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Intendencia de Rocha abre amnistía para construcciones sin permiso en la costa

La comuna identificó más de 3.000 edificaciones irregulares en La Paloma, La Pedrera, Punta Rubia, Santa Isabel, San Sebastián y Punta del Diablo.

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La Paloma
Vista aerea de la Playa La Balconada de La Paloma
Foto: Fernando Ponzetto

La historia de la costa de Rocha está llena de construcciones regulares e irregulares, de poblados devenidos en balnearios y de demoliciones de casas y ranchos. En este marco, la Intendencia sobrevoló con drones zonas urbanizadas contra del mar, detectó más de 3.000 edificaciones sin permiso y abrió una amnistía hasta el 31 de diciembre para que sean regularizadas.

El llamado a interesados para regularizar sus construcciones alcanza a La Paloma, con exclusión de Barrio Parque; La Pedrera, Ampliación La Pedrera, San Sebastián y Santa Isabel de La Pedrera; Punta Rubia y Punta del Diablo.

“Se aplicará el Impuesto a la Edificación Inapropiada a partir del ejercicio 2024 a los inmuebles cuyos titulares no hayan comparecido a suscribir la declaración para la regularización de las edificaciones” ante la comuna, informó la Intendencia en un comunicado el jueves 12.

El anuncio llegó una semana después de que algunos contribuyentes se quejaran porque se les había computado una multa por sus edificaciones, sin intimación previa. La Asociación Civil Vecinos y Vecinas de Punta Rubia de La Pedrera expresó el 5 de octubre su “profundo rechazo a la incorporación de una multa por valor de 20 Unidades Reajustables (UR)” en padrones de ese balneario. La asociación, integrada por 155 miembros, manifestó que entiende “la necesidad de cumplir con el proceso de regularización en aquellas obras que no cuenten con las habilitaciones legales necesarias”, pero alertó que “para ello existen procesos y distintas instancias, entre ellas las notificaciones e intimaciones, donde se acuerdan o proponen plazos para cumplir con las ordenanzas, salvo que exista una inspección de constatación de un fenómeno irregular en una propiedad que determine la multa”.

El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, explicó a El País que hubo “un error en la parte de cómputos”, donde se cargaron multas que no correspondían. “Ya se dio la orden de que se les quite a los que se les agregó”, sostuvo el nacionalista.

Regularizar

El jerarca informó que quienes tienen edificaciones sin declarar hoy pagan como si tuvieran terrenos baldíos, o menos de lo que deberían en caso de que estuviera regularizada la totalidad del área construida. “Todos reclaman infraestructura en los balnearios, pero se hace cuando se recauda, cuando pagan todos los que tienen que pagar. Esto es para regularizar: abrimos un plazo de una amnistía para declaración de construcciones (sin permiso), para no aplicar multas ni recargos, hasta el 31 de diciembre. Los que declaren al 31 de diciembre, no van a tener ningún problema, van a regularizar las construcciones y luego de finalizado el proceso de regularización y habilitación de las construcciones, se les va a modificar el valor real de catastro” del inmueble, aseguró Umpiérrez, quien aclaró que la comuna no exigirá la inscripción de la obra en el Banco de Previsión Social (BPS).

A quienes no declaren las construcciones se les impondrá a partir del próximo 1° de enero el Impuesto a la Edificación Inapropiada, que, como recuerda el jefe comunal, fue creado por el gobierno de Artigas Barrios (intendente del Frente Amplio que gobernó entre los años 2005 y 2015) para cobrar en zonas fiscales de Valizas, Aguas Dulces y Cabo Polonio.

El tributo que se cobrará en los balnearios mencionados al inicio equivaldrá a 25 UR (al precio de hoy: $ 40.650) por año por cada inmueble no declarado, que se sumará al valor del baldío.

Excepción

¿Por qué Barrio Parque está exceptuado de la intimación y el pago del Impuesto a la Edificación Inapropiada? El intendente justificó la excepción en que este barrio de La Paloma “es una zona popular y obrera, y no es de corte turístico residencial de balneario”. Umpiérrez argumentó que “allí está la gente más sencilla, más humilde, y un conjunto de trabajadores que por mil razones ha construido y no ha declarado”. Por ello, dice que no puede “emparejar con la gente que tiene una casa de US$ 250 mil o US$ 300 mil sin declarar”.

El intendente agregó que “en Cabo Polonio ya está rigiendo este impuesto y lo está pagando el 93% de la gente, contra el 17% que lo pagaba” al inicio de su gestión, en el año 2020.

Además

Exintendente acusa “manotazo de ahogado”; actual valora superávit

El principal referente de la oposición en Rocha, el exintendente y actual senador suplente del Frente Amplio (FA), Aníbal Pereyra, dijo a El País que “está claro que hay que regularizar” las construcciones sin permiso, pero criticó el proceso que puso en marcha la comuna, en concreto, que se hayan cargado multas a pobladores de Punta Rubia por edificaciones irregulares y luego, tras sus quejas, se las hayan levantado. “Como nos acostumbra la actual administración, hace una cosa, después la corrige y después otra. Lo irregular es la forma en que la Intendencia ha querido aplicar la regularización”, porque -planteó Pereyra- fue con la lógica de “si pasa, pasa”. Además, advirtió que “alguno capaz que ya pagó” la multa, sin saber que le fue cargada por error. “Aplicaron la multa sin notificar a nadie. El procedimiento ha sido irregular, y la única señal clara que se da con esta acción es que están desesperados por efectivo, porque claramente la Intendencia se está desfinanciando y están dando manotazos de ahogado. Hay proveedores a los que se les debe muchos meses”, acotó el exintendente.

En cambio, el jefe comunal, Alejo Umpiérrez, del Partido Nacional, niega que existan “problemas financieros” o deudas con proveedores. “Tuvimos tres años de superávit consecutivos, lo que no se dio nunca en la historia del departamento desde 1985. Este año hay US$ 23 millones de inversión, récord para Rocha. Los US$ 23 millones equivalen a los cinco años de inversión del FA en el período anterior”, cuando gobernó Pereyra, dijo, y agregó: “Hoy los tiempos de pago van de 30 a 35 días por proveedor. Cuando entramos, eran de entre 45 y 60 días”.

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