LA ENTREVISTA DEL DOMINGO

“Dos por tres” aparecen situaciones “llamativas” o irregulares en el BPS, dice Hugo Odizzio. Ingeniero acostumbrado a no resignarse a la realidad, tomó la dirección de un organismo deficitario y burocrático al que conoce al dedillo. Afirma que en el BPS hay normas que “alguien dispuso” al margen de la ley y que el “siempre se hizo así” es una lucha diaria. Lo que sigue es parte de su diagnóstico y sus primeros movimientos

-¿Cuál fue el déficit del BPS en 2020?

-No cerramos balance todavía, pero la asistencia estimada de 2020 será de $ 26.750 millones (unos US$ 610 millones), luego de descontar los gastos del Fondo Coronavirus. Las altas de jubilación se mantuvieron dentro de lo previsto, así que no varió demasiado respecto a lo estimado en el presupuesto.

-¿Pero creció, sí, respecto a 2019?

-Aumentó un poquito, de US$ 578 millones pasamos a US$ 610 millones.

-¿Hay alguna expectativa de bajarlo?

-Cuando uno mira las variables del sistema, hay algunas que son rígidas: cantidad de altas, fórmula de ajuste, monto de las prestaciones… o sea que ese gasto estructural del sistema lo único que podemos hacer es proyectarlo.

-¿Le inquieta?

-No. Hay mucho para mejorar en términos de eficiencia de los programas y de servicio a la población.

-¿Cuál es el déficit previsto para 2021?

-Para 2021 se estima en $ 30.200 millones a precios de hoy.

-Días atrás se supo que clubes de fútbol tenían adeudos por US$ 50 millones. ¿Cómo no se detectó antes?

-Se detectó, sí. Lo que pasa es que los clubes se enfocan en los temas deportivos y no tanto en el cumplimiento de ciertas obligaciones. Ahora estamos viendo un cambio con un enfoque más empresarial, pero durante muchos años su preocupación fue mantener los niveles de competencia. Las directivas heredaban deudas astronómicas. La última ley les dio 240 cuotas. Y así y todo, con facilidades de plazos, casi todos los clubes -salvo unos pocos- están en situación de adeudo.

-¿Esto salta por la pandemia?

-Una resolución de 1996 establece que las declaraciones de no pago debe firmarlas la persona autorizada a obligar al contribuyente. Pasaba que las empresas declaraban meses sin firmar, y cuando íbamos a ver no había empresa. Luego se crea un mecanismo simplificado de declaración por internet, que tiene un usuario autenticado. Pero cuando cambian las directivas, el usuario que queda con el permiso es el administrativo y no hay nadie que se haga responsable. El año pasado tuvimos tres situaciones de fraude, donde vimos que la declaración por internet, en un contexto de mucha gente en seguro de desempleo, estaba siendo utilizada en forma fraudulenta. Los tres casos están en Fiscalía. Cuando comprendimos que eso era una debilidad, volvimos a exigir que se firme la declaración presencial. Ahora los clubes deben actualizar la información en el registro de empresas -lo están haciendo- y presentar las nóminas firmadas. Vamos a encontrar que la deuda es mayor porque hay muchos convenios caducos.

-¿Qué tanta es la evasión en general al BPS?

-Hay más de un método para estimarlo. En algunos estudios dice que está en el entorno del 30%. Es un valor alto para el nivel de formalidad que tiene Uruguay. Son puestos de trabajo que no cotizan.

-¿Abarca tanto a pequeñas como grandes empresas?

-Hablamos sobre todo de las medianas, de las pequeñas empresas. Uno lo ve en la periferia. Creo que es una debilidad del sistema: no resulta atractivo.

-¿Cómo se puede revertir?

-Es uno de los desafíos de la reforma. En su momento se dijo que cuando se hizo la reforma de la salud, muchos trabajadores se inscribieron como una forma de asegurarles la salud a sus hijos. Puede haber inductores positivos.

-¿Tiene alguna idea de por dónde podrían ir esos inductores?

