La Junta Nacional de Drogas fortalecerá prevención y tratamiento en su plan de acción

El pasado 8 de setiembre finalizó el plazo que la Junta Nacional de Drogas abrió para recibir propuestas de la sociedad civil para analizar y, eventualmente, incluir en la Estrategia Nacional de Drogas 2026-2030. Con las 21 propuestas recibidas en su página web y los insumos obtenidos, se procederá a redactar un documento final y, por primera vez desde 1999, un Plan de Acción con objetivos y plazos concretos y medibles. La Estrategia y el Plan de Acción serán presentados en noviembre.

La JND tiene muy avanzado el trabajo y hay definiciones tomadas.

El director adjunto de la Junta Nacional de Drogas, Aldo Tomassini, explicó a El País que el nuevo plan busca continuar y reforzar el legado de las gestiones anteriores, colocando en el centro la gestión de riesgos y la reducción de daños. Uno de los énfasis de la gestión apunta a mejorar el funcionamiento de los dispositivos de atención a personas con consumo problemático de sustancias, tanto en el sector público como el privado.

En el eje de tratamiento en el sistema sanitario, el enfoque de la JND apunta al concepto metodológico “no hay puertas equivocadas”, que apunta a impedir que cuando una persona adicta llega a pedir ayuda a un hospital, centro de salud o dispositivo social sea rechazada por no ser el lugar indicado y quede a la deriva sin ningún tipo de seguimiento.

El objetivo es que todas las unidades asistenciales sean de acceso e interconectarlas, de manera de ampliar la red lo que permitirá dar respuesta a más gente. “Esto es para el sector público y, en el mejor de los escenarios, proyectamos incorporar al sector privado”, señaló. De esta articulación participan la JND, y los ministerios de Salud Pública y Desarrollo Social.

“También proponemos crear una unidad de enlace que permita el monitoreo de los dispositivos de manera de acompañar los procesos. Hoy hay ofertas de tratamiento o atención que cuando terminan no hacen seguimiento y las personas quedan sin saber a dónde ir o cómo continuar”, señaló. El sistema también se apoyará en el uso de nuevas tecnologías como la telemedicina y el desarrollo de una aplicación específica para celulares.

El Plan de Acción también tendrá foco en la prevención. Tomassini explicó que se desarrollará un amplio abanico de campañas, algunas universales y otras focalizadas y selectivas para determinados grupos poblacionales. “La prevención debe pensarse a lo largo de toda la trayectoria de vida, desde el embarazo hasta la adultez mayor”, señaló.

El énfasis estará en retrasar la edad de inicio del consumo, desestimular la intoxicación alcohólica temprana y abordar el impacto del uso de psicofármacos.

El documento base de la Estrategia que trabaja la JND señala que “tendrán relevancia particular las intervenciones en edades tempranas, con énfasis en el enfoque de ciclo de vida, en la salud mental perinatal y en la primera infancia, reconociendo la importancia de actuar de forma anticipada y sostenida”.

Las estrategias preventivas serán orientadas a partir de la facilidad de acceso a sustancias, de la ocurrencia de episodios de intoxicación o de usos compulsivos en la adolescencia, de la baja percepción de riesgo sobre ciertas sustancias y de los inicios tempranos en el uso de algunas drogas.

Se pondrá énfasis en los escenarios de alta exposición como eventos masivos, espacios nocturnos y entornos digitales, entre otros. Se desarrollarán estrategias comunicacionales sostenidas, participativas, accesibles, integradas a diferentes plataformas y públicos. Estas campañas serán diseñadas con participación juvenil y adaptadas a entornos escolares, comunitarios y plataformas digitales. El plan prevé campañas en redes sociales con énfasis en influencers.

Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El País.

Durante octubre la JND se dedicará a estudiar las propuestas de la sociedad civil recogidas en su página web y a través de encuentros presenciales en todos los departamentos del país de los que participaron académicos, investigadores, organizaciones sociales, empresas y hasta exsecretarios nacionales de drogas.

Una de esas propuestas que debe ser estudiada, aceptada o rechazada por escrito y fundamentación, fue elaborada por la Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay (ACCA).

Los cultivadores cuestionan la prohibición de acceso al mercado regulado de cannabis para los no residentes. Consideran que la regulación vigente “obliga a turistas y migrantes a recurrir al narcotráfico o al mercado informal”. Proponen eliminar la restricción para permitir el acceso “universal al cannabis de uso adulto”.

También cuestionan el decreto 128/016, que regula el testeo de drogas en el trabajo. Según la propuesta, los tests de saliva que detectan consumo hasta 72 horas atrás “vulneran la privacidad de trabajadores y generan suspensiones y despidos sin fundamento real”. Los cultivadores proponen suspender esas prácticas, y permitir solo controles con ventana de detección de hasta ocho horas, mientras se revisa la normativa para equilibrar derechos laborales y prevención.