Intendentes acuerdan cómo contratar y tope para cargos, con base en el proyecto de Adrián Peña

Tras dos años de discusión y un intento fallido en el Senado, todo parece estar encaminado para que la contratación de funcionarios en los gobiernos departamentales de todo el país se realice de forma transparente mediante concursos públicos y abiertos, queden topeadas las contrataciones directas y se limite el ingreso en los últimos doce meses de la gestión -como forma de terminar con prácticas que pueden quedar bajo sospecha de clientelismo político en tiempos electorales.

Este martes una delegación del Congreso de Intendentes llevará ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado un anteproyecto de ley que regula los ingresos y ascensos de funcionarios públicos en todos los Gobiernos Departamentales y Entes Autónomos. El texto circuló entre los intendentes durante toda la semana. Hoy los intendentes del Frente Amplio se reunirán con la bancada oficialista para analizar la iniciativa. El anteproyecto ofrecería una solución a un asunto político que estaba estancado y generó controversia desde que en junio de 2023 el ex senador colorado Adrián Peña presentó un proyecto que exigía concursos con el espíritu de “transparentar, normalizar y ordenar los ingresos para minimizar el riesgo de clientelismo político”. Aquella iniciativa fue calificada como una “cachetada al interior” por el senador Sergio Botana. Un año después el proyecto naufragó en el Senado.

Actualmente hay un texto de dos artículos en la Cámara de Diputados que va en la misma dirección, pero esta iniciativa elaborada en el seno del Congreso de Intendentes podría allanar el debate parlamentario y terminar siendo aprobada rápidamente.

El anteproyecto fue analizado por los senadores en la última sesión de la Comisión de Hacienda. El artículo primero, que es medular, establece que “el ingreso a la función pública en todos los Gobiernos Departamentales y en todos los Entes Autónomos, se realizará mediante concursos públicos y abiertos, conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad de oportunidades y a la justa ponderación entre capacidad técnica y los méritos y antecedentes de cada persona, todo ello sin perjuicio de la cuotas que las leyes de discriminación positiva o acciones afirmativas establecen actualmente y lo hagan en el futuro para promover la igualdad de oportunidades”.

Agrega que en los casos en que los requisitos necesarios para los cargos lo ameriten, la designación de personal podrá realizarse a través de sorteos públicos.

El proyecto, no obstante, exceptúa del mecanismo cargos de carácter político o de particular confianza. Establece además que el ascenso de funcionarios públicos presupuestados o de carrera también deberá regirse por concursos públicos y abiertos.

El artículo 2 prevé que quienes ingresen bajo la modalidad de contrato artístico o laboral, becarios, pasantes o arrendamiento de obra “en ningún caso” adquirirán la calidad de funcionario público.

El tercer artículo aborda un tema polémico porque las Intendencias están bajo la lupa en año electoral, sospechadas de ingresar funcionarios en el marco de prácticas clientelistas. Se establece que “no podrán realizarse designaciones de nuevos funcionarios presupuestados o contratados dentro de los doce meses anteriores a la finalización de cada período de gobierno departamental ni iniciarse procesos para la provisión de vacantes”. Quedan exceptuadas las designaciones que correspondan al sistema de ascensos.

Los intendentes están dispuestos a fijar un tope para las designaciones directas de personal, otro tema escabroso. Según la última Rendición de Cuentas, solo en 2024 hubo 2.032 designaciones directas, lo que representa más del 50% de los ingresos.

El artículo establece que “por razones fundadas de idoneidad, y sin perjuicio de la existencia de los créditos presupuestales correspondientes, se podrá designar directamente a personas que serán funcionarios contratados y cesarán automáticamente al finalizar el periodo de gobierno en que fueron designados”. Y precisa: “en ningún caso y en ningún momento, los funcionarios contratados por este régimen podrán superar el 4% del total de funcionarios”.

El porcentaje fijado es sin perjuicio de normas estatutarias o acuerdos vigentes con organizaciones gremiales de funcionarios. Si existieran esas disposiciones con porcentajes mayores al establecido, deberán ser ajustadas antes del 11 de julio de 2026.

El anteproyecto prevé que los adscriptos al jerarca para tareas de asesoramiento o asistencia directa podrán contratarse dentro de los doce meses previos a la finalización de la gestión y no adquirirán la calidad de funcionarios públicos, cesando como último término en la finalización del período de gobierno.

También se establece que solamente mediante “resolución fundada” podrán contratarse “de forma excepcional” mediante sorteo y concurso público funcionarios dentro de los últimos doce meses anteriores a la finalización de cada período de gobierno, para la realización de tareas urgentes o excepcionales, eventuales, transitorias, temporarias o zafrales, que no puedan ser afrontadas debidamente.

Las contrataciones que estén vigentes a la fecha del proyecto de ley y cuyo vínculo laboral sea anterior al 11 de julio de 2024, podrán ser renovadas en las mismas condiciones por un periodo máximo de hasta 24 meses.

El anteproyecto elaborado por el Congreso de Intendentes es producto “de un claro cambio de clima” en ese ámbito, dijo a El País uno de los jefes comunales. Y añadió que se confía en que esta sea la solución para un polémico asunto que pone en tela de juicio la transparencia de la gestión municipal. Entre los intendentes del Frente Amplio hay algún matiz con relación al texto, que será analizado este lunes junto a la bancada oficialista. No obstante, son “matices” y hay conformidad con el espíritu del articulado y las disposiciones concretas.

En comisión de Hacienda, el senador y exintendente de Colonia, Carlos Moreira, dijo que “este proyecto es mucho más explícito, más largo, prevé mayor casuística, pero está dentro de la filosofía de lo que estábamos dispuestos a votar”. “Uno de los problemas de la falta de financiamiento de los Gobiernos Departamentales es el exceso de funcionarios; realmente, a veces el presupuesto destinado a eso ocupa gran parte de los recursos departamentales, porque hay muchos más de los que se necesitan. Me parece que esta iniciativa es un mecanismo de salvaguarda de las economías departamentales, viene muy bien y no se opone a lo que está propuesto en el proyecto que tiene la comisión”, sostuvo.

Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

El senador Eduardo Brenta (FA) entiende que sería una “muy buena señal” llegar a un proyecto que se vote por unanimidad en el Parlamento. Más allá de este plan en particular, dijo que le “preocupan” algunos fenómenos que se están instalando, como al contratación de “fundaciones” con las que se crea una suerte de “intendencia paralela”.

“No puede ser muy restrictiva una norma para ingreso a los gobiernos departamentales porque se puede terminar estableciendo una práctica que tenemos bajo la lupa, como lo es la contratación de la Fundación A Ganar, que en algunas intendencias está asumiendo casi todas las tareas que no son las básicas. Están en todos lados, es casi una intendencia paralela. Y son millones de dólares en contrataciones”, indicó.