-En algún país se hace un aporte integrado entre la seguridad social y el pago de una vivienda. Así asocias un bienestar del presente a algo que es a futuro.

-¿Podría ser un camino en Uruguay, donde la carencia de vivienda es grande?

-No estoy en el diseño de la reforma, pero eso funciona en otros países.

-¿Cómo impacta el informalismo, que seguramente aumentó en la pandemia, en las finanzas del BPS?

-La administración tributaria debe tener un sentido de eficiencia. Uno se plantea: controlar una situación dispersa como el trabajo informal en vía pública, ¿es económicamente sustentable? Lo otro: la pandemia trajo una realidad distinta, que es: gente trabajando desde su domicilio, gente que hace ofertas de bienes y servicios a través de redes sociales… Está cambiando tanto el escenario, que estamos ahora definiendo los términos de referencia para integrar a un experto cuyo título sería algo así como “fiscalización en tiempos de pandemia”.

-¿Contratarán a alguien para resolverlo?

-Es un consultor que sabe muchísimo. Estamos viendo que sea alguien que nos aporte conocimiento en armar un nuevo enfoque de fiscalización.

-¿A largo plazo o por la pandemia?

-A largo plazo. Porque las empresas que ya vieron en estas formas de trabajo no presencial economías operativas, no vuelven. En Uruguay hay mucha gente que trabaja para el exterior, sobre todo en desarrollo de software. Ahora, si esto ya adquiere una expresión más amplia… Yo creo que la fiscalización no debe ser policíaca; también hay que trabajar en el cumplimiento voluntario. La comisión de expertos está manejando ideas. Es factible que esa persona que genera un ingreso en Uruguay, trabajando para el exterior, tenga su cuenta de ahorro local. O sea: sí control fiscal, pero también estímulos a la formalidad.

-En relación a la reforma, parece claro que la edad de retiro va a aumentar. ¿Qué otros aspectos habría que contemplar?

-Hay un concepto que va a estar quizás más explícito si la reforma va por el carril por el que parece estar encaminada, que es la integración de todos los sistemas. Hoy podemos estar dando una jubilación mínima por un componente contributivo y otro asistencial hasta llegar al mínimo. Pero de repente el componente asistencial se paga sin saber que esa persona tiene un ingreso por otra prestación, por ejemplo caja policial. Tratar igual situaciones desiguales es muy injusto. Creo que al final de este proceso podríamos hablar de un sistema de protección social que involucre prestaciones de tipo asistencial, como las del Mides, prestaciones económicas, etc.

-En definitiva, ¿contemplar si la persona tiene más ingresos y limitar...?

-En realidad, hoy lo que tenemos son visiones puntuales de los diferentes programas. Para mí tenemos que ir a un sistema de compartir información. Tener esa visión holística de la persona, no para ver qué le saco, sino qué precisa. De repente le estamos pagando un alquiler a un jubilado que es el doble de la jubilación que cobra. ¿No tengo que generarle algún beneficio de alimentación? ¿Come esa persona?

-¿Hay resistencias a esto?

-Hay un sentido de propiedad de la información. Yo no quiero tomar tu información para ver cómo estás trabajando: yo quiero tener tu información para tomar mejores decisiones.

-¿Cuándo empezarán a surtir efecto los cambios de la reforma?

-No hay ningún efecto inmediato que se pueda lograr cambiando las variables del sistema. Los efectos económicos de la reforma del 96 se vieron a los 10 años. Hay que administrar este escenario, y en eso el BPS sí tiene mucho que ver: mejorar la formalidad del empleo, evitar fraudes como los que detectamos, que las personas tengan los beneficios que les corresponden. Estamos revisando la declaración presuntiva. Esto es: si uno tiene una cantidad de años cotizados efectivamente, puede declarar una cantidad de años similar de antes del 96. Es una resolución de 2006.

-¿Se presta para declaraciones falsas?

-Sí, pero la mayor parte de ellas no se comprueban. Estamos en una revisión de normas internas dispuestas en los últimos años que por lo menos tienen visos de no responder al marco legal.

-Detectaron irregularidades en las certificaciones médicas, un tema que se arrastra de años. La anterior administración intentó regularlo. ¿Ustedes qué planean hacer?

-En realidad este sistema, en sus orígenes, fue una propuesta que yo hice cuando era gerente de salud: que certifique el prestador. Y protocolizamos para cada enfermedad un tiempo estimado de recuperación. Pero eso implicaba la auditoría del acto médico, para evitar certificaciones prolongadas. Esa auditoría quedó sin efecto, y fue ahí cuando yo me retiré de la gerencia de salud, en 2009. Estuvieron tres años esperando un cambio de competencias del Fondo Nacional de Recursos para que fuera este organismo el que hiciera la auditoría. Esos tres años hubo cero control y se disparó el tema. Cuando salió el cambio en los estatutos del FNR, ya teníamos un escenario instalado de abuso. Y luego las auditorías (del FNR) no fueron del todo eficientes. Después encontramos que el diseño que estaba pensado para hacer un análisis inteligente de la información no se usa bien: las instituciones ingresan todo con el mismo número de médico… La falta de control hizo prosperar las certificaciones por complacencia. Detectamos a una persona que tuvo 193 certificaciones en dos años.

-¿Hoy en qué situación se está?

-Ajustamos varios aspectos en los que el sistema se apartaba de la norma. Hay muchos informes de auditoría que se habían elevado en 2018 o 2019 pero las recomendaciones no se instrumentaron. Nosotros no estamos haciendo revisionismo. Lo que estamos haciendo es solo agarrar esos informes y decir: explíquenos qué está pasando. Los informes estaban.

-¿Qué cambios concretos aplicaron en las certificaciones?

-Había un concepto de holgura. Si pasaban menos de tres días de una certificación a otra se tomaba como una entera aunque hubiera un cambio en la patología, y la ley dice que los primeros tres días no son pagos. La señora con 193 certificaciones en dos años, por este apartamiento de normativa, en vez de cobrar 44.000 pesos (que es lo que debería haber cobrado) recibió 155.000 pesos. Ya se conocían esas dificultades, estaban en el informe. Lo llamativo de estas situaciones es que son siempre en perjuicio de la administración: siempre se paga de más, nunca de menos.

-En un organismo deficitario como el BPS, ¿cómo se explica? ¿Desidia?

-No sé si es desidia, pero es al menos llamativo. Un informe dice “se dispuso”, ¿quién dispuso? Vemos que hay cosas que “alguien” dispuso y las vamos a cambiar porque se apartan de la ley. Hay un informe incluso que dice “habría que adaptar la normativa al proceso”. No, usted tiene que adecuar el proceso. Mientras adecua la normativa, cúmplala.

-En otras áreas también se han detectado irregularidades. Por ejemplo, se halló que por 10 años se pagaron $ 200.000 al mes por custodia de un complejo vacío. ¿Han encontrado más de estas situaciones?

-Dos por tres aparecen situaciones de estas. El otro día, hablando de la visión estratégica, nos preguntamos: ¿cuál es la fortaleza del BPS? La cultura. Pagamos un millón de pagos por mes, todo el mundo cobra, nadie se entera; mantenemos esto andando, que es muy complejo. ¿Y la principal debilidad? La cultura. El ‘siempre se hizo así’ está muy presente. Todos los días encontramos.

-¿Qué tipo de cosas encuentran todos los días?

-Un ejemplo: el año pasado, un sector que cobra locomoción por la tarea que realiza, cobró locomoción varios meses pero la gente tenía trabajo domiciliario. Estas cosas son muy polémicas. En el caso de ese predio que comentabas… ¿cuál es el riesgo de ocupación? Creo que con un mes de servicio policial pagabas la demolición. Sin embargo, como ese predio ya estaba en el marco de una licitación que está manejando el Ministerio de Vivienda, no podés demoler porque está en el objeto del llamado. ¿A nadie se le ocurrió decirle al ministerio ‘sacá el rubro ese, liberalo, y yo demuelo mañana’? A nadie le sobran $ 200 mil por mes, tampoco al BPS.