Redacción El País
El ministro Javier García comparecerá el 26 de febrero ante la Comisión de Defensa del Senado para explicar los pormenores del caso del teniente Nelson Duarte, sancionado recientemente con 30 días de arresto a rigor por haber dado una entrevista en Canal 12 y relatar las denuncias que viene efectuando desde 2014 sobre diversos actos de corrupción en el Ejército.
La convocatoria responde a un planteo de la senadora frenteamplista Sandra Lazo (MPP), que había propuesto el lunes levantar el receso para recibir a García, pero sus colegas de la coalición no dieron el quórum.
Entre las interrogantes que deberá responder García se incluye qué tipo de sanciones recibieron en su momento los señalados por Duarte en sus denuncias las que, según relató el exministro José Bayardi a La Diaria, fueron “absolutamente arbitrarias y leves”. Consultado por El País, Bayardi explicó que esas sanciones fueron impuestas antes de su segunda llegada al ministerio en 2019, al comprobarse la veracidad de las denuncias hechas por Duarte. Pese a que discrepaba con su tenor, agregó, reglamentariamente no tenía posibilidad de modificarlas.
Según Lazo, Duarte pidió en diciembre ser recibido por la Comisión de Derechos Humanos, sin éxito por la negativa oficialista. El militar tramitó a su vez una denuncia sobre su caso ante la Institución de Derechos Humanos, que no se ha pronunciado aún.
Entre las denuncias realizadas por Duarte está la utilización de vehículos del Ejército por parte de militares para traer contrabando desde el Chuy, manejos irregulares de combustible, y la cesión de mano de obra de soldados para trabajar en emprendimientos privados o, incluso, de empresas propiedad de altos mandos de la fuerza.
García tendrá que responder ante el FA por otros temas. Entre ellos, sobre la vieja polémica en torno a la adquisición de patrulleras oceánicas a un astillero español. Lazo cuestionó un “proceso desprolijo y turbio” seguido para su adquisición y la falta de experiencia y solvencia de la empresa contratada que, según dijo, ante la falta de avales en su propio país debió recurrir al Banco de Seguros del Estado (BSE).