Don Óscar Costa es un empresario agropecuario retirado. De profesión ingeniero informático, participó en negocios con barcos junto con el empresario y dirigente blanco Juan Sartori -con quien además trabajó en su proyecto político en 2019.

Posteriormente, armó una empresa forestal y plantó millones de árboles, según cuenta, en el interior del país. En un momento llegó a presidir la Asociación de Empresas Forestales del país. Hoy está retirado después de más de tres décadas de trabajo.

Costa vive en Canelones, pero lo que le pasó con la Intendencia de Montevideo podría ser muy bien una continuación de la novela “El Proceso” del genial escritor checo Franz Kafka. En aquella ficción, el protagonista se adentra en una pesadilla para defenderse de algo que nunca se sabe qué es.

En las elecciones de 2019, Costa no fue candidato a nada. Al finalizar los comicios, un cartel de un grupo “Uruguay por el Cambio” colocado en la rambla Wilson fue denunciando ante un inspector de la Intendencia de Montevideo. Se le atribuyó a Costa un vínculo con ese grupo.

Costa dice que jamás perteneció a ese sector político. “Ese cartel no tenía nada que ver conmigo. Pero una persona le dijo a un inspector que el responsable de ese cartel era yo. Se me colocó una multa por tener cartelería en la vía pública”, explica.

El episodio ocurrió en 2019. La notificación de la multa nunca le llegó a Costa, según señala. Pasaron los años. A principios de este mes, la esposa del empresario retirado concurrió a un banco de plaza a pedir una pequeña línea de crédito para su empresa. La sorpresa de Costa fue enorme cuando se enteró que estaba en el Clearing de Informes por una multa impaga a la IMM. Por supuesto que la esposa del empresario retirado no pudo acceder al crédito.

Después de ser muy bien atendido en forma telefónica por una funcionaria y luego personalmente por una encargada de una sección de la Intendencia de Montevideo, Costa se presentó en Gestión Fiscal de la comuna capitalina. Allí le mostraron una notificación de la multa donde figuraba un documento de identidad que desconoce y la firma de una persona que tampoco conoce, según dice.

“En la notificación se sostiene que soy responsable del grupo político que ordenó colocar la cartelería política en la Rambla Wilson que obstaculizaba la visión. Pero yo no fui candidato a nada y no sé quiénes integran el grupo ‘Uruguayos por el Cambio’. No tengo nada que ver con esa infracción”, insiste.

Costa dice que lo que sufrió fue una “situación inédita” porque desde 2019 figuraba en el Clearing como el deudor de una multa de $ 4.654, que equivalían a cuatro Unidades Reajustables de la época. Cinco años después, cuando salta el problema en un banco, la deuda había trepado a más del doble, por multas y recargos.

El viernes 7, el empresario retirado salió de la sección Gestión Fiscal de la IMM muy enojado. Luego concurrió a la sección Convivencia Ciudadana donde se le aplicó la multa. Allí tuvo un entredicho con el jefe de la sección. Costa le dijo que no tenía nada contra él, pero le advirtió que recibir una multa y tener que pagar un dinero por algo que no hizo es una situación que genera enojo a cualquiera. Posteriormente, Costa abonó $ 9.322, el doble de la deuda original.

“Si no fuera por la línea de crédito que pidió mi señora para mi empresa, jamás me iba a enterar que tenía esa deuda. Insisto, jamás me pasó por la cabeza que figuraba como deudor contumaz en el Clearing de Informes”, sostiene.

Considera que la actuación de la intendencia desde el punto de vista institucional “fue un atropello” y una “falta de respeto” al contribuyente. “También hubo una apropiación indebida”, señala y agrega: “Actuó igual a lo que ocurría en la Unión Soviéntica”, advierte.