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Gobierno acelera en su plan contra asentamientos en último año de gestión; hay 53 proyectos en ejecución

Desde que se creó el Plan Avanzar se intervino en unos 21 asentamientos, beneficiando a unos 3.000 hogares. La erradicación de los asentamientos es prioridad en el último año de gobierno.

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Asentamiento 24 de enero
Gobierno acelera ritmo en asentamientos en último año de gestión
Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

Restan 12 meses de gestión y el Poder Ejecutivo acelera el ritmo de trabajo en los asentamientos de todo el país con una dotación de recursos millonaria que duplica la inversión promedio de años anteriores y con el objetivo de superar los 16 mil hogares atendidos y las 50 mil personas favorecidas. Todo esto bajo el seguimiento personal del presidente Luis Lacalle Pou, quien puso énfasis en esta problemática en sus campañas electorales de 2014 y 2019. En la primera campaña la ambiciosa propuesta se titulaba Asentamiento Cero. En la segunda los objetivos se habían moderado y se detallaba que serían necesarios al menos dos períodos de gobierno para alojar en viviendas dignas y barrios con todos los servicios a casi 200 mil personas hoy repartidas en unos 680 asentamientos en todo el país.

El 13 de mayo de 2022, luego de dos años de preparación, el Poder Ejecutivo lanzó el Plan Avanzar, que centraliza las políticas para asentamientos y es llevado adelante por la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu) a cargo de Florencia Arbeleche. En esa instancia, Lacalle Pou dijo que era un “día particular en lo político” pero también en lo personal porque la instancia implicaba “cumplir un sueño”.

La intervención del Estado en un asentamiento puede representar la regularización del barrio, la relocalización de las familias, atención de emergencia y prevención (canasta de materiales, lotes con servicios, policía territorial de parte de las intendencias).

Al día de hoy el Poder Ejecutivo terminó intervenciones en 21 asentamientos ubicados en Canelones, Durazno, Florida, Montevideo, Salto, Soriano, Tacuarembó, Cerro Largo y Rio Negro. Este trabajo favoreció a 3.109 hogares y unas 10 mil personas.

Actualmente hay 53 asentamientos en obra en 15 departamentos (Artigas, Canelones, Cerro Largo, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, San José, Soriano y Tacuarembó). Y otros 52 con proyectos iniciados y llamados en preparación o en curso.

Arbeleche precisó a El País que bajo diversas modalidades se actuó en 126 asentamientos que representan 16 mil hogares y unas 50 mil personas.

En cuanto a los recursos, en las intervenciones terminadas se destinaron US$ 219 millones y en las que están en obra o adjudicadas US$ 169 millones, lo que totaliza US$ 388 millones.

Por otra parte, los llamados a licitación equivalen a US$ 167 millones.

Florencia Arbeleche
Nota a Florencia Arbeleche, arquitecta uruguaya directora nacional de Integración Social y Urbana, Dinisu, en la sede del MVOT
Francisco Flores/Archivo El Pais

Ritmo

Arbeleche remarcó que 2023 fue un punto de inflexión para el Plan Avanzar. “Nosotros nos propusimos duplicar el ritmo de ejecución. Estábamos frente a procesos muy extensos, de hasta nueve años para lograr la regularización de un asentamiento. Era una necesidad reducir significativamente los plazos. Y así preparamos todas las licitaciones y las lanzamos en junio de 2023, que fue un punto de inflexión para el Plan Avanzar. Esto sirve como ejemplo, el préstamo para el Programa de Mejoramiento de Barrios tenía previsto US$ 100 millones en cinco años, y nosotros licitamos más de US$ 100 millones en un mes. Gracias a ese empuje ahora, en 2024, tenemos un país en obra”, explicó.

El acceso a los terrenos es la mayor dificultad con la que se encuentran el Poder Ejecutivo y las intendencias. “Históricamente este ha sido el mayor obstáculo porque los terrenos deben ser públicos, contar con saneamiento y todos los servicios. Obviamente que hay muchos pasos burocráticos para dar, pero la burocracia es importante. No es fácil porque un realojo implica, entre otras cosas, alejarlos de su comunidad, de la escuela o el CAIF, etc. Pero hay un protocolo de actuación, todo se hace mediante votación y se exigen determinados porcentajes de aprobación para seguir adelante”, señaló Arbeleche.

El gobierno culminó tareas en unos 21 asentamientos y llegó a 3.190 hogares

La Dinisu se creó en la órbita del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para unificar las políticas sobre asentamientos. La Dinisu coordina el Plan Juntos, el Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) y el Plan Nacional de Relocalización. El trabajo se articula con las intendencias de todo el país y otras áreas como Mevir o la Agencia Nacional de Vivienda.

