RENDICIÓN DE CUENTAS

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, será recibido este martes al mediodía por la vicepresidenta Beatriz Argimón y los senadores coordinadores de los partidos de la coalición de gobierno, para encontrar una solución presupuestal a un problema que tiene alarmados a los ministros de la corporación.

El conflicto se desató a partir de que la SCJ se percatara de que en la Rendición de Cuentas —que se está votando esta semana en el Senado— está incluido un artículo que priva al organismo de contar con una partida de $ 11 millones anuales, recursos que iban a ser destinados al mantenimiento del juzgado de género de San Carlos (Maldonado), y la puesta en marcha de otros dos que está planificado se instalen en Rivera y Salto próximamente.

El asunto había preocupado específicamente a Argimón, que en las últimas horas comenzó a negociar en la interna del oficialismo para eliminar esa disposición, la cual no había sido votada por la Cámara de Diputados, pero finalmente se incorporó cuando el proyecto pasó a discutirse en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado.

“Hay una enorme molestia con esta situación”, señalaron a El País fuentes de la SCJ, que indicaron que, de no corregirse, “el juzgado de San Carlos está en peligro” de seguir funcionando, y la inauguración de los otros dos —previstos en la ley de Presupuesto de 2020— directamente quedarían por el camino.

¿Qué propone el artículo que rechazan los ministros de la Corte? Lisa y llanamente priva al Poder Judicial del dinero que iba a obtener por las publicaciones de los edictos oficiales en su página web —dispuesto así en el artículo 89 del Código General del Proceso—, negocio que quedaría en manos de los diarios de circulación local.

“En los casos en que, correspondiendo notificar a domicilio, se tratare de persona indeterminada o incierta o cuyo domicilio no se conociere, la notificación se cumplirá por edictos publicados en el Diario Oficial y otro periódico de la localidad, durante diez días hábiles y continuos”, dice la disposición, que deja explícitamente por fuera al Poder Judicial.

Según advierten también en la SCJ, además de comprometer la financiación de los juzgados de género, inevitablemente se trata de un cambio que subirá los costos del servicio, que pasa a quedar en manos de privados.

Fuentes de la coalición de gobierno, no obstante, indicaron a El País que la intención es “no poner en riesgo” los juzgados, y que la disposición es “encontrar una solución” al reclamo de la corporación.