Las cuatro razones por las que pidieron permiso a la IMM para instalar isla frente a Punta Gorda

“MVD 360”

La Intendencia de Montevideo negó su aval al proyecto “MVD 360” por el cual se quería instalar una isla -con viviendas, comercios y espacios verdes públicos- frente a la rambla de Punta Gorda. Todo esto es historia conocida. Lo que no se entendía hasta ahora era por qué los inversores decidieron pedirle permiso a la comuna que dirige Carolina Cosse para hacer algo en las aguas del Río de la Plata que están fuera de su jurisdicción. Según supo a El País de parte de fuentes cercanas al emprendimiento y del gobierno nacional, las razones para esto fueron cuatro.

El Código de Aguas es una normativa del año 1978. Allí se plantea, en el artículo 67, que “las islas que se formaren en ríos y arroyos navegables o flotables pertenecen al Estado”, pero en ningún momento se establece que a las intendencias de la ciudad más cercana.

Sin embargo, los gobiernos departamentales -en este caso el de Montevideo- deben sí dar su aval si se quisiera hacer un puente para llegar a la isla. Y esta es la primera razón por la que se le pidió permiso a la comuna.

Según supo El País, los impulsores de “MVD 360” manejaron la posibilidad de llegar a la isla a través de ferris. El problema se generaba en que estos deberían partir del Puerto de Montevideo, y el proyecto en cuestión fue pensado como una continuación de Carrasco, como una alternativa para quienes quisieran mudarse allí -lo mismo que ha motivado la generación de barrios privados.

La conexión con Carrasco -aunque estrictamente era con Punta Gorda- también era, entonces, lo que le daba sustentabilidad al proyecto, pues la idea era que familias de un alto poder adquisitivo se fueran a vivir a la nueva isla.

“MVD 360” de todos modos no se pensó como un plan para la generación de nuevos barrios privados. Al contrario, lo que se hizo fue incluir dentro del proyecto varios espacios verdes y de uso público, lo cual se entendía que lo podía hacer más atractivo a las autoridades que debían dar su permiso para poder realizarlo. Esto, finalmente, no pasó.

Además, se temía a que si se optaba por usar los ferris y no hacer la conexión, la intendencia igual pusiera el grito en el cielo por otras cuestiones. Por ejemplo, las construcciones previstas para allí iban a ser de gran altura, y la IMM podía alegar la presencia de “un fuerte impacto” que afectaría a los ciudadanos de Montevideo, pues cambiaría la vista que estos tienen desde la rambla.

El plan fue entregado tanto al Poder Ejecutivo como a la Intendencia de Montevideo, uno comandado por la coalición dirigida por el Partido Nacional y otro por el Frente Amplio. Con esto, la idea de los inversores era tener el aval de todo el espectro político uruguayo, para que nada se modificara en caso de que hubiera un cambio de color político con las elecciones de 2024.

Sin embargo, aunque el Ejecutivo vio con buenos ojos el proyecto, desde la intendencia la respuesta fue negativa. Cosse dijo que la isla sería “un agujero negro para todo Montevideo”.

Por último, un problema que la isla debía solucionar era el tratamiento de la basura que allí se generase. Aunque había planes alternativos al que incluía depender de la comuna, lo más económico y fácil era que los residuos pudieran procesarse en Montevideo.