El Frente Amplio pedirá explicaciones en el Parlamento sobre Alejandro Astesiano

Liliam Kechichian. Foto: Juan Manuel Ramos.

EXIGEN "RESPONSABILIDAD POLÍTICA"

En el oficialismo apoyarían convocatoria para dar “transparencia” al caso.

El Frente Amplio (FA) resolvió dar el primer paso en el Parlamento por la situación de Alejandro Astesiano, el exjefe del Servicio de Seguridad Presidencial, imputado por su presunta participación en una red delictiva que falsificaba documentos para conceder pasaportes auténticos a ciudadanos rusos.

La bancada de senadores de la oposición anunció ayer que propondrá citar en régimen de comisión general al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y que lo acompañen el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Presidencia, Álvaro Garcé, si bien no están comprendidos por la Constitución a hacerlo.

El FA prevé plantear el asunto en la sesión ordinaria del próximo martes, cuando haya concluido el debate por el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. El miembro convocante será el senador Alejandro Sánchez, del Movimiento de Participación Popular (MPP). Si bien no se descarta realizar otras acciones parlamentarias, de momento no se prevé pedir la conformación de una comisión investigadora porque el caso ya está siendo analizado por la Justicia. Fuentes de la oposición dijeron a El País que no tendría sentido conducir una investigación en paralelo.

Para que el FA pueda citar a Heber a esta instancia, que no implica ningún tipo de consecuencia política, se requieren los votos del oficialismo. Fuentes de la coalición de gobierno confirmaron a El País que apoyarán la iniciativa de la oposición, por entender que se busca “transparentar al máximo” las actuaciones del gobierno antes y después de que la fiscal de Flagrancia Gabriela Fossati solicitara la formalización del caso el martes pasado.

En una conferencia de prensa en la antesala del Senado, Sánchez explicó que se apuntará a exigir “responsabilidad institucional del gobierno y del Poder Ejecutivo” por el caso de Astesiano, que según la investigación fiscal tenía reuniones y operaba desde su despacho en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva. El senador tildó de “inverosímil” la versión de que las máximas autoridades del gobierno desconocían los antecedentes penales del imputado, que en 2013 estuvo preso en la cárcel de Las Rosas y acumuló una treintena de anotaciones policiales.

Asimismo, subrayó que el caso representa un “escándalo nacional e internacional” para Uruguay, por lo que “el pueblo está pidiendo una explicación seria, razonable y veraz” por parte del gobierno.

Sebastián Da Silva, senador del Partido Nacional, indicó que el oficialismo tiene voluntad de investigar: “No somos transparentes de la boca para afuera, vamos a apoyar. Este es un tema que queremos que se investigue hasta el hueso”.

No obstante, descartó que estén ante un hecho escandaloso, ya que considera que el presidente Luis Lacalle Pou se enfrenta a una “traición inimaginable” de su excustodio.

“Astesiano es un guardaespalda sin peso institucional. Los mismos que hoy se rasgan las vestiduras y se escandalizan son los mismos que aplaudieron a (Daniel) Placeres y hoy lo siguen cobijando”, señaló, en referencia al exdiputado del MPP, procesado sin prisión por un delito de conjunción de interés personal y público. Y agregó: “¿Estamos indignados? Sí. Pero esto no es un escándalo; escándalo sería si estuviera involucrado un ministro o un vicepresidente. Este es un traidor a quien queremos que se investigue”.

Ferrés y Garcé no confirmaron si asistirán al Parlamento, en caso de que se apruebe el llamado.

Preocupación

El caso de Astesiano ocupó buena parte de la agenda de la orgánica de la fuerza opositora ayer. Tanto el Secretariado Ejecutivo como la Mesa Política se concentraron en el análisis de este tema, además de estudiar los resultados primarios de la primera vuelta electoral en Brasil.

Según las fuentes partidarias consultadas por El País, el FA optó por actuar con “cautela”, esperando a que la Justicia avance para luego definir cómo plantarse como oposición.

Un integrante del Secretariado Ejecutivo señaló que están en juego cuestiones profundas como los vínculos diplomáticos -teniendo en cuenta las tensiones entre potencias como Rusia y Estados Unidos- y la credibilidad institucional de Uruguay.

Liderados por el presidente Fernando Pereira, los integrantes de este organismo partidario intercambiaron al mediodía sobre la “preocupación institucional” por el caso Astesiano.

A partir de las declaraciones del primer mandatario, el Secretariado Ejecutivo se preguntó por qué “no sonaron las alarmas antes”. Un dirigente apuntó que para el FA la preocupación sería “aún mayor” si el presidente efectivamente desconocía los antecedentes de Astesiano y “se sorprendió” al leerlos, que si estuviera al tanto desde el principio.

Amarilla niega que conociera antecedentes del excustodio

El subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, negó a El País que conociera los antecedentes de Astesiano, como planteó el dirigente de Rivera Roberto Araújo, quien fue su primer suplente en la Cámara de Representantes en el período legislativo 2010-2015.

Luego de pedirle a Lacalle Pou en una publicación de Facebook que “no se haga el desentendido”, Araújo aseguró a El País que en 2009 le notificó a Amarilla sobre el “perfil” de Astesiano.

Para ese entonces, según la versión de Araújo, la Lista 15 de Amarilla había conformado una alianza con el Movimiento Orejano, representado por la Lista 1904, a la que el excustodio se había acercado. Astesiano se había mudado recientemente con su familia a Rivera, donde dirigía un kiosko céntrico y vivía en una casa cerca de la terminal de ómnibus.

Según Araújo, en una oportunidad el excustodio fue detenido junto a un compañero de la agrupación en Tres Cruces y conducido a una seccional. El dirigente sostuvo que Amarilla, que es abogado, fue notificado entonces.

¿Se puede prescindir del jefe de la custodia?

El presidente confirmó que no repondrá el lugar de Astesiano luego de haberlo cesado. Esta decisión fue cuestionada por dirigentes de la oposición, que plantearon que no es posible dejar vacante el cargo de jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, un organismo creado a partir de la Ley de Presupuesto de 2005, reglamentado al año siguiente vía decreto. Sin embargo, fuentes vinculadas a la segunda administración de Tabaré Vázquez plantearon que hay margen legal para redistribuir las tareas.

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