Las claves del "alquiler social paralelo" que comenzará a implementar el Ministerio de Vivienda

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) ajusta los detalles de la instrumentación de una nueva política nacional de alquileres, combinando instrumentos que faciliten el acceso de los hogares a una vivienda teniendo en cuenta el ingreso. Esto incluirá un sistema de “alquiler social paralelo” al actual y se sumará un paquete viviendas de propiedad estatal.

El término no es oficial, sino que fue utilizado por algunos legisladores de la oposición, en una reciente visita de la ministra Tamara Paseyro a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, en donde expuso este y otros planes de la cartera.

Paseyro se demarcó de ese término. Como primer paso, dijo, se implementará un proyecto piloto, elaborado durante el último gobierno de Tabaré Vázquez que, además de la participación del sector privado, prevé un llamado a familias propietarias -en particular en el interior- interesadas en alquilar sus propiedades a través de un régimen con beneficios que incentive la incorporación al mercado de unidades a precios accesibles. Entre otras posibilidades, el Estado subsidiaría reciclajes o refacciones a familias propietarias de una vivienda deteriorada de la que no puedan asumir el costo de su recuperación para así volcarla al mercado.

“No vamos a hacer una megainmobiliaria, ni nos vamos a transformar en una empresa constructora”, aclaró, no obstante, la ministra Tamara Paseyro, en diálogo con El País. “Creemos que es una herramienta importante”, agregó, en un sistema que, según aseguró, se aplica en muchas partes del mundo y a mayor escala.

El proyecto piloto iniciado en el último gobierno de Vázquez llegó a contar con cuatro licitaciones, que llegaron a ser publicadas y que incluyeron 120 viviendas, a partir de una consultoría financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que después, por “decisiones” del gobierno de Luis Lacalle Pou, no se llevaron a cabo. La excepción fueron ocho viviendas recuperadas a partir de la casa en la que vivió José Enrique Rodó, en la Ciudad Vieja, próximas a concluirse. La ministra aclaró que el proyecto cuenta con presupuesto asignado.

En resumen, la idea es reinsertar en el mercado viviendas eventualmente desocupadas, dar una solución a las familias que no pueden afrontar las refacciones y, a la vez, garantizar el acceso de más familias a una vivienda.

El proyecto, cuyos detalles fueron presentados por Paseyro ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, forma parte de una serie de acciones que el ministerio se planteó -en línea con las prioridades definidas por el gobierno- en momentos en que la cartera se apresta a presentar, en los primeros días de julio, el Plan Quinquenal de Vivienda.

Otra de las apuestas, vinculada además a las acciones del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), es la implementación de otro proyecto piloto, denominado Crece desde el Pie, que comenzará en el segundo semestre de este año y cuyo objetivo será mejorar las condiciones habitacionales de los recién nacidos en contextos vulnerables, priorizando a las familias derivadas por Uruguay Crece Contigo. Según la ministra, se evaluará la vivienda en la que residan mujeres embarazadas y se intervendrá en caso que carezca de condiciones mínimas de confort.

Otro de los proyectos planteados es el Programa Primera Vivienda, que buscará facilitar el acceso y permanencia en una vivienda de calidad, con servicios y a un costo accesible, a aquellos que, si bien cuentan con capacidad de pago mensual, carecen del ahorro previo suficiente para ingresar a las opciones que hoy ofrece el mercado. Al respecto, se trabaja en una combinación de diversos instrumentos, como alquiler con opción a compra, garantía hipotecaria y alquiler social estatal.

En esa línea, se buscará también facilitar el acceso al crédito hipotecario a familias de ingresos medios, que hoy no califican ante el Banco Hipotecario. Así, se trabaja con esa institución para ampliar el acceso a sectores con niveles de ingresos inferiores al promedio de los clientes del pasado quinquenio.

También se plantean subsidios de diversas modalidades, personales o comunitarios, para el acceso a vivienda de personas que pernocten en la calle, víctimas de violencia de género, egresados del sistema penal adolescente o liberados de las cárceles. Será en acuerdo con otras instituciones competentes, como el Ministerio de Desarrollo Social o el INAU, a partir de soluciones habitacionales individuales o colectivas.

Entre las prioridades del ministerio se cuenta una mayor estímulo a los proyectos de vivienda destinadas a adultos mayores. Al respecto, Paseyro planteó ante el Parlamento su preocupación ante la reciente detección de cinco edificios culminados durante el pasado gobierno, pero queno cuentan con la recepción provisoria de obra. “Estamos siguiendo esta situación por la demanda de esta población”, señaló. “Tener cinco edificios vacíos, sin recepción provisoria para que puedan ocuparse nos preocupó”, agregó. Se trata de un trámite que depende de las inspecciones de las intendencias de los departamentos en que estén ubicados los inmuebles.

Para este período, la ministra de Vivienda planteó que para llevar a cabo las prioridades definidas se “asumirá un incremento presupuestal sostenido” con el objetivo de “duplicar” al final del quinquenio los recursos destinados a atender a la población con mayor emergencia y precariedad. Al respecto, Paseyro aclaró que, si bien el Plan Avanzar tiene un fideicomiso firmado a quince años, su financiamiento a través de los préstamos que tomó el pasado gobierno “no dan para terminar con toda la cartera de proyectos”. La financiación, afirmó, llega hasta 2026, por lo que ahora está conversando con el Ministerio de Economía y Finanzas para resolver, en definitiva, cómo se puede remediar esta situación.