El proyecto Barrio La Paloma integra seis asentamientos sobre unas 97 hectáreas, allí viven más de 5 mil personas. Pando Norte, en Canelones, se encuentra en la primera etapa de obras y allí hay más de mil hogares. Se trata de dos de los proyectos más grandes en curso.

El último informe técnico de carácter exploratorio realizado por el Programa de Mejoramiento de Barrios corresponde a 2018 e identifica 607 asentamientos de los que 45 surgieron luego de 2011, año del último censo.

“Somos muy cuidadosos con los datos porque no hay un relevamiento exhaustivo. El dato cierto lo tendrá el Censo. Nosotros hemos logrado impulsar los planes y creemos que estamos en condiciones de revertir el crecimiento y comenzar una curva de disminución de asentamientos”, explicó Arbeleche.

Operativo policial por tiroteo en Villa Española
Operativo policial en Villa Española
Francisco Flores/Archivo El Pais

Inseguridad “es la misma de siempre”

Arbeleche afirma que la inseguridad no es un obstáculo para trabajar dentro de los asentamientos ni que la eventual presencia de grupos criminales genere algún tipo de contratiempo.

“Se toman resguardos como acudir con referentes del barrio y a determinadas horas. Pero preferimos no acudir con la policía salvo que sea un caso extremo. La inseguridad es la misma de siempre y, de hecho, a veces me siento más insegura en otros lugares. Nosotros no vamos a estigmatizar, la enorme mayoría de la gente en los asentamientos vive de su trabajo. Asumimos que puede haber gente que tiene otros hábitos y cuidamos a nuestro personal, pero es parte del trabajo”, señaló.

Indicó que, precisamente, una de las formas de combatir la delincuencia es integrar a estos barrios y darles todo lo que se necesita, no solo servicios sino también acceso integral a la educación, la salud, etc., y que para ello se trabaja en forma coordinada con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Además del Estado, la directora de Dinisu destaca el rol fundamental que tienen las organizaciones sociales en los asentamientos.

En el caso del emblemático asentamiento ubicado frente a la usina de residuos Felipe Cardoso, para el cual desde el Estado se hizo un convenio con el Centro Educativo Los Tréboles. Allí la gran mayoría de los que viven están dedicados a algún punto de la cadena de recolección de la basura.

“Fue contratado para participar de todo el trabajo social y el proyecto físico, y es una tarea fundamental porque todo el asentamiento será realojado. Hemos trabajado mucho allí”, sostuvo Arbeleche.

En ese asentamiento hay 75 viviendas y 82 hogares, algunas de las personas que allí residen se instalaron hace más de veinte años.

En las próximas semanas el Centro Educativo Los Tréboles que atiende dicha zona trabajará con cada familia para contemplar los perfiles y proyecciones de sus integrantes y definir así su relocalización”.

Además

La necesidad de que se convierta en una “política de Estado”

Arbeleche pone énfasis en la necesidad de que Plan Avanzar sea una política de Estado. “Nosotros no llegamos aquí con ánimo de refundar. Tomamos todo el trabajo previo y lo mantuvimos. Ahora generamos una nueva forma de coordinación y articulación, y estamos teniendo resultados. El fideicomiso permite obtener fondos necesarios como nunca antes ocurrió. El trabajo con las intendencias es fluido. Trabajamos para que, gane quien gane la próxima elección, esto se mantenga”, sostuvo.

En 2024 se incoporan más proyectos que requerirán continuidad en la próxima gestión y hay licitaciones en curso por cientos de millones de dólares. “Dejamos un país en obra, y el gran aporte que esta administración quiere dar es un punto de inflexión a la respuesta del tema asentamientos, a un ritmo de trabajo mayor del que venía, para poder dar respuesta en forma completa”, agregó Arbeleche.

La compra de vivienda usada por parte del Estado para realojar familias que viven en asentamientos es otra de las herramientas legales vigentes pero el procedimiento está inmerso en una serie de trámites burocráticos que la hacen poco eficiente.

Hoy las familias que son elegibles tienen la posibilidad de elegir ellas mismas en el mercado inmobiliario la casa que prefieran con un tope de compra de US$ 55 mil.

“Qque la familia participe en toda la instancia hace que todo sea transparente, pero queremos mejorar, escalonar los montos, etc.”, señaló.

Los procesos expropiatorios de tierras también son lentos y ahí hay otro punto burocrático sobre el cual trabajar.

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