectación de derechos sociales, laborales y económicos de grandes mayorías, avanzando en el marco legal que permita la privatización y consiguiente entrega a grandes compañías multinacionales de áreas estratégicas del Estado, con su implicancia de pérdida de soberanía económica y política para nuestra nación y sus posibilidades de desarrollo".

Además, entienden que se reducen "los espacios de participación social en temas sustantivos como la educación, e implantando medidas represivas rechazadas por la ciudadanía en el reciente plebiscito, como receta simple pero probadamente ineficaz para combatir el problema complejo del incremento de la violencia y el delito".

Esta declaración plantea que el Frente Amplio "asume el compromiso de analizar en profundidad los contenidos del proyecto". Para ello se anuncia la creación de "un grupo de trabajo sobre el tema, para la elaboración de un plan de acción".

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