Redacción El País
El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, planteó en el Parlamento algunos de los desafíos y problemas que puede plantear la puesta en práctica el proyecto de ley que propone reconocer el derecho a la observancia de las festividades de "religiones minoritarias". La iniciativa, presentada en 2020 por la senadora nacionalista Carmen Asiaín, establece que, vía feriados, personas de todas las religiones puedan recordar sus fechas especiales.

En el caso del ámbito laboral, se plantea que el empleador acuerde con el trabajador para que pueda tomarse ese día y que lo pueda hacer compensándolo o descontándolo de su licencia o con horas extras.

Ante la Comisión de Población y Desarrollo, Da Silveira consideró que el proyecto pretende encarar un "problema real": todas las sociedades se han construido sobre la base de tradiciones religiosas implícitas, dijo y puso como ejemplo que ningún cristiano deberá enfrentarse al problema de que le pongan un examen un 25 de diciembre. Pero no ocurre lo mismo, agregó, con otras tradiciones minoritarias.

En ese sentido, el ministro estimó pertinente la discusión, pero marcó ciertos puntos de la iniciativa que le "preocupan un poco" y no tiene "claro cómo se pueden manejar". En particular, con la propia definición que el proyecto hace de "grupo religioso". Sobre todo, qué significa y cuáles son sus límites. Eso no sería problema, explicó, en religiones como la católica, la luterana o la judía, en donde "se sabe a quién recurrir para definir criterios o establecer vínculos". Otra realidad la representan los grupos afrobrasileños, una "miríada" de pequeñas agrupaciones que "no siempre cumplen los mismos ritos, están en línea u obeceden lo que hagan otros".

Para Da Silveira esto puede generar algunas dificultades prácticas y plantea el riesgo de algunos abusos. "Porque si me presento ante mi empleador y le digo que pertenezco a una iglesia que tiene un único integrante, que soy yo, y que dice que debo respetar los preceptos de no trabajar o celebrar las festividades de todas las religiones que existen en el planeta, tendrían que darme una cantidad grande de días libres o, si estudio, podría faltar a clases o a dar exámenes", dijo. La "solución fácil", dijo, sería atender solo la posición de las iglesias institucionalizadas, con el problema de que sería una discriminación hacia las otras.

Da Silveira dijo que preocupa especialmente el mandato que el proyecto le da al ministerio de elaborar un registro de confesiones religiosas. "No tenemos problema en hacerlo, pero precisamos criterios", señaló. Advirtió que, de lo contrario, se terminarán tomando decisiones totalmente arbitrarias y, una vez más, discriminatorias. "¿Por qué me van a inscribir si soy metodista pero no me inscriben si soy boy scout?", insistió.

A diferencia de lo que sucede en otros países, en Uruguay no existe una figura jurídica que identifique a las organizaciones religiosas. Lo que hay es un régimen de asociaciones civiles, a que las iglesias y movimientos no están obligados a inscribirse.

Una resolución de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) de 2009 establece que no se computen hasta cuatro faltas por año lectivo a los estudiantes si están motivadas por razones religiosas. También que no se fijen escritos o pruebas en los días en que uno o más alumnos hayan solicitado exoneración por este motivo, y la misma haya sido aceptada. Los que, por motivos religiosos, prefieran no asistir a clase los sábados, tendrán prioridad para ser inscriptos en centros en los que no se impartan clases ese día.

Según Da Silveira, esto no es lo que pasa en la Universidad de la República. Allí el ministro citó dos resoluciones del Consejo Directivo Central (CDC) que, dijo, recibió esta clase de planteos y que, "en nombre de la laicidad", los rechazó. "Si un examen se pone en el Día del Perdón o en el Año Nuevo judío, mala suerte", explicó. "En el momento en que se aprobó esa norma se generaron varios reclamos por parte de la comunidad judía, diciendo que es un acto discriminatorio", agregó.

Da Silveira insistió: de esta discusión surgen con claridad los dos riesgos que hay: el del abuso por parte de particulares y el del abuso por parte del Estado, por la vía de discriminar entre religiones o por inmiscuirse demasiado en la vida privada de la gente. Tomando en cuenta esos riesgos, afirmó, hay un largo camino por explorar.