INVERSIÓN EXTRANJERA

Gobierno acordó instalar oficina del MTSS en la nueva planta de UPM para evitar conflictos

Oficina englobará a la Dirección de Trabajo y a la Inspección General de Trabajo para hacer un “seguimiento diario” del proyecto que permita “intervenir directa e inmediatamente a instancia de cualquiera de las partes, en las consultas, diferendos y conflictos” que se generen, según la resolución.

Conferencia de prensa de UPM tras el anuncio de la segunda planta de celulosa en Uruguay. Foto: Leonardo Mainé
Conferencia de prensa de UPM tras el anuncio de la segunda planta de celulosa en Uruguay. Foto: Leonardo Mainé

El gobierno acordó con UPM la instalación de una oficina de la Dirección de Trabajo y de la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social en la planta o las proximidades de la segunda planta a construirse en Durazno con el fin de hacer un “seguimiento diario” del proyecto que permita “intervenir directa e inmediatamente a instancia de cualquiera de las partes, en las consultas, diferendos y conflictos” que se generen.

UPM anunció hoy que invertirá US$ 2.700 millones en la construcción de una segunda planta de celulosa en Durazno y que los trabajos iniciales en el predio de la planta y el dragado del puerto comenzarán de forma inmediata aunque se prevé que la planta recién esté operativa a fines de 2022.

La dependencia que instalará el gobierno en la planta deberá “encausar procedimientos y resolver en el menor tiempo posible los diferendos que los motivaren” desde el inicio de las obras (durante la etapa de construcción y montaje electromecánico de la planta de UPM) y hasta su finalización.

Con esto el gobierno prevé minimizar los conflictos en la etapa de construcción de la planta. Pese a ello el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira afirmó hoy en Así Nos Va que "UPM se puede ocupar igual que cualquier empresa del Uruguay".

Según la resolución el objetivo es “lograr la mejor solución de los problemas y evitar el desencadenamiento de conflictos”. El texto deja expresamente establecido que “no deberán adoptarse medidas por las partes que afecten la regularidad del trabajo o el normal desarrollo de las actividades antes de haber finalizado total y formalmente, todas las instancias de conciliación y mediaciones previstas”.

En caso de diferendos se llamará a instancias bipartitas y en caso de no acuerdo a instancias tripartitas para lograr la conciliación. “Si en esta instancia tampoco se arribara a resultados satisfactorios para las partes el Ministerio pondrá el conflicto a consideración de la Comisión Tripartita de Seguimiento de la obra”. Así “transcurridas las instancias de conciliación y mediación sin acuerdo, las partes quedarán en libertad de emprender las acciones o adoptar las medidas sindicales o empresariales que crean convenientes”.

La Comisión Tripartita de Seguimiento de la obra de construcción de la planta deberá “garantizar las herramientas de mediación y conciliación en los conflictos que puedan generarse en las empresas proveedoras de los bienes y servicios, con la participación directa de los jerarcas de los órganos y organismos con competencia en la materia, de representantes de UPM y de las organizaciones sociales”.

Contrato. 

Quedó pactado entre ambas partes que el contrato se establece por un total de 50 años que empezarán a regir desde el momento en que se de inicio a la producción de pasta de celulosa, lo que implica que queda por fuera el período de construcción de la planta. 

El contrato se establece además que la oficina que se instalará en la Dirección Nacional de Trabajo así como la que se construirá en la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social funcionen de manera permanente y dentro del lapso comprendido entre el inicio de las obras y su finalización. 

Además se debe "dotar a ambas Oficinas de los recursos humanos y materiales suficientes para su adecuado y eficaz funcionamiento; los órganos y organismos del Estado serán requeridos para facilitar la tarea confiada a dichas Oficinas en cuanto corresponda", indica el contrato. 

Por otra parte Uruguay y UMP pactaron que todo pago no abonado en fecha traerá "un interés de mora a una tasa que sea la mayor entre: 8% anual en dólares estadounidenses o la tasa LIBOR en USD a un mes (o cualquier otra tasa que sustituya a LIBOR en el futuro y que fuere internacionalmente reconocida como su sucesora), cotizada en la fecha en que el pago vence, más el 6% por año".

Lea a continuación la resolución del Poder Ejecutivo.

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