PARLAMENTO

Bancada analiza cambios al proyecto del Tabaré Vázquez.

El proyecto de ley del Ejecutivo que modifica el Código del Proceso Penal y establece como regla la prisión preventiva para una serie de delitos considerados "menores" es cuestionado a la interna del Frente Amplio. La bancada analiza cambios para que los ilícitos a los que les corresponda pena de prisión, y no de penitenciaría, sean excluidos de la iniciativa.

El artículo seis del proyecto es por lejos es el más discutido a la interna. Establece la "prisión preventiva preceptiva" para los reincidentes en un número significativo de delitos, que incluyen desde el hurto agravado hasta los vinculados a estupefacientes. Dentro de la bancada se plantea retirar de la lista al hurto y algunos delitos de lesiones, pero mantener otros considerados más graves como rapiña y violación.

El sector Casa Grande, que lidera la senadora Constanza Moreira, se paró firme en este tema y es uno de los que se animó a salir al cruce de la iniciativa, que también tiene algunas resistencias de otros sectores como el Partido Socialista.

"El proyecto que viene a modificar el Nuevo Código del Proceso Penal, es ampliamente cuestionable. De alguna manera marca un retroceso con respecto a los avances alcanzados con el nuevo Código", señalaron desde el sector de la senadora Moreira a El País.

Allí sostienen que "después de mucho trabajo" se logró alcanzar un proceso penal acusatorio, con amplias garantías procesales, donde se protege el principio de inocencia y se fija la prisión preventiva con carácter excepcional bajo el cumplimiento de ciertos requisitos. "El proyecto que se comienza a tratar no comulga con este espíritu", acotan.

Fuentes de la bancada señalaron que a partir de opiniones de operadores judiciales hay temor de que esta nueva definición respecto a la prisión preventiva pueda ser inconstitucional. Se entiende que contradice al artículo 27 de la Carta Magna, que establece que "en cualquier estado de una causa criminal, de que no haya de resultar pena de penitenciaría, los jueces podrán poner al acusado en libertad, dando fianza según la ley".

Para Casa Grande, establecer la prisión preventiva de forma preceptiva, "no solo es inconstitucional, lo que fue reconocido por muchísimos operadores judiciales, sino que va en contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos".

"La prisión preventiva es un instituto de naturaleza cautelar, que se utiliza para garantizar el proceso judicial cuando este está en riesgo. Su establecimiento de forma preceptiva para un número de delitos co-mo se plantea, es inconstitucional, y de ser aprobado puede causar un detenimiento en el debido funcionamiento de la justicia penal", alertaron desde el sector de Moreira.

Una apreciación similar hace el sector para la restricción de las libertades anticipadas para reiterantes y reincidentes manteniendo la lógica de la ley 19.446, aprobada en el año 2016, por la cual ya se han realizado demandas de inconstitucionalidad.

En el 2017 la Suprema Corte dictó una sentencia de inconstitucionalidad ante el artículo 1° de la ley 19.446, por considerar que la misma vulnera los principios de no retroactividad de la ley menos benigna. Esto significa que "no se puede imponer pena más grave que la aplicable al momento de comisión del delito". El sector de Moreira cuestiona la restricción de las libertades anticipadas, al advertir que el desestímulo que esto significa para el proceso abreviado, podría llevar a un "colapso" en la Justicia debido a que son muchos los conflictos que se resuelven por esta vía y de forma más ágil.

Dadas estas diferencias a la interna de la coalición, la bancada resolvió el pasado lunes postergar el tratamiento del proyecto de ley previsto para ayer en la Comisión de Constitución y Códigos.

Para eso se acordó que las modificaciones a la norma (remitidas por el presidente Tabaré Vázquez) sean abordadas en el marco de una comisión bicameral del Frente Amplio. La fecha que se fijó para la votación en la Cámara de Senadores es el próximo 16 de junio.