EN FLORIDA

BPS gastó más de $ 200 mil por mes durante 10 años para custodiar un complejo de viviendas abandonado

En la seguridad se llevan volcados unos $ 24 millones, lo cual trasladado a dólares equivale a US$ 860 mil. Las anteriores autoridades no encontraron una empresa dispuesta a demoler.

El BPS lleva gastados unos US$ 860 mil en custodiar el complejo. Foto: Leonardo Mainé
El BPS lleva gastados unos US$ 860 mil en custodiar el complejo. Foto: Leonardo Mainé

Un viejo proyecto fallido en la localidad de Independencia, en Florida, absorbió del Banco de Previsión Social (BPS) el constante y silencioso desembolso de unos $ 200 mil mensuales, durante 10 años, usados para la contratación de una custodia apostada a diario en un complejo de viviendas abandonado.

Se trata de uno de los cuestionados “núcleos básicos evolutivos”, destinados a jubilados y pensionistas con bajos ingresos, de los que se construyeron al menos 246 en todo el país en la década de 1990. El paso de los años evidenció que su calidad arquitectónica era muy deficiente y la mayoría fueron desalojados. Entre ellos, el de Independencia.

“Eran de tipo tradicional: bloques, techos de zinc y chapas Dolmenit, que con el tiempo se fue considerando cancerígena”, recuerda Sixto Amaro, quien se familiarizó con el asunto por su actividad en la Onajpu (organización de jubilados y pensionistas), y luego lo siguió como representante de ese colectivo en el directorio del BPS. “Los núcleos empezaron a tener las paredes agujereadas, los techos se llovían, y se resolvió por razones de seguridad clausurarlos y transferir a la gente a otros lados”, agrega.

Las 19 casas que ocupan un enorme predio en Independencia se desocuparon en 2011 y, desde entonces, se dispuso un servicio de seguridad para evitar que otras personas se instalaran allí. A la misma vez, según Amaro, se hizo un llamado a licitación para demoler y volver a construir.

A los meses de asumir su rol, en marzo de 2020, el actual vicepresidente del organismo, Daniel Graffigna, se encontró con que este egreso. En julio era de $ 226.000 al mes. Actualmente asciende a $ 290.000, informó Graffigna. Según cálculos de El País, en la custodia del complejo abandonado se llevan volcados unos $ 24 millones (descontando la inflación de cada semestre), lo cual trasladado a dólares (considerando el tipo de cambio promedio de cada año), equivale a US$ 860 mil.

En estos meses Graffigna ha buceado en las dependencias del BPS en busca de respuestas a la pregunta obvia: ¿por qué se siguió vigilando todo este tiempo un lugar que debería haber sido demolido hace años? Hará un pedido de informes al área Prestaciones Sociales “para saber a ciencia cierta a qué obedeció el gasto, a cuántas personas se les pagó y cuánto”. También viajó dos veces a Florida, la última la semana pasada, y constató que había un solo guardia en la custodia de todo el predio.

“Se ve un problema de gestión tremenda. Más allá de que intervengan otras organizaciones, el BPS no puede estar 10 años para tomar una decisión”, plantea Graffigna.

El gasto en este complejo es una novedad para la exdirectora en representación de los empresarios, Elvira Domínguez. “Nunca llegó al directorio antes”, asegura. “Si yo hubiese sabido, habría puesto el grito en el cielo. Quedé asombrada y con una bronca de morir”. El presidente y el vicepresidente anteriores, Heber Galli y Gabriel Lagomarsino, no respondieron a la consulta de El País.

Si bien el BPS es el dueño del terreno y el que gastó el dinero, la responsabilidad también cae sobre el Ministerio de Vivienda, encargado de licitar y construir. De acuerdo con Amaro, que asegura haber pedido explicaciones sobre este asunto más de una vez, autoridades anteriores de ese ministerio explicaron a los jubilados que no habían conseguido ninguna empresa dispuesta a demoler las casas.

En 2018 el Ministerio de Vivienda llamó a licitación y adjudicó la obra a la empresa Fabra SA, pero el permiso de construcción de la Intendencia de Florida también tuvo un trámite lento y recién se está por obtener, de acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso El País.

Cuando esto finalmente suceda, se retirará la guardia.